“El Mencho”, Rocha Moya y el impacto a la estructura de Los Chapitos, según EU

Los 66 días que sacudieron la estructura del narco en México.

EMEEQUIS.– Desde la perspectiva de Estados Unidos, en menos de dos meses, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Los Chapitos, fue impactada a través de dos de sus principales frentes: la alianza que tienen con la estructura criminal más importante en México, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, y el golpe a una estructura política que presuntamente los protege, con la imputación en contra del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya.

Entre el asesinato del “El Mencho”, líder del CJNG, el 22 de febrero de 2026, y la acusación formal del 29 de abril, por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios estatales, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez, por presunta protección al clan Guzmán, pasaron 66 días. 

En este periodo, Los Chapitos intentaban reagruparse tras la caída de su principal aliado, con quien establecieron pactos no sólo en rutas para el trasiego, sino que se había sumado con un grupo armado especial a la guerra que los hijos del “Chapo” libran en Sinaloa contra La Mayiza, liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco” tras el secuestro y posterior arresto de Ismael “El Mayo” Zambada.

Desde que “El Mayo” fue entregado el 25 de julio de 2024, tras una presunta traición por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien lo habría engañado para acudir a una reunión, lo secuestró y lo trasladó en un avión privado hacia Estados Unidos, donde fue detenido en El Paso Texas, Los Chapitos y La Mayiza se enfrentan en una guerra que no ha cesado, con balas en plazas, mineros secuestrados supuestamente por error, desaparecidos y ejecuciones diarias.

El pacto de los hijos de Guzmán Loera con el CJNG había avivado el fuego de esta guerra fratricida. Para ello, un grupo de élite ingresó al combate: un híbrido entre dos fuerzas: IA-FEM: “Iván Archivaldo con Fuerzas Especiales Mencho”. Esta guardia armada recrudeció la violencia a través del asesinato, tortura, secuestro, intimidación a “civiles, funcionarios y periodistas”, con base en análisis de seguridad del gobierno de Estados Unidos.

La Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ubicó desde 2025 que además del narcotráfico, la facción de Los Chapitos participaba en otros delitos como el lavado de dinero, la extorsión, el robo de petróleo y de recursos naturales; el tráfico de armas y de personas, así como la prostitución y el comercio ilegal de vida silvestre, y que los operaba y se había fortalecido a través de la alianza con el CJNG.

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Con base en los análisis de inteligencia nacional y estadounidense, en los últimos años el Cártel de Sinaloa había entrado a la disputa por los ductos, lo que había incrementado el fuego cruzado y las rivalidades locales, pero también lo había conseguido a través del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, el robo de hidrocarburo era un delito que controlaban el Cártel del Golfo y sus escisiones, así como los grupos que surgieron de la fragmentación de Los Zetas, más el CJNG y organizaciones que surgieron con el control local de ductos en territorios específicos, como el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato.

El abatimiento del “Mencho” durante un operativo federal llevado a cabo por el Ejército Mexicano en una zona serrana del municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, favoreció a La Mayiza y al Cártel del Golfo; este último, había intentado desde meses antes sacar a las células del Cártel Jalisco que habían ingresado a Tamaulipas para tomar la plaza. Contrario a ello, el deceso de Nemesio, quien durante 17 años lideró al CJNG, afectó a Los Chapitos y a la Nueva Familia Michoacana, que en el oriente de Michoacán también tenía una alianza con el cártel de las cuatro letras, de acuerdo con análisis sobre el comportamiento delictivo consultados.

ACUSACIONES INTERRUMPEN REAGRUPAMIENTO

Cuando el clan Guzmán se reagrupaba, tratando de mantener las alianzas y reposicionarse territorialmente, ocurrió la acusación del Distrito Sur de Nueva York contra el entonces gobernador en funciones Rubén Rocha Moya, por los supuestos delitos de conspiración para importar narcóticos –específicamente fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los Estados Unidos–; posesión y conspiración para poseer armas de fuego –se mencionan ametralladoras y dispositivos destructivos–, así como corrupción y sobornos, pues según las autoridades estadounidenses el exmandatario morenista habría recibido recursos y apoyo político de Los Chapitos a cambio de protección e impunidad

Un día antes a la presentación de cargos, Audias Flores Silva, “El Jardinero”, presunto líder de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación y señalado como uno de los principales sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, fue detenido en Nayarit.

El golpe fue importante para los hijos de Joaquín Guzmán Loera, debido a que bajo el liderazgo de Flores Silva se habría concretado la alianza estratégica entre el CJNG y Los Chapitos, pues “El Jardinero” es visto por inteligencia federal como negociador clave de este pacto, además de haber brindado seguridad directamente a Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Audias fue localizado en un mirador y detenido mientras intentaba ocultarse en un ducto de desagüe o alcantarilla. Contaba con un anillo de seguridad de 60 hombres, quienes fueron neutralizados sin bajas registradas, según la narración del gobierno federal. Tras su captura se reportaron bloqueos carreteros e incendios de vehículos y comercios en al menos 20 municipios de Nayarit por parte de integrantes del cártel.

Para el gobierno federal, Flores Silva no sólo es considerado el encargado de las operaciones del CJNG en Nayarit y partes de Jalisco, sino una figura clave en la estructura de seguridad y logística de la organización, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares.

En su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas (NDTA) 2025, la DEA anticipaba que el CJNG podría capitalizar el conflicto entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, aliándose con los segundos para expandir los territorios, recursos y poder de fuego, lo cual ocurrió. Sin embargo, la caída del “Mencho” y la reciente captura del “Jardinero” afectan ese pacto y la guerra en curso en el norte del país.

La Mayiza, en tanto, se ha aliado con figuras como el “Chapo Isidro” y el Cártel de Guasave para confrontar al clan Guzmán, así como con el Cártel del Noreste.

Mientras esto sucede, desde septiembre de 2024 las balas cruzan calles y sierras en Sinaloa, con ejecuciones en plazas públicas, secuestros de mineros supuestamente confundidos con rivales, desapariciones y un conteo de miles de muertos que ha convertido el estado en un campo de trincheras urbanas.

Y aunque las diferencias internas en la otrora organización criminal más importante del país se habían dado desde la detención del “Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos en 2017, por la lucha del poder en el CDS, la escalada de la violencia tuvo su punto máximo con la disputa entre Los Mayos y Los Chapitos, que ha incluido tiroteos y ataques contra la población civil, lo cual también ha generado un clima de miedo e inseguridad, de acuerdo con periodistas locales.

Con este escenario, para Estados Unidos las acusaciones contra Rubén Rocha Moya representan un golpe a estructura política y a la presunta red de protección de los hijos de Joaquín Guzmpan Loera, pues aseguran que el mandatario con licencia asistió a múltiples reuniones con líderes delictivos antes y después de asumir la gubernatura, para pactar el apoyo a las operaciones del cártel; asimismo, afirman que Los Chapitos influyeron en su elección mediante secuestros y presiones a la población para garantizar su victoria.

Entre los funcionarios señalados también se encuentran figuras como el senador Enrique Inzuza Cázarez y el exsecretario de administración Enrique Díaz Vega, quienes enfrentan cargos similares que podrían derivar en cadena perpetua. Además, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien se separó del cargo como alcalde de Culiacán tras una solicitud de licencia temporal para atender las investigaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, igualmente por presunta protección al narcotráfico.

Tras la acusación en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no protegería a nadie, pero exigió pruebas contundentes antes de actuar, además de sugerir que, de no haberlas, se trataría de un asunto político. En tanto, los gobernadores del mismo signo político que Rocha Moya, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), respaldaron a su coterráneo, a quien describieron como una persona con “probidad acreditada, vocación de servicio y una carrera de más de tres décadas en el ámbito público”.

Mientras tanto, el gobierno de Sinaloa quedó desde el 2 de mayo bajo el mando interino de Yeraldine Bonilla Valverde, parte del grupo político de Rocha Moya y una de las más cercanas al recién acusado en Estados Unidos de posible protección al narcotráfico.  

@axelchl