Reforma Judicial 2.0: corregir el rumbo sin abrir la puerta a nulidades “a la carta”

POR ODRACIR ESPINOZA

EMEEQUIS.– En México ya nadie discute que reformar al Poder Judicial tenía que ser sí o sí. La discusión real —que definirá si fortalece el Estado de derecho o al revés— es cómo se reforma y con qué candados. Esta vez se propone corregir fallas del primer diseño mientras el debate público se contamina con una idea peligrosa: introducir supuestos genéricos o ambiguos para anular elecciones por “injerencia extranjera”. El resultado puede ser exactamente lo opuesto a lo que se pretende.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) por medio de su presidenta Ana María Kudish, puso el dedo en la llaga: la reforma genera incertidumbre y deteriora la percepción de seguridad jurídica, pega directo en la inversión y el desarrollo económico.

Mover fechas no bastará si no se corrigen los errores estructurales del modelo. Si se permite que el mérito sea secundario, la justicia se vuelve un volado. Esa crítica de la Barra es técnica y necesitamos menos consignas y más ingeniería institucional, más creatividad con sustento y razonamiento jurídico.

La iniciativa reconoce algo que muchos vimos en el proceso anterior: revisar miles de perfiles en poco tiempo y con criterios disparejos no garantiza idoneidad, y concurrir la elección judicial con elecciones partidistas politiza y desdibuja la frontera entre justicia y política, meterlos en la misma licuadora, nunca tendrá un buen resultado. 

El proyecto plantea objetivos razonables: mover la próxima elección judicial a junio de 2028 para evitar concurrencia; elevar el requisito de perfiles, por medio de la famosa certificación en competencias que debe emitir la Escuela Nacional de Formación Judicial; evaluar de forma homogénea con mayor certeza, objetividad e incluso que el INE despolitice esta evaluación; quitar las antinomias constitucionales que generan incertidumbre, que precisamente manchan este proceso. 

Más técnica, menos improvisación. El problema está en que el debate legislativo se cruza con otro paquete de propuestas que pueden ser dinamita institucional pues el Congreso está discutiendo iniciativas para incorporar una causal de nulidad por intervención extranjera. 

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Dicha propuesta se centra en proteger la soberanía democrática. Romántico, pero argumentativamente interesante. Y en menesteres legislativos, el diablo está en los detalles. 

Si el supuesto queda genérico como el concepto de “intervención extranjera” sin precisar qué actos, cómo se cataloga, cómo se probará qué intencionalidad, qué trazabilidad financiera y qué nivel de determinancia en la elección, se abre la puerta a tres riesgos: nulidad discrecional, inseguridad jurídica permanente y la posible selectividad. No digo que no exista el riesgo de intervención extranjera como en cualquier parte pudiese pasar, tampoco que no se puede legislar con adjetivos, sino que como siempre sostengo deben legislar con supuestos verificables y garantías procesales.

¿Por qué se hizo esta propuesta? ¿Obedece acaso a la presión de Estados Unidos contra políticos vinculados al narco? Creo que debemos mesurarnos, pues no hay una “prueba única” de que nazca por ese motivo y sería ingenuo no ver el contexto: en los últimos meses EE. UU. ha intensificado una estrategia que combina acusaciones, sanciones, restricciones de visa y señalamientos públicos a redes de protección política del narcotráfico, lo que genera que el escenario político mexicano sufra un movimiento telúrico de grandes magnitudes. Ese movimiento y no precisamente de regeneración, mete un ingrediente explosivo al debate: la narrativa de que desde afuera se “opera” o se “presiona” la política mexicana está teniendo efectos.

Una cláusula de “injerencia extranjera” mal escrita puede convertirse en un mecanismo para decir: “no perdimos, nos intervinieron”; o, peor, “anulo porque tengo una sospecha”. La política se defiende con instituciones fuertes, no con conceptos nebulosos.

Esto ya está encima y el Congreso tiene mayoría del partido en el poder, pero creo que debemos enfocar nuestra vigilancia en tres acciones mínimas:

1. Sí reformar pero generando objetividad y transparencia.
La certificación técnica debe ser objetiva, auditada y transparente: metodología pública, controles anticaptura y mecanismos de revisión. 

2. Definir “intervención extranjera” con bisturí, no con martillo.
La causal de nulidad debe exigir acto específico, prueba robusta, trazabilidad, que sea determinante para el resultado. Y con garantías contra uso faccioso. 

3. Blindar al árbitro electoral.
Si al INE se le cargan funciones de “verificación de integridad” con información reservada, el árbitro se acerca peligrosamente a ser parte del juego.

La reforma que México necesita es la que aguanta y soporta la década.

Reformar el Poder Judicial sí o sí, pero si lo hacemos con subjetividades, jugamos con fuego en un país donde la confianza institucional es hoy en día muy frágil. Si el Congreso acierta, se puede construir un modelo de elección judicial más técnico y confiable. Si se equivoca, el costo será grandísimo. La reforma correcta no es la que suena bien en la narrativa publica es la que, por diseño, resiste el abuso y la discrecionalidad.