La delgada línea roja: agentes de la CIA y un posible juicio político contra Maru Campos

Maru Campos con la fiscal Wendy Paola Chávez, quien está investigando lo ocurrido en el operativo antidrogas tras el cual murieron dos agentes de la CIA. Foto: Gobierno de Chihuahua.

EMEEQUIS.-– María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, no la tendrá fácil en su comparecencia ante el Senado, pues además de los discursos encendidos podría enfrentar graves problemas legales e incluso juicio político por el caso de los dos agentes de la CIA que murieron en su estado, según la abogada internacionalista, Cynthia Monroy Ortiz. 

En entrevista con EMEEQUIS, la experta opina: “La gobernadora Maru Campos ha declarado que dos agentes murieron sin que se tuviera conocimiento a nivel federal (de su estancia en el país), desde luego, más allá del contexto político, es totalmente ilegal, y no solamente ilegal, sino también inconstitucional”. 

“Tenemos un marco jurídico para temas de seguridad nacional muy definido, más que nada considerando la obligación que los gobiernos estatales tienen de integrarse a la seguridad nacional como uno de los activos más importantes del país”, agrega. 

Menciona que no son decisiones que la gobernadora pueda tomar por sí sola: “No sólo por un tema de voluntad política, sino porque la ley y la propia Constitución así lo establecen; tenemos una Ley de Seguridad Nacional que expresamente nos habla de cómo va a ser la participación de agentes extranjeros en suelo mexicano, cuál es el proceso, qué autoridades tienen competencia para poder autorizarlo”.

Ella explica que estas acciones incluso se pueden considerar “una amenaza a la seguridad (nacional)”. 

“(Hay) que voltear a ver a la Constitución, tener muy claro que el hecho de ser gobernadora no es un poder supremo para pasar por encima de la Constitución y las demás leyes de que ella emanen; en segundo lugar, ver también cuál es la legislación secundaria que deriva de la Constitución a partir de los principios de política exterior y de seguridad nacional”. 

MANTÉNGASE INFORMADO

Recibe nuestro boletín semanal

Si continúas, aceptas la política de privacidad

Esta legislación se encuentra en la Ley de Seguridad Nacional y la legislación en materia de cooperación internacional: “Sobre todo qué tratados podemos llegar a tener en estos temas de cooperación, y no sólo tratados, también instrumentos de cooperación interinstitucional que no tienen como tal el carácter de tratados, pero que siguen siendo un instrumento que permite la cooperación entre estados de manera bilateral o multilateral”. 

Monroy, quien en 2021 trabajó en la Cancillería en el área de tratados, explica: “(Los tratados) son documentos que son públicos, son documentos que se le tiene que dar vista incluso a cancillería para poder autorizarlos en la parte jurídica mexicana”. 

Explica que si hay una ley especial en la materia, no se puede alterar: “Aquí claramente tenemos una ley especial que es la Ley de Seguridad Nacional, que concretamente nos dice que en el marco de la operación internacional, todas las embajadas y misiones deben informar a todas las autoridades para poder decidir si van a aplicar algún convenio bilateral que les permita la incorporación de agentes extranjeros en suelo mexicano”. 

“Sumemos adicionalmente que ella tiene el carácter de servidora pública, entonces, por la parte penal tenemos que voltear a ver cuáles son las responsabilidades que como servidores públicos llegan a tener gobernadoras, gobernadores, el Poder Ejecutivo, Legislativo, y en ese sentido, ver hasta qué nivel comprometió al Estado mexicano, la soberanía del Estado mexicano, al permitir y no solo solo permitir, sino solicitar esta ayuda que no fue autorizada como debía de haber sido autorizada”. 

La experta aclara que puede haber agravantes en el caso por tratarse de elementos de la CIA: “Esto, de entrada, en término de la Ley de Seguridad Nacional, se considera una amenaza a la propia seguridad nacional del Estado mexicano, que ahí creo que es importante mencionar la diferencia entre seguridad nacional y seguridad interior”. 

“A nivel interior, la competente es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, incluso únicamente la puede tener a su cargo (también) el ejército o en todo caso de hablar de fronteras marítimas, la Marina; entonces, aquí, desde luego, va una agravante y entran en juego muchas cosas más allá de la seguridad, por ejemplo, el tema de la inteligencia”. 

En el marco jurídico mexicano hay algunas lagunas en ese tema: “Lo que sí está muy claro es que cuando estás infringiendo la ley y estás cayendo en un delito (…) puede haber intervención autorizada, espionaje, intervención de telecomunicaciones”. 

“Desde luego, la parte del espionaje, pero no sabemos con qué fin, no sabemos a quién, no sabemos si fue una afectación directa a la población, recordemos que en México para poder intervenir algún tipo de comunicación tiene que ser bajo orden judicial”. 

Monroy dice que no se sabe cuál era el alcance que la gobernadora Campos le permitió a estos agentes extranjeros: “No sabemos cuáles eran los acuerdos, no se puede descartar que derive en muchísimos delitos y por lo tanto, muchas agravantes como servidora pública”. 

Sobre si el congreso tiene facultades para llamar a declarar a Maru Campos, el tema depende del contexto: “Sería importante considerar la legislación estatal para ver cuáles son las facultades concretas, y si existe algún supuesto de pueda permitirle al congreso estatal solicitar su comparecencia (…) sobre sobre su legislación y los procesos que pueden llegar a a seguir en materia de juicio político”. 

“Al final, más allá de la responsabilidad administrativa como servidora pública, también Maru Campos puede llegar a ser acreedora de un juicio político, tanto a nivel estatal como a nivel federal, entonces, dependemos de la información que en posteriores días las autoridades nos puedan comentar”. 

Menciona que así se podrá conocer el alcance del asunto: “Que estos agentes han tenido y en función de eso determinar cuáles son las alternativas jurídicas con mayor probabilidad, para que la gobernadora pueda responder al pueblo, porque eso es lo que tiene que hacer”. 

Este lunes, un día antes de la comparecencia de Campos, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, dimitió, en medio del caso de los agentes de la CIA muertos en operativo: “Presento mi renuncia irrevocable”. Admitió que la información que dio en un principio sobre los agentes estadounidenses fue “inconsistente y ameritaba una investigación para conocer a detalle su participación”. 

Dicha investigación, llevada a cabo en una una “unidad especial” creada exprofeso por la gobernadora, a cargo de Wendy Paola Chávez, compartió ayer sus primeros hallazgos y todo indica que terminarán culpando al funcionario que resultó muerto en el accidente, Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en Chihuahua.

“La única interacción que las personas de origen extranjero tuvieron fue con el director y con el equipo de seguridad que lo resguardaba”, dijo Chávez.

Se tenía planeado que Campos acudiera acompañada del fiscal, lo cual ya no será posible por su renuncia, por lo que ahora irá en solitario. 

El senador Óscar Cantón Zetina prometió que habrá un clima de respeto, pero la mesa está puesta para que el rival político de la gobernadora, Javier Corral, saque de su ronco pecho un historial de acusaciones contra la gobernadora, a juzgar por sus mensajes en redes sociales.

“La lamentable tragedia que puso al descubierto la infiltración de agentes norteamericanos de la CIA en territorio nacional ha permitido conocer de cuerpo entero a quien hoy dice gobernar Chihuahua. Del silencio a la mentira y ahora a la burla. La forma en que @MaruCampos_G se mofa de la línea roja refleja el cinismo político donde ha caído su arrogancia pendenciera”, puso Corral, quien también fue gobernador panista de Chihuahua, aunque ahora porta la camiseta guinda del oficialismo.

Su comentario viene a colación por declaraciones previas realizadas este mismo lunes por la gobernadora, quien dijo en tono de broma, que otros catalogaron de burla, que tenía que interrumpir la plática con reporteros para contestar “el teléfono rojo”, en alusión a la queja de la presidenta Sheinbaum, quien en días pasados la buscó pero no se la pasaron. 

La presidenta Sheinbaum, quien le ha dedicado un tiempo considerable al caso en sus últimas mañaneras, seguramente estará pendiente del encuentro. Para ella no era necesaria la creación de una unidad investigadora, pues únicamente dos personas pudieron haber autorizado el ingreso de cuatro (como ayer reconoció la fiscal Wendy Paola Chávez) agentes de la CIA, dos de los cuales murieron en accidente: o la gobernadora o el fiscal. 

Sin embargo, cabe la posibilidad de que no acuda, como señala el periodista Ciro Gómez Leyva, a quien anoche le dijo que no irá porque no está obligada y ella sólo le rinde cuentas a sus gobernados.

[email protected]