La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
El delito de agresión cometido por el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez en contra de una recepcionista en Santa Fe, Ciudad de México, destapó un presunto fraude inmobiliario en Sinaloa que podría superar los 200 millones de pesos a través de la firma Grupo Universal Inmobiliaria y de Industrias S.A. de C.V. El esquema de estafa, que acumula decenas de denuncias de compradores de México, Estados Unidos y Canadá, incluye proyectos residenciales inconclusos o abandonados en Mazatlán, como la Torre Triana, cuyos derechos fueron asumidos por la financiera Kapitalizer ante un adeudo millonario. Mientras la Fiscalía General de Sinaloa mantiene bajo investigación 18 carpetas vinculadas al grupo de las cuales tres ya han sido judicializadas, reportes locales y volantes distribuidos en 2024 señalan al imputado bajo el alias de “El Acapulco”, vinculándolo presuntamente como lavador de dinero y socio inmobiliario del cártel de “Los Chapitos”.
Tras registrarse un enjambre sísmico en el Océano Pacífico la mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un saldo blanco preliminar y la activación de protocolos de emergencia en el sur y centro del país, destacando un terremoto principal de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. La alta frecuencia y cercanía de los impactos subterráneos —que incluyeron sacudidas consecutivas de magnitudes entre 5.2 y 6.8— alarmaron a la población y provocaron que la Secretaría de Marina activara una alerta preventiva de tsunami en los litorales de Chiapas y Guerrero. A pesar de la intensidad y de haber sido perceptible de forma moderada en la Ciudad de México, las autoridades confirmaron que las ondas no superaron los umbrales tecnológicos requeridos para activar la alerta sísmica capitalina, mientras expertos de la UNAM y el SSN mantienen bajo monitoreo el fenómeno, asociado al deslizamiento de fallas por el proceso de subducción de las placas tectónicas
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazaron acusaciones de "justicia selectiva" tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal derivado de sus operaciones como socio mayoritario en la empresa Ingemar. Las autoridades federales detallaron que la captura es resultado de una investigación de más de un año por parte de la FGR y la FEMDO, originada tras el decomiso de 33 ferrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de combustible ilícito, provocando un perjuicio fiscal superior a los 4 mil millones de pesos. Mientras el expresidente Felipe Calderón acusó al gobierno de aplicar una justicia discriminatoria, la administración federal informó que ya se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión y que aún quedan detenciones pendientes contra esta red de contrabando, la cual evadía al fisco declarando solo el 10% de su capacidad real
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
EU pide respeto a su soberanía y rechaza cartas de reclamo de SRE por acciones del ICE contra migrantes
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
EMEEQUIS.–La relación bilateral entre México y Estados Unidos enfrenta una severa fricción diplomática luego de que la administración del presidente Donald Trump devolviera formalmente las cartas de queja emitidas por el gobierno mexicano.
A través de un posicionamiento directo, la diplomacia de Washington recordó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el principio de soberanía norteamericana, subrayando de manera tajante que el Gobierno de México carece de cualquier tipo de jurisdicción para intervenir, calificar o dictar directrices sobre las operaciones de control migratorio que efectúan los agentes de seguridad en suelo estadounidense.
El desencuentro formal se materializó por conducto del alto funcionario de la Unión Americana, Michael Kozak, quien funge como pieza clave en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Kozak regresó en mano las misivas de protesta al embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, manifestando de manera institucional que cualquier tipo de inquietud o inconformidad en materia de movilidad humana e integridad ciudadana debe apegarse rigurosamente a las vías y canales diplomáticos formales preestablecidos, desestimando las exigencias de cese operativo enviadas de forma unilateral por la cancillería mexicana.
Esta contundente respuesta internacional frena de manera directa la estrategia jurídica implementada a inicios de semana por el Poder Ejecutivo federal mexicano. La presidenta Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habían anunciado con antelación el inicio de una serie de agresivos procesos legales, que incluían denuncias penales e intervenciones civiles coordinadas con la Fiscalía General de la República (FGR) ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales, buscando castigar administrativamente la muerte de 18 connacionales acaecidas en redadas o bajo el resguardo formal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La determinación de regresar los escritos de reclamo fue confirmada mediante un breve reporte de prensa emitido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, detallando que la entrega de los documentos ocurrió durante una mesa de trabajo privada efectuada en la capital estadounidense entre Michael Kozak y el representante diplomático Roberto Lazzeri. El acto constituyó un revés explícito para los “escritos de cese y desistimiento” que el consultor jurídico de la cancillería mexicana había dirigido específicamente a instalaciones críticas de confinamiento, tales como el centro de detención de Adelanto, California, donde se documentó el fallecimiento de cuatro ciudadanos mexicanos.
Dentro del intercambio institucional, la delegación norteamericana explicitó la amonestación diplomática al enfatizar que la política interna y de seguridad carcelaria de Estados Unidos se rige de forma exclusiva bajo sus propios parámetros federales. Con esta acción, el Departamento de Estado frenó el despliegue del plan de contingencia de la SRE, que pretendía catalogar estas misivas previas como el fundamento o “primer paso formal” indispensable para encauzar demandas civiles subsecuentes por daños, perjuicios y presuntas omisiones en la atención médica especializada dentro de los centros de detención penitenciarios.
Paralelamente, el embajador Lazzeri se encontraba realizando jornadas de interlocución con agencias e instituciones en Washington con el objetivo prioritario de robustecer el padrón de asistencia consular y salvaguardar los derechos de la comunidad migrante, una agenda que se volvió prioritaria tras la muerte del connacional Lorenzo Salgado, quien perdió la vida el pasado 7 de julio tras recibir impactos de bala por parte de oficiales adscritos al ICE. No obstante, la postura de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental reiteró de forma paralela que su mandato central e irrenunciable radica precisamente en coordinar las estrategias multilaterales para mitigar la migración ilegal, combatir el crimen transnacional y desarticular el tráfico de estupefacientes.
El choque de posturas escaló luego de que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, utilizara su espacio de conferencia matutina para denunciar de forma abierta violaciones flagrantes a los derechos humanos de los trabajadores migratorios en el vecino país del norte. El gobierno mexicano justificó su ofensiva legal señalando casos recientes de extrema gravedad, entre ellos la investigación en curso por el deceso de un ciudadano en la periferia de Houston, Texas, acontecido en el marco de un despliegue de persecución de la patrulla fronteriza que actualmente se encuentra bajo análisis de agencias policiales y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Ante la respuesta restrictiva de la administración estadounidense, el Gobierno de México ratificó que continuará buscando el respaldo de organismos internacionales, habiendo remitido previamente un informe exhaustivo a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la finalidad de documentar las defunciones registradas bajo custodia federal de las agencias de control fronterizo. Asimismo, en el ámbito doméstico, la presidenta Sheinbaum extendió un exhorto urgente a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que todas las fuerzas políticas del país dejen de lado sus diferencias y emitan un pronunciamiento conjunto de absoluto rechazo ante el endurecimiento de las tácticas civiles y de contención fronteriza impulsadas desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
Rechazo diplomático: El gobierno de Estados Unidos, mediante el funcionario Michael Kozak, devolvió formalmente las cartas de protesta de México y sentenció que el gobierno de Claudia Sheinbaum carece de jurisdicción sobre los funcionarios norteamericanos.
Freno a la estrategia de la SRE: Washington neutralizó los escritos de “cese y desistimiento” de la cancillería mexicana dirigidos a prisiones fronterizas como la de Adelanto, California, invalidándolos como antesala para interponer demandas civiles.
Exigencia de canales formales: La administración de Donald Trump instruyó al embajador mexicano Roberto Lazzeri a limitar sus reclamos migratorios estrictamente a las vías consulares e institucionales ordinarias.
Defensa de operativos: La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental ratificó su plena facultad soberana para ejecutar redadas, contener la migración ilegal y realizar operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Litigio internacional de fondo: El conflicto derivó del anuncio de México de judicializar 18 casos de connacionales muertos bajo custodia o en redadas, destacando los decesos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado el pasado 7 de julio.
Llamado al Congreso: Ante el freno estadounidense, la presidenta Sheinbaum solicitó la intervención de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para unificar un reclamo multipartidista en defense de los migrantes frente a la política de la Casa Blanca.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
El delito de agresión cometido por el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez en contra de una recepcionista en Santa Fe, Ciudad de México, destapó un presunto fraude inmobiliario en Sinaloa que podría superar los 200 millones de pesos a través de la firma Grupo Universal Inmobiliaria y de Industrias S.A. de C.V. El esquema de estafa, que acumula decenas de denuncias de compradores de México, Estados Unidos y Canadá, incluye proyectos residenciales inconclusos o abandonados en Mazatlán, como la Torre Triana, cuyos derechos fueron asumidos por la financiera Kapitalizer ante un adeudo millonario. Mientras la Fiscalía General de Sinaloa mantiene bajo investigación 18 carpetas vinculadas al grupo de las cuales tres ya han sido judicializadas, reportes locales y volantes distribuidos en 2024 señalan al imputado bajo el alias de “El Acapulco”, vinculándolo presuntamente como lavador de dinero y socio inmobiliario del cártel de “Los Chapitos”.
Tras registrarse un enjambre sísmico en el Océano Pacífico la mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un saldo blanco preliminar y la activación de protocolos de emergencia en el sur y centro del país, destacando un terremoto principal de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. La alta frecuencia y cercanía de los impactos subterráneos —que incluyeron sacudidas consecutivas de magnitudes entre 5.2 y 6.8— alarmaron a la población y provocaron que la Secretaría de Marina activara una alerta preventiva de tsunami en los litorales de Chiapas y Guerrero. A pesar de la intensidad y de haber sido perceptible de forma moderada en la Ciudad de México, las autoridades confirmaron que las ondas no superaron los umbrales tecnológicos requeridos para activar la alerta sísmica capitalina, mientras expertos de la UNAM y el SSN mantienen bajo monitoreo el fenómeno, asociado al deslizamiento de fallas por el proceso de subducción de las placas tectónicas
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazaron acusaciones de "justicia selectiva" tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal derivado de sus operaciones como socio mayoritario en la empresa Ingemar. Las autoridades federales detallaron que la captura es resultado de una investigación de más de un año por parte de la FGR y la FEMDO, originada tras el decomiso de 33 ferrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de combustible ilícito, provocando un perjuicio fiscal superior a los 4 mil millones de pesos. Mientras el expresidente Felipe Calderón acusó al gobierno de aplicar una justicia discriminatoria, la administración federal informó que ya se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión y que aún quedan detenciones pendientes contra esta red de contrabando, la cual evadía al fisco declarando solo el 10% de su capacidad real
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