El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Luego de ser condenado a cadena perpetua en Nueva York, Ismael "El Mayo" Zambada no irá a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, sino que el juez Brian M. Cogan recomendó oficialmente su traslado a un centro médico federal (FMF) con régimen penitenciario. Debido a sus 78 años de edad y a sus severos padecimientos de salud, el cofundador del Cártel de Sinaloa cumplirá su sentencia de por vida en un penal especializado de alta contención equipado con la infraestructura clínica necesaria para brindarle atención médica constante. En el marco del fallo, el capo aceptó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, se mostró dispuesto a responder ante la justicia mexicana si es requerido, y leyó una carta ante el tribunal donde asumió la responsabilidad de sus actos y advirtió a los jóvenes que el narcotráfico solo conduce a la cárcel o a la muerte.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Ni licencia ni culpa: Salomón Jara esquiva responsabilidades tras la ejecución del periodista Alejandro Leyva
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
EMEEQUIS.– El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, afirmó que “no existe ningún elemento para sostener” su participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido la mañana del pasado miércoles 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla. Sin embargo, sus declaraciones se producen en un clima de profunda desconfianza e indignación social, avivado por las crecientes denuncias de hostigamiento a la prensa y los señalamientos de opacidad que pesan sobre la administración estatal.
“Y si la Fiscalía General de la República nos invita a comparecer, con mucho gusto lo haremos”, sostuvo el mandatario durante una conferencia de prensa en la que descartó tajantemente la posibilidad de solicitar licencia al cargo, una decisión que defensores de derechos humanos e integrantes del gremio periodístico consideran un obstáculo para garantizar la absoluta neutralidad e independencia en las investigaciones.
En un contraste alarmante que evidencia la desprotección sistemática de los comunicadores en la entidad, mientras el Ejecutivo estatal sostiene que “no hay pruebas” en su contra y descarta cualquier costo político, trascendió que el corresponsal de Proceso, Pedro Matías Arrazola, fue amenazado de muerte el mismo día en que se disponía a acudir al funeral de su colega.
“Ya me estaba alistando para venir al velorio y recibí una llamada de Reporteros sin Fronteras que me recomendaban no salir, que habían visto entre mis redes un post que decía que el que seguía era yo, […] que me resguardara o que no estuviera solo, y eso es lo que he hecho, pero tenía que venir a despedir al amigo Alejandro”.
🚨 CENSURA EN OAXACA: El gobernador Salomón Jara (@salomonj) ordenó exhibir una lista de medios de comunicación críticos para vetar sus preguntas en conferencias de prensa.
Tras acusaciones de censura intentaron borrar el video, pero @MonitorOaxaca rescató el fragmento.…
De acuerdo con una entrevista realizada por el periodista Álvaro Morales, del medio Telediario, el comunicador ya ha recibido esquemas de protección por parte de la Fiscalía Estatal y la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la ONU. La medida expone cómo las instituciones reaccionan únicamente cuando la amenaza es inminente, manteniendo a los periodistas bajo una vulnerabilidad constante.
“Ahora sigue Pedro Matías jajaja acaben con todos los periodistas de mierda q hay en este estado…”, se leyó el miércoles 22 de julio de 2026, a las 3:08 p.m., en una publicación de Facebook de la cuenta oficial de Arrazola, emitida en respuesta a un señalamiento del propio comunicador. Este medio intentó contactar a la cuenta para verificar la procedencia de la intimidación, sin obtener respuesta hasta el momento.
Far de ser un hecho aislado, el clima de intimidación responde a una narrativa institucional hostil. Como recordó el propio Matías, los medios críticos en Oaxaca sufren un proceso constante de estigmatización desde la cúpula del poder estatal, al punto de que el secretario general de Gobierno, Jesús Romero López, llegó a tachar a periodistas incómodos como “sicarios mediáticos”, un discurso que descalifica el escrutinio público y expone al gremio al crimen organizado.
UN HISTORIAL DE AGRESIONES Y LA PERPETUA IMPUNIDAD
Esta grave intimidación no representa un hecho aislado en la trayectoria de Pedro Matías. “Hace dos años aventaron una bomba Molotov a mi casa”, rememoró el periodista, haciendo evidente la continuidad de las agresiones sin importar las siglas partidistas en el poder.
El 25 de octubre de 2008, durante la administración del priista Ulises Ruiz Ortiz, Matías fue privado de la libertad tras salir de la redacción del periódico Noticias de Oaxaca. Durante su cautiverio, sus captores lo amenazaron con mutilarlo, violarlo y decapitarlo, además de advertirle que su familia estaba ubicada, según documentó oportunamente Reporteros sin Fronteras.
El periodista fue liberado al día siguiente en Tlacolula de Matamoros, en un caso que se sumó al amplio historial de agresiones que han quedado sin castigo en el estado.
“Me voy a ir de este plano cuando Dios crea que mi misión ya se cumplió, no para cuando a cualquier pendejo se le antoje”, sentenció Matías, reafirmando que el intento de silenciar la labor informativa traiciona la memoria de Leyva Aguilar y la función social del periodismo libre frente a los abusos del poder.
AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN: DETENCIONES ENTRE DUDAS SOBRE LA AUTORÍA INTELECTUAL
Por su parte, el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó sobre la detención de cuatro personas y la difusión de un retrato hablado de uno de los presuntos autores materiales, buscando mostrar celeridad institucional ante la presión nacional e internacional.
Las autoridades hicieron públicos los videos de vigilancia que permitieron rastrear la ruta de escape de los sicarios, asegurando además la motocicleta empleada en el crimen y un segundo vehículo involucrado en el despliegue operativo.
El metraje captó a dos sospechosos arribando a una caseta de cobro para desarmar las armas de fuego y cambiarse de vestimenta antes de huir a bordo de un automóvil Peugeot, un indicio de la logística previa utilizada en la ejecución del autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”.
Rodríguez Alamilla enfatizó la creación de un grupo interinstitucional integrado por la SSPC, el C5 y el Gabinete de Seguridad; sin embargo, organizaciones civiles advierten que el verdadero reto radica en alcanzar a los autores intelectuales y no únicamente a los eslabones operativos.
“La impunidad en crímenes contra periodistas no solo representa una deuda con la víctima y su familia, sino un riesgo directo contra la democracia”, admitió el propio fiscal, en una declaración que retrata la urgencia de justicia en un estado golpeado por la violencia institucional e informal contra la libertad de expresión.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Luego de ser condenado a cadena perpetua en Nueva York, Ismael "El Mayo" Zambada no irá a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, sino que el juez Brian M. Cogan recomendó oficialmente su traslado a un centro médico federal (FMF) con régimen penitenciario. Debido a sus 78 años de edad y a sus severos padecimientos de salud, el cofundador del Cártel de Sinaloa cumplirá su sentencia de por vida en un penal especializado de alta contención equipado con la infraestructura clínica necesaria para brindarle atención médica constante. En el marco del fallo, el capo aceptó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, se mostró dispuesto a responder ante la justicia mexicana si es requerido, y leyó una carta ante el tribunal donde asumió la responsabilidad de sus actos y advirtió a los jóvenes que el narcotráfico solo conduce a la cárcel o a la muerte.
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