El gobierno mexicano asegura que el contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Buenos Aires por una red de huachicol fiscal, será trasladado a México en los próximos días, una versión rechazada rotundamente por su defensa, la cual sostiene que el exmarino permanece en prisión preventiva a la espera de una audiencia de extradición a finales de agosto y enfrenta un proceso adicional por uso de pasaporte falso; en tanto, el caso mantiene alta tensión política al revelarse expedientes que involucran declaraciones sobre "el hijo del Presidente" y un supuesto pacto de protección, señalamientos que la FGR ha desestimado por falta de pruebas, mientras que el propio exmarino busca evitar su retorno argumentando temer por su vida
La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en una defensa frontal de Andrés Manuel López Beltrán tras la revocación de su visa estadounidense, la cual calificó como un acto de evidente injerencia política al carecer de sustento probatorio ante las instituciones mexicanas y exigir la misma reciprocidad de pruebas que Washington demanda en casos de extradición, reprochando además que la narrativa opositora ignore el trabajo profundo y los resultados contundentes de su administración contra el huachicol fiscal; en tanto, la mandataria respaldó el deslinde de la Fiscalía General de la República (FGR) al reiterar que no existen indicios formales ni elementos sólidos contra el exdirigente partidista, un caso que mantiene alta tensión nacional tras las filtraciones de la defensa en el noticiero de Azucena Uresti y la tramitación de amparos federales para frenar cualquier intento de captura
La difusión de una lista de presuntos "desinformadores" por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cruza la línea entre la legítima réplica gubernamental y el señalamiento desde el poder. Al identificar y exponer públicamente a periodistas y ciudadanos críticos, el Estado vulnera la protección de datos personales, intimida el ejercicio periodístico y atenta contra los límites constitucionales, transformando la crítica legítima en un blanco institucional que amenaza la libertad de expresión y la democracia. La opinión de @JulietDelrio
El gobierno mexicano asegura que el contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Buenos Aires por una red de huachicol fiscal, será trasladado a México en los próximos días, una versión rechazada rotundamente por su defensa, la cual sostiene que el exmarino permanece en prisión preventiva a la espera de una audiencia de extradición a finales de agosto y enfrenta un proceso adicional por uso de pasaporte falso; en tanto, el caso mantiene alta tensión política al revelarse expedientes que involucran declaraciones sobre "el hijo del Presidente" y un supuesto pacto de protección, señalamientos que la FGR ha desestimado por falta de pruebas, mientras que el propio exmarino busca evitar su retorno argumentando temer por su vida
Blinda Sheinbaum a Rocha Moya con escoltas y moviliza a Harfuch a Sinaloa
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno Federal proporciona protección activa mediante escoltas de la Guardia Nacional a Rubén Rocha Moya tras realizar un análisis de riesgo por su condición de gobernador con licencia. Al mismo tiempo, Sheinbaum rechazó la solicitud de detención provisional emitida por una "oficina" del Departamento de Justicia de EE. UU. contra Rocha y otros nueve ciudadanos, calificándola como un acto de injerencia que violó la confidencialidad para alimentar campañas mediáticas de la "derecha internacional". En el ámbito técnico, la consejera jurídica Luisa Alcalde precisó que la solicitud carece de pruebas que acrediten la urgencia procesal bajo el Tratado de Extradición, por lo que el Estado mexicano no procederá ante un juez hasta que Washington aporte los elementos necesarios que sustenten legalmente la petición
El gobierno mexicano asegura que el contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Buenos Aires por una red de huachicol fiscal, será trasladado a México en los próximos días, una versión rechazada rotundamente por su defensa, la cual sostiene que el exmarino permanece en prisión preventiva a la espera de una audiencia de extradición a finales de agosto y enfrenta un proceso adicional por uso de pasaporte falso; en tanto, el caso mantiene alta tensión política al revelarse expedientes que involucran declaraciones sobre "el hijo del Presidente" y un supuesto pacto de protección, señalamientos que la FGR ha desestimado por falta de pruebas, mientras que el propio exmarino busca evitar su retorno argumentando temer por su vida
EMEEQUIS.– En una conferencia de prensa marcada por la confrontación de narrativas y una notable dispersión de temas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó una postura de resistencia frente a las recientes acciones de lo que calificó como una “oficina” del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El encuentro sirvió para informar que el Gabinete de Seguridad asistirá a Sinaloa para coordinarse con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.
Sobre la integridad física del mandatario con licencia, Sheinbaum confirmó que el Estado le proporciona protección activa mediante escoltas de la Guardia Nacional tras realizar un análisis de riesgo. La presidenta explicó detalladamente el criterio para otorgar dicha seguridad:
“Sí, normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, un gobernador con licencia de cualquier estado, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad, y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio Gabinete“.
EL “DILEMA” DE LOS COMENTÓCRATAS Y UN HECHO INÉDITO EN LA HISTORIA
La mandataria arremetió contra la narrativa mediática que sugiere que su administración se encuentra acorralada entre la entrega de sus correligionarios o una crisis internacional. Sheinbaum calificó estas interpretaciones como parte de una campaña orquestada por adversarios políticos y figuras de los medios de comunicación.
“Se ve en una campaña en los medios, en las redes, promovida principalmente por algunos medios que siempre van a hablar mal de nosotros y de la derecha mexicana, de los adversarios políticos. Y los comentócratas y los medios, no todos, algunos, y la derecha internacional, el gobierno de México, tiene nexos con el narcotráfico, como lo habíamos dicho desde hace tiempo. ¿Quién más?
“La Presidenta está en un terrible dilema. O entrega a Rocha o a la invasión. Ah, bueno, cálmense, tranquilos. Por favor. La Presidenta está en un terrible dilema. O cubre a los gobernadores de Morena o entrega a Rocha“.
Asimismo, subrayó la excepcionalidad de la situación, destacando que no existen registros de un intento de aprehensión de esta naturaleza contra un mandatario en funciones en el pasado del país.
“Nunca en la historia, nunca habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador en función. Nunca. ¿Qué me corresponde? La soberanía. La soberanía. Justicia. Pues yo decía verdad, justicia y soberanía“.
MINIMIZACIÓN DE LA SOLICITUD Y CRÍTICA AL INJERENCISMO
La mandataria cuestionó severamente la legitimidad y la jerarquía de la petición internacional, reduciéndola a un trámite impulsado por una instancia local en Nueva York. Sheinbaum enfatizó que el proceso carece de sustento probatorio inmediato, centrando su defensa en la falta de evidencias sobre la supuesta “urgencia” de las capturas de 10 ciudadanos mexicanos.
“¿Qué hacemos nosotros? Como marca la ley… le digo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pide opinión de la Fiscalía General de la República, para ver si hay pruebas de la urgencia de una detención provisional. ¿Quién está pidiendo?
“Porque también hay que ver, porque no todo es lo mismo allá. ¿Es una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de Nueva York, una oficina de Nueva York, que está pidiendo la detención urgente, urgente, con motivos de extradición de 10 ciudadanos mexicanos?“.
Reafirmó que México no aceptará una relación de subordinación, denunciando además la violación a la confidencialidad del proceso para fines de impacto periodístico:
“Explicarle a todas las autoridades del gobierno de Estados Unidos, que no somos protectorado de Estados Unidos, que no somos colonia de Estados Unidos, que somos un país libre y soberano, y nos entendemos como iguales. Pero esta cosa, además, violando la confidencialidad. ¿Qué objetivo tenía? Sacarlo a ocho columnas“.
EXPLICACIÓN DEL MOMENTO PROCESAL: LA POSTURA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
La nueva consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, detalló el estado técnico del caso y cuestionó la urgencia de Estados Unidos para detener a Rocha Moya. Explicó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición, regulada en el artículo 11 del Tratado de Extradición, no se justifica en este momento procesal ante la falta de elementos que acrediten un riesgo de sustracción o de obstaculización del proceso.
“Lo que se solicita es la detención provisional con fines de extradición y si esta se encuentra fundada, entonces se procede a la detención y se abre un plazo de 60 días para entonces sí poder formalmente presentar la solicitud formal de extradición. ¿Qué sucede en este caso?
“En este caso, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presenta una solicitud formal de extradición. Lo que presentó fue una solicitud de detención provisional con fines de extradición… necesita anexar elementos de prueba para establecer la urgencia“.
La consejera concluyó que, dado que la FGR determinó que no se aportó ninguna prueba que acredite la urgencia, la SRE debe pedir información adicional al país requiriente antes de poder presentar el caso ante un juez de control mexicano, quien es el único facultado para determinar la medida cautelar.
Seguridad para Rocha Moya: El gobernador con licencia cuenta con protección de la Guardia Nacional tras una solicitud formal y un análisis de riesgo realizado por el Gabinete de Seguridad.
Rechazo al “Dilema” Mediático: La presidenta descalificó las versiones de que se encuentra forzada a “entregar” gobernadores, calificando estas ideas como presiones de la “derecha internacional”.
Hecho Inédito: Sheinbaum destacó que nunca en la historia de México se había solicitado con urgencia la aprehensión de un gobernador en funciones desde el extranjero.
Cuestionamiento a la Urgencia: El Gobierno de México sostiene que la oficina de Nueva York no ha aportado pruebas suficientes que justifiquen una detención provisional inmediata bajo el Tratado de Extradición.
Defensa de la Soberanía: Se enfatizó que México no es colonia ni protectorado de EE. UU. y que se debe actuar con apego a la verdad y la justicia soberana.
Falta de Fundamentación: La FGR dictaminó que la solicitud estadounidense no cuenta con los elementos necesarios para acreditar la urgencia procesal de las detenciones solicitadas.
Violación de Confidencialidad: El Ejecutivo acusó que se rompió el sigilo del proceso judicial con el único fin de generar escándalos mediáticos de “ocho columnas”.
El gobierno mexicano asegura que el contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Buenos Aires por una red de huachicol fiscal, será trasladado a México en los próximos días, una versión rechazada rotundamente por su defensa, la cual sostiene que el exmarino permanece en prisión preventiva a la espera de una audiencia de extradición a finales de agosto y enfrenta un proceso adicional por uso de pasaporte falso; en tanto, el caso mantiene alta tensión política al revelarse expedientes que involucran declaraciones sobre "el hijo del Presidente" y un supuesto pacto de protección, señalamientos que la FGR ha desestimado por falta de pruebas, mientras que el propio exmarino busca evitar su retorno argumentando temer por su vida
La caída histórica en las cifras de homicidios dolosos celebrada por el gobierno federal y los estados merece un análisis más profundo y menos triunfalismo político, advierte el autor, quien señala que una reducción estadística no equivale a derrotar la impunidad; detrás de este descenso podrían operar factores como la presión de la administración de Donald Trump contra los carteles, un reacomodo interno de las organizaciones criminales o la simple disciplina de grupos delictivos para evitar operativos, todo ello sumado a posibles discrepancias metodológicas entre las fiscalías y el INEGI que exigen prudencia antes de presumir resultados operativos definitivos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en una defensa frontal de Andrés Manuel López Beltrán tras la revocación de su visa estadounidense, la cual calificó como un acto de evidente injerencia política al carecer de sustento probatorio ante las instituciones mexicanas y exigir la misma reciprocidad de pruebas que Washington demanda en casos de extradición, reprochando además que la narrativa opositora ignore el trabajo profundo y los resultados contundentes de su administración contra el huachicol fiscal; en tanto, la mandataria respaldó el deslinde de la Fiscalía General de la República (FGR) al reiterar que no existen indicios formales ni elementos sólidos contra el exdirigente partidista, un caso que mantiene alta tensión nacional tras las filtraciones de la defensa en el noticiero de Azucena Uresti y la tramitación de amparos federales para frenar cualquier intento de captura
La difusión de una lista de presuntos "desinformadores" por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cruza la línea entre la legítima réplica gubernamental y el señalamiento desde el poder. Al identificar y exponer públicamente a periodistas y ciudadanos críticos, el Estado vulnera la protección de datos personales, intimida el ejercicio periodístico y atenta contra los límites constitucionales, transformando la crítica legítima en un blanco institucional que amenaza la libertad de expresión y la democracia. La opinión de @JulietDelrio
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