Aunque la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, ya le cerró la puerta a las ambiciones de Félix Salgado Macedonio para contender por la candidatura de Guerrero, siguen en el aire las intenciones del senador. La Constitución lo avala pero los estatutos no.
Portazo en el Congreso de San Luis Potosí: exigen derogar la “Ley Serrano”
Portazo en el Congreso de San Luis Potosí, mientras legisladores discuten a favor y en contra de los manifestantes, en el marco del debate sobre la "Ley Serrano" y la libertad de expresión.
Aunque la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, ya le cerró la puerta a las ambiciones de Félix Salgado Macedonio para contender por la candidatura de Guerrero, siguen en el aire las intenciones del senador. La Constitución lo avala pero los estatutos no.
Ciudadanos irrumpieron por la fuerza.
EMEEQUIS.– El descontento contra la llamada “Ley Serrano” llegó este martes hasta las puertas del Congreso de San Luis Potosí. Activistas, periodistas y ciudadanos irrumpieron mediante un portazo en el recinto legislativo para exigir la derogación de la reforma que castiga penalmente el presunto uso indebido de inteligencia artificial en redes sociales y que, según denuncian, se ha convertido en una herramienta para perseguir voces críticas.
En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los manifestantes dan portazo en el Congreso de San Luis, mientras congresistas discuten a favor y en contra de los manifestantes alegando si se trataba de un derecho de libertad de expresión o de actos violentos.
Los manifestantes reclamaron la eliminación de una legislación que consideran ambigua y peligrosa para la libertad de expresión, al permitir investigaciones y procesos penales sin pruebas técnicas concluyentes sobre el supuesto empleo de herramientas de inteligencia artificial.
Entre las asistentes se encontraba la periodista Anahí Torres, una de las personas señaladas bajo este esquema legal, quien aseguró que el ambiente en el estado es de creciente preocupación.
“Estamos pasándola muy mal”, expresó desde las inmediaciones del Congreso, al tiempo que recordó el caso del comunicador Cristian Herrera, liberado el pasado 20 de junio tras permanecer encarcelado y sostener una huelga de hambre. Según denunció, el acuerdo que permitió su salida le impide pronunciarse públicamente sobre su caso bajo amenaza de regresar a prisión.
“Está silenciado. Tuvo un acuerdo donde tiene prohibido hablar o regresa a la cárcel”, afirmó.
El comunicador Cristian Herrera, propietario del portal Código Rojo, inicialmente fue detenido por un supuesto robo a una farmacia, delito que hasta ahora no habría sido acreditado. Sin embargo, una vez privado de su libertad, las autoridades le añadieron una imputación relacionada con el uso indebido de inteligencia artificial en redes sociales. “Como no pudieron comprobar el primer delito, le imputaron uno nuevo cuando ya estaba detenido”, denunció Torres
UNA LEY BAJO FUEGO
La protesta ocurre después de críticas contra la denominada “Ley Serrano”, impulsada por el diputado local Héctor Serrano Cortés, que reformó el Código Penal de San Luis Potosí para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial y la generación de supuesto “caos social”.
Serrano Cortés propuso dicha ley después de que surgieran videos atribuidos al cártel del Golfo donde se menciona que el gobernador del estado, Gallardo Cardona, tiene relación con el crimen organizado.
Posteriormente, la senadora Ruth González, esposa del gobernador y quien ha sido mencionada en muchas ocasiones por el PVEM como posible candidata a la gubernatura, aunque esto implique no ir en coalición con Morena, por temas de nepotismo, también se vio involucrada en denuncias involucradas con la ley Serrano.
La congresista denunció al menos a dos periodistas por presuntamente difundir una imagen de ella junto al gobernador Rocha Moya.
En entrevistas previas con EMEEQUIS, Anahí Torres advirtió que la redacción de la norma deja un amplio margen de interpretación para que autoridades y jueces consideren prácticamente cualquier publicación incómoda como producto de inteligencia artificial y la conviertan en materia penal.
De acuerdo con la periodista, bajo este esquema se han abierto al menos cuatro carpetas de investigación contra doce personas, entre ellas siete periodistas, además de activistas y ciudadanos.
Los casos involucran investigaciones derivadas de videos e imágenes que las autoridades atribuyen al uso de inteligencia artificial, aunque los denunciados sostienen que no existen peritajes técnicos que acrediten dichas afirmaciones.
Para quienes hoy se manifestaron frente al Congreso potosino, la inteligencia artificial se ha convertido en el argumento utilizado para justificar investigaciones penales contra comunicadores y ciudadanos incómodos para el poder.
@emeequis
