La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Se las tenían guardadas. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Más allá de cómo termine el pleito entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, lo interesante es que muestra las grietas que hay en Morena, producto de una organización que en realidad es un movimiento y que hasta ahora solo ha tenido un líder indiscutible, Andrés Manuel López Obrador.
Es también el talante, algo autoritario, de quienes creen que no tienen límites. La crispación, en todo caso, es porque se toparon uno con otro, porque se las tenían guardadas.
La disputa por unos 120 millones de pesos, para quienes han sido capaces de recortar miles de millones en temas de educación, salud y seguridad, es un síntoma de la visión patrimonialista que tienen sobre los recursos públicos.
Entre los coordinadores de Morena en el poder legislativo, las diferencias no son ideológicas, sino monetarias.
Ante las denuncias por corrupción, aireadas por López Hernández en plena tribuna del Senado, lo que exigen desde Palacio Nacional no es que se presenten las denuncias respectivas, sino que le bajen a los diferendos para no afectar a su proyecto.
El desenlace, ya fijados los límites de antemano, no será en las contralorías sino en la arena política, en las ponderaciones que hagan dos de los liderazgos más relevantes del partido en el poder.
Es “El combate de los jefes”, como aquella historia de Astérix, de Goscinny y Uderzo, en la que la definición del mando se simula en una jornada de votaciones, para luego lanzar las urnas a un barranco y permitir que los líderes diputen a golpes el nivel del mando que ejercerán.
Monreal y López Hernández tienen la posición que tienen, porque así lo quiso el expresidente de la República, en la teoría de juegos que aplicó para que se preservara la calma en torno a la figura de Claudia Sheinbaum.
De ahí que la mayoría de las reformas constitucionales presentadas por López Obrador en febrero de este año, ya hayan sido aprobadas. Ni Monreal ni López Hernández se confunden al respecto, y por eso cumplieron a cabalidad demoliendo al Poder Judicial, extinguiendo los órganos autónomos y militarizando la seguridad pública.
La disputa cobra relevancia, además, porque una parte, nada despreciable, de las definiciones públicas se dirimirán entre los liderazgos, corrientes y grupos que gravitan en el morenismo.
Es natural, en ese contexto, que también exista una lucha, ya nada soterrada, por los propios liderazgos en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde, hoy por hoy, se materializan las instrucciones de quien fue presidente de la República hasta el último día de octubre.
Los llamados a la unidad parecen más de rutina que de convencimiento. Estamos en un momento de definiciones sobre la naturaleza misma del poder.
El cambio de régimen apenas inició, y quienes tienen las riendas, aunque sean aparentes o delegadas, no piensan soltarlas, por el contrario, se aferrarán a ellas.
Saben, en el fondo, que quien sobreviva a los ajustes que se darán de modo irremediable, tendrá la posibilidad de lograr una amplia permanencia en los cargos.
Lo de Monreal y López Hernández es un esbozo de las maneras y rutinas con las que se irán acomodando las piezas en el rompecabezas de la 4T.
Pero se guardarán las apariencias, se firmarán nuevos pactos y se llamará al acuerdo, aunque de dientes para afuera.
Será, de alguna manera, como el nombre del periódico del Partido Mexicano Socialista, que se llamó La Unidad, porque todos sabían que ahí lo que imperaba era su contrario.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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