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Rocha Moya pide licencia tras postura de FGR
Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) para los gobernadores Maru Campos, de Chihuahua, y Rubén Rocha Moya, con licencia de Sinaloa, corresponden únicamente a entrevistas ministeriales de rutina y no a imputaciones formales. Mientras que el caso de Chihuahua indaga la incursión no autorizada y fallecimiento de agentes de la CIA en la Sierra del Pinal, el de Sinaloa deriva de una investigación por presuntos nexos con el narcotráfico señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos; ante este escenario, la Jefa del Ejecutivo federal descartó motivaciones políticas o un trato diferenciado, enfatizando que ambos mandatarios comparecerán en calidad de testigos para colaborar con el esclarecimiento de los hechos













