Cheques del Senado a Inzunza pondrían a Banorte y BBVA en condición violatoria a bloqueo de UIF: expertos

Posibles prácticas indebidas.

EMEEQUIS.― Los cheques expedidos por la Dirección General de Pagos de la Tesorería del Senado de la República y pagados por Grupo Banorte y BBVA México para cubrir el sueldo del legislador Enrique Inzunza Cázarez, podrían ser objeto de multas de hasta el 100% de las operaciones relacionadas, de acuerdo con expertos.

Como lo informó EMEEQUIS, Inzunza Cázarez se encuentra en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde mayo, tras los cargos de narcotráfico presentados en contra del legislador sinaloense por el gobierno de Estados Unidos en un tribunal de Nueva York. 

Notifica UIF a bancos congelamiento de cuentas de Rocha e hijos, Inzunza y otros implicados

El economista Mario di Costanzo, exdirector de la Comisión Nacional para Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dice a EMEEQUIS que cualquier operación con personas físicas y morales que aparezcan en la LPB está prohibida para las instituciones de crédito.

Descarta también que el pago de la dieta legislativa del senador morenista, quien se encuentra en la LPB desde mayo, pueda cubrirse con un cheque al portador sin violar el espíritu de la ley: “En todo caso tendría que ser en efectivo. Además el cheque al portador tiene un límite”.

Consultado al respecto, el abogado especialista en amparo con práctica en derecho empresarial, Ricardo Vázquez Contreras, remitió al Artículo 115 de Ley de Instituciones de Crédito, que prevé: “Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una Lista de Personas Bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. (…)”.

El mismo artículo establece, para quienes violen dicho ordenamiento, “multa equivalente del 10% al 100% del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas”. 

EMEEQUIS solicitó postura a Grupo Financiero Banorte y a BBVA México al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Ricardo Vázquez Contreras.

LOS CHEQUES 

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos difundió que había presentado cargos contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y contra otros nueve funcionarios sinaloenses, por “conspiración con el Cártel de Sinaloa” para introducir droga la unión americana, y otras actividades de corrupción y crimen organizado.

Prácticamente de inmediato, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de los señalados, entre ellos las del senador Enrique Inzunza Cázarez. El 2 de junio, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, dijo desconocer la manera en que se estaba pagando el salario de Inzunza.

Pero el 8 de junio, el líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier, confirmó que el pago al sinaloense se efectuaba a través de cheque. “Por ley, es una obligación (cubrir el salario). Es responsabilidad de la Junta de Coordinación Política, en coordinación con la Mesa Directiva y el área administrativa de la cámara, que los apoyos económicos, las dietas de los senadores, no pueden ser violentados”. 

El 22 de junio, en respuesta a una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Dirección General de Pagos a Senadores, de la Tesorería de la Cámara de Senadores, difundió copia de dos de los cheques expedidos en favor de Inzunza: 

BBVA Bancomer:

Folio: 0000206 

Número de cuenta: 00126200249

Monto:  $ 66,452.00 (Sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos)

Fecha de expedición: 14 de mayo

Banorte

Número de cuenta: 1347261936

Folio: 0006511

Monto: $ 66,452.00 (Sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos)

Fecha de expedición: 28 de mayo de 2026

Los cheques de dos instituciones bancarias para Inzunza.

Mario di Costanzo observa que “la Ley Federal del Trabajo deja a salvo el salario, pero en el caso de personas bloqueadas, incluso por una cuestión de pulcritud del Senado, debería pagarle en efectivo, porque al momento de cobrar el cheque, ¿en qué banco lo cobras? Si lo cobras, en ese momento se convierte en una operación bancaria y la institución incurre en violación.

“Y más aún porque el cheque tiene que ser ‘nominativo’, ya que no se hacen cheques de ese monto ‘al portador’. De hecho el Senado está metiendo en un problema a la institución bancaria, sea cual sea esta última”.

El abogado Vázquez Contreras coincide con Di Costanzo en que las instituciones bancarias son las que al final de cuentas podrían incurrir en “prácticas indebidas”, ya sea al abrir cuentas a personas que figuran en la LPB o realizar operaciones con las mismas.

Explica que en los 10 días posteriores a la emisión del congelamiento de las cuentas, las personas o entidades afectadas pueden “ofrecer elementos de prueba sobre el origen del dinero con que operan, ya que la imputación consiste en operaciones de procedencia ilícita”. La UIF analiza los elementos “y si los considera suficientes y bien materializados, puede levantar la inmovilización de cuentas; de lo contrario, ellos tendrían que acudir a un juicio de amparo, que puede llevarse a la par (con el caso) del procesamiento principal en este tipo de delitos, es decir, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales”.

Además, el artículo 129 de la Ley de Amparo establece que no procede la suspensión de medidas de la autoridad cuando “se permita la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas relacionadas que pudieran dañar al sistema financiero, en los términos de las leyes vigentes”.

Por otro lado, el mismo ordenamiento dicta que “el órgano jurisdiccional, en todo caso, dejará a salvo los recursos necesarios para el pago de salarios u otro tipo de obligaciones contraídas con trabajadores, de alimentos decretados por autoridad competente, o bien, para asegurar la subsistencia de la persona física titular de la cuenta y de sus acreedores alimentarios, así como de créditos fiscales o hipotecarios para vivienda de uso propio, mientras se resuelve el juicio de amparo; supuestos que deberán quedar acreditados”. 

En el caso en cuestión no se ha ventilado una resolución semejante.

“Inmovilización preventiva”, llama la UIF a bloqueos revelados por EMEEQUIS

“CONSPIRACIÓN CRIMINAL”

Enrique Inzunza Cázarez fue el coordinador de la campaña de Rubén Rocha Moya por la gubernatura de Sinaloa en 2021. La diputada local, Paola Gárate, ha señalado a Inzunza de ser el principal operador de la “narco – elección” de ese año, así como del secuestro del que la legisladora fue víctima en víspera de la elección de ese año.

De hecho, existen denuncias formales contra Rocha e Inzunza, ante tribunales electorales, por secuestros y asesinatos contra miembros de las estructuras electorales de adversarios políticos del oficialismo, perpetrados por miembros del crimen organizado pero a sugerencia del grupo rochista.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento del Justicia de los Estados Unidos el 29 de abril, las acusaciones contra Izunza consisten en “conspiración para el tráfico de narcóticos”,”conspiración para el tráfico de armas y artefactos explosivos”, y  “posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos”. El gobierno estadounidense pide una condena “mínima obligatoria de 40 años de prisión” a “cadena perpetua” para el sinaloense.

Después de que, en las semanas posteriores a la difusión de la noticia sobre la causa contra políticos sinaloenses en tribunales de los Estados Unidos, la diputada Paola Gárate denunció en medios detalles sobre su secuestro y la operación rochista de 2021, manos anónimas dejaron en la puerta del domicilio de la legisladora una corona fúnebre, lo que ha sido interpretado como una amenaza..

BANCA MEXICANA ALERTÓ A EU SOBRE FUNCIONARIOS DE SINALOA

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum y otros miembros de la cúpula morenista han pedido pruebas sobre las imputaciones al exgobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses, instituciones de crédito con operación en México proveyeron información que alertó al gobierno de EU  

Así lo admitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) an anunciar, en su Comunicado No. 39 del 18 de mayo de 2026:

“Los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.

Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”.

Inzunza reapareció de forma virtual (por videoconferencia) el 25 de junio de 2026 en una sesión de la Comisión de Justicia del Senado. No asistió presencialmente. 

Hasta la fecha más reciente, no se ha presentado físicamente al Senado. Sigue participando de manera remota o ausente en muchas sesiones.

@estedavid