El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador tiene 13 ranchos a su nombre, según consta en su última declaración patrimonial. Ocho los adquirió durante el sexenio de su hermano AMLO.
La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
Santiago Alamilla, vocal del colectivo, dijo que de 833 solicitudes de información, el 35% fueron incompletas o insuficientes. Se detectaron evasivas, negativas injustificadas, desigualdades regionales y fallas técnicas en la Plataforma Nacional de Transparencia. El 78% de los periodistas reportó afectar su trabajo por falta de acceso a datos, y la calificación global del sistema actual es de 5.7/10, reflejando un marcado retroceso
La explosión de una pipa en Iztapalapa dejó 31 muertos y la Fiscalía de la CDMX ha decidido reservar los videos del C5 y de particulares por tres años, pese a haber mostrado algunas imágenes inicialmente. Expertas en transparencia consideran que la medida carece de justificación legal y que el interés público debería prevalecer. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y la investigación oficial no aclara responsabilidades.
El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador tiene 13 ranchos a su nombre, según consta en su última declaración patrimonial. Ocho los adquirió durante el sexenio de su hermano AMLO.
Sentaron a Noroña y a Sergio Luna, pero excluyeron a la Junta de Gobierno del presidium y de la placa conmemorativa, que más parece homenaje a Sheinbaum, cuyo esposo estaba en el comité de bienvenida. A los cuatro exgobernadores no los invitaron. Estarán mañana en el ITAM en lo que será una especie de acto de desagravió a la autonomía del banco. #Secreto
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, metió mano —según fuentes del sector transporte— en la sucesión de Canacar y busca influir también en Concamin. La presunta intervención ha generado molestias en el gremio y encendió los chats empresariales, en medio de la mayor crisis de legitimidad que vive Canacar en años
El senador morenista Juan Carlos Loera de la Rosa enfrenta una creciente presión judicial y política en Chihuahua. La FGR lo investiga por el presunto uso electoral de programas sociales cuando fue delegado del Bienestar, bajo el expediente 6750/2022. Una sentencia reciente lo involucra indirectamente, al revelar inconsistencias en la entrega de apoyos a más de 4 mil adultos mayores. Además, un exfuncionario, Hugo Ruiz Esparza, lo acusa de amenazas, hostigamiento y persecución judicial tras negarse a participar en actos presuntamente irregulares.
El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador tiene 13 ranchos a su nombre, según consta en su última declaración patrimonial. Ocho los adquirió durante el sexenio de su hermano AMLO.
La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
Santiago Alamilla, vocal del colectivo, dijo que de 833 solicitudes de información, el 35% fueron incompletas o insuficientes. Se detectaron evasivas, negativas injustificadas, desigualdades regionales y fallas técnicas en la Plataforma Nacional de Transparencia. El 78% de los periodistas reportó afectar su trabajo por falta de acceso a datos, y la calificación global del sistema actual es de 5.7/10, reflejando un marcado retroceso
La explosión de una pipa en Iztapalapa dejó 31 muertos y la Fiscalía de la CDMX ha decidido reservar los videos del C5 y de particulares por tres años, pese a haber mostrado algunas imágenes inicialmente. Expertas en transparencia consideran que la medida carece de justificación legal y que el interés público debería prevalecer. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y la investigación oficial no aclara responsabilidades.
