Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Luego de ser condenado a cadena perpetua en Nueva York, Ismael "El Mayo" Zambada no irá a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, sino que el juez Brian M. Cogan recomendó oficialmente su traslado a un centro médico federal (FMF) con régimen penitenciario. Debido a sus 78 años de edad y a sus severos padecimientos de salud, el cofundador del Cártel de Sinaloa cumplirá su sentencia de por vida en un penal especializado de alta contención equipado con la infraestructura clínica necesaria para brindarle atención médica constante. En el marco del fallo, el capo aceptó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, se mostró dispuesto a responder ante la justicia mexicana si es requerido, y leyó una carta ante el tribunal donde asumió la responsabilidad de sus actos y advirtió a los jóvenes que el narcotráfico solo conduce a la cárcel o a la muerte.
El proceso electoral de 2027 pondrá a prueba nuevas reglas operativas y mayores exigencias de fiscalización, destacando la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE para frenar la infiltración del crimen organizado en las campañas. Además del ingreso de dos nuevos partidos políticos nacionales y la erradicación de los actos anticipados, las autoridades deberán combatir la desinformación y garantizar la transparencia, abriendo un escenario inédito donde el trabajo de investigación periodística será clave para fiscalizar a los actores políticos y fortalecer la democracia. La opinión de @fdodiaznaranjo.
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
EMEEQUIS.- Siete periodistas asesinados en siete meses. Esa es la cifra que deja el homicidio de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio en Oaxaca. Pero más inquietante que el número es la secuencia de hechos que empieza a repetirse: periodistas que denuncian al poder, amenazas previas, señalamientos contra autoridades y, después, el asesinato.
Alejandro Leyva tenía 60 años, más de tres décadas de trayectoria y era una de las voces más conocidas del periodismo oaxaqueño. Exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión durante el gobierno de Alejandro Murat, escribía la columna El Zumbido del Moscardón, desde donde ejercía una crítica constante al poder.
Horas antes de ser asesinado mientras desayunaba en San Pablo Etla, publicó una columna en la que responsabilizó al gobernador Salomón Jara del deterioro de la seguridad en Oaxaca y del fracaso de la Guelaguetza; además señaló a su hermano, Noé Jara, por presuntos vínculos con el cobro de piso.
No era la primera vez que advertía sobre los riesgos que enfrentaba. En noviembre de 2025 denunció públicamente que un procedimiento administrativo iniciado por la Auditoría Superior estatal era un mecanismo de persecución y censura por sus críticas. En ese mismo mensaje responsabilizó al gobernador Salomón Jara, al secretario de Gobierno, Jesús Romero, y al consejero jurídico Giovanni Vázquez de cualquier atentado contra su integridad o la de su familia. Presentó denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República; sin embargo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, nunca recibió medidas de protección. Incluso denunció haber sido exhibido en el programa oficial Trapitos al Sol, desde donde —según afirmó— comenzó una campaña de desprestigio acompañada de amenazas telefónicas.
El gobernador condenó el crimen y prometió una investigación. Pero el problema es que el caso de Leyva no puede analizarse de manera aislada.
Apenas seis días antes fue asesinado en Puebla Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, quien durante meses denunció públicamente amenazas del alcalde de ese municipio. En Veracruz, Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada y asesinada; la Fiscalía estatal detuvo a ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales, y solicitó formalmente el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al considerar que existen elementos para investigarlo como presunto autor intelectual del crimen. Un testigo protegido declaró que la orden habría salido del propio presidente municipal.
No puede afirmarse que estos asesinatos hayan sido ordenados por autoridades. Esa es una conclusión que únicamente corresponde a las fiscalías y, en su momento, a los jueces. Lo que sí resulta imposible ignorar es que en los tres casos aparecen denuncias previas, amenazas o líneas de investigación que involucran directamente a actores del poder político local.
El contexto tampoco permite minimizar lo que ocurre. Con Alejandro Leyva ya son siete periodistas asesinados en 2026: Carlos Castro, Juan David Gámez, Roxana Berenice Guzmán, Luis Ángel López, Alex Serna, Josué Martínez y ahora Francisco Alejandro Leyva. En poco más de seis meses ya se superó el total de periodistas asesinados durante todo 2024. Artículo 19 ha documentado más de 180 homicidios de periodistas posiblemente relacionados con su labor desde el año 2000; la impunidad en estos casos se mantiene entre el 90 y el 98 por ciento, según el Comité para la Protección de los Periodistas, la UNESCO y la propia organización. Veracruz suma 34 periodistas asesinados desde el año 2000 y México continúa siendo considerado por Reporteros Sin Fronteras y el CPJ como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo fuera de una zona de guerra.
Por eso, en Oaxaca ya no bastan las condenas oficiales ni los comunicados de rutina. El gobierno de Salomón Jara tiene la obligación política y moral de garantizar una investigación verdaderamente independiente, sin reservas y sin privilegios para nadie. Si ni el gobernador ni su hermano tienen relación alguna con los hechos, como corresponde presumir en un Estado de derecho, la mejor forma de demostrarlo no será mediante discursos, sino permitiendo que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga y sin interferencia alguna.
Porque cada periodista asesinado representa una historia que alguien quiso silenciar; pero cuando las sospechas alcanzan al poder público y la respuesta institucional no logra disiparlas con investigaciones creíbles, lo que termina erosionándose no es únicamente la libertad de prensa: es la confianza de toda una sociedad en su democracia.
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Luego de ser condenado a cadena perpetua en Nueva York, Ismael "El Mayo" Zambada no irá a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, sino que el juez Brian M. Cogan recomendó oficialmente su traslado a un centro médico federal (FMF) con régimen penitenciario. Debido a sus 78 años de edad y a sus severos padecimientos de salud, el cofundador del Cártel de Sinaloa cumplirá su sentencia de por vida en un penal especializado de alta contención equipado con la infraestructura clínica necesaria para brindarle atención médica constante. En el marco del fallo, el capo aceptó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, se mostró dispuesto a responder ante la justicia mexicana si es requerido, y leyó una carta ante el tribunal donde asumió la responsabilidad de sus actos y advirtió a los jóvenes que el narcotráfico solo conduce a la cárcel o a la muerte.
El proceso electoral de 2027 pondrá a prueba nuevas reglas operativas y mayores exigencias de fiscalización, destacando la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE para frenar la infiltración del crimen organizado en las campañas. Además del ingreso de dos nuevos partidos políticos nacionales y la erradicación de los actos anticipados, las autoridades deberán combatir la desinformación y garantizar la transparencia, abriendo un escenario inédito donde el trabajo de investigación periodística será clave para fiscalizar a los actores políticos y fortalecer la democracia. La opinión de @fdodiaznaranjo.
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