Justicia le da la espalda a Indira, madre que lideró hallazgo del Rancho Izaguirre

El caso de Indira Navarro, madre buscadora y víctima de violencia extrema, revela la descomposición del sistema judicial en Guanajuato. Pese a que su agresor, un ex policía federal que le mutiló los dedos frente a sus hijos, enfrentaba cargos que podrían darle hasta 13 años de prisión, un juez reclasificó el delito a “lesiones simples” y le otorgó la suspensión condicional de la sentencia. El imputado quedará libre, sólo con seis meses de restricción y un pago unilateral que no cubre ni una fracción del daño.

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27 DE AGOSTO DE 2025
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EMEEQUIS.– Indira Navarro, líder de las madres buscadoras que descubrieron el Rancho Izaguirre del Cártel de Jalisco Nueva Generación, se enfrenta a la injusticia debido a un caso de violencia extrema que sufrió, y que sigue cargado de impunidad.

En abril de 2018, ella sufrió una agresión por parte de su pareja, Josué “N”, un entonces policía federal que le mutiló los dedos utilizando su arma de cargo, todo frente a sus hijos. Tras varios años de pelea judicial, este martes un Juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, Gilberto Chávez Gamiño, otorgó la suspensión de su sentencia en un caso lleno de irregularidades.

LIBERTAD AL AGRESOR

Con esta resolución, el violentador quedará en libertad y no tendrá que presentarse a firmar ante las autoridades, ya que sólo se le imputó el delito de lesiones simples. Además, sólo se le otorgaron seis meses de restricción en los cuales no podrá acercarse a la víctima. Después de ese tiempo, podrá volver a contactar a Indira Navarro. Por otro lado, deberá pagar $587 mil pesos, correspondientes a los gastos que ha realizado la madre buscadora por el caso, sin una multa o montos por daño moral y perjuicios.

EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA

En entrevista para EMEEQUIS, la activista expresó sus sentimientos sobre lo ocurrido: “Siento mucha decepción, impotencia… tuve que esperar ocho años para que volviera a reaparecer, a jalones y estirones”.

“Fue algo muy delicado… me impactó mi mano, dos dedos de mi mano derecha, delante de mis hijos. Eso es un agravante, porque fue mi pareja, mi esposo, servidor público en aquel entonces, Policía Federal, y lo hizo con su arma de cargo”.

Según los artículos de causa penal: “Esto daba hasta 13 años por las agravantes, con una media aritmética de seis años, lo cual no debería haberse suspendido… me decepcionó mucho saber que este Ministerio Público actual ni siquiera había leído mi carpeta”.

Para ella, “el sistema judicial va en decadencia, cada vez peor. Me siento muy triste, la verdad, es muy cansado esto”.

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La activista envió un mensaje personal al fiscal del estado, Gerardo Vázquez Alatriste: “A pesar de tener fe en que con usted podría haber un enfoque diferente, la realidad ha sido muy decepcionante”. Cabe recordar que Vázquez Alatriste entró en reemplazo del polémico fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, acusado de múltiples actos de corrupción y encubrimiento.

EL ABOGADO HABLA DE CORRUPCIÓN

Por su parte, el abogado de la víctima, Aldo Saracco, explica: “Es la segunda vez que pasa… la disfrazaron un poco más”.

Explica que “la primera vez lo hicieron a escondidas: literalmente no fueron notificadas las partes, en este caso la víctima… como ella es aguerrida, pudieron dar con él y sí se giraron las órdenes de aprehensión correspondientes”.

Para el abogado, es muy importante recordar que el agresor “fue servidor público, un ex policía federal con alto conocimiento del manejo de armas, coludido con varias autoridades del estado”.

MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES

Menciona que en su momento, “fue insostenible y tuvieron que hacer efectiva la orden de aprehensión, lo hicieron en lo oscurito… sin avisar ni notificar a la víctima ni a sus asesores jurídicos”.

Las autoridades pusieron medidas cautelares mínimas: que viviera en su domicilio y que no se acercara a la víctima, “cuando hay un catálogo muy extenso para garantizar la seguridad de las víctimas”.

Cuenta que Navarro y su abogado descubrieron que se había llevado a cabo un proceso de suspensión condicional en el cual “únicamente se cubrieron de forma unilateral 86 mil pesos… se cerró la puerta a la justicia”.

Posteriormente, presentaron una apelación y sí se revocó la sentencia, “pero hoy… nos topamos con la sorpresa de que nuevamente se llevó a cabo una suspensión condicional sin previa notificación”.

JUEZ PARCIAL Y REPARACIÓN INCOMPLETA

El defensor acusa que “en la videograbación se le puede ver prácticamente como defensor particular del imputado”.

Se concedieron términos mínimos: seis meses de restricción y el pago de una reparación del daño unilateral, “sin permitirnos llevar a juicio las pruebas para establecer una reparación integral”.

“Sólo se cuantificó el daño material… pero quedaron fuera los daños morales, los perjuicios, la falta de oportunidades laborales… Uno de sus hijos incluso tuvo un intento de suicidio por el trauma”, agregó.

LO QUE SIGUE

Lo que sigue, explica el abogado, es agotar la apelación: “Nuestra esperanza es que, una vez agotada esa vía, podamos acudir a la justicia federal mediante un juicio de amparo directo”, para poder solucionar el caso y darle a Indira Navarro la justicia que tanto ha buscado.

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