Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Ovidio Guzmán, el símbolo y la utilidad de la extradición
La extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos, que se consumó en pleno 15 de septiembre, tiene un alto valor simbólico y muestra que la colaboración entre agencias de seguridad de ambos países está funcionando, aunque no como antes.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.–La extradición de Ovidio Guzmán López a Estados Unidos cierra un ciclo, el que se abrió con el operativo fallido de captura en Culiacán en octubre de 2019.
Fueron años complejos para las fuerzas de seguridad mexicanas, y en particular para el Ejército, hasta que lo arrestaron en enero de 2023.
Guzmán López era una suerte de cabo suelto, una advertencia en la que no quedaba claro el poder de su estructura criminal y por ello era indispensable conocer el desenlace de un proceso de extradición que inició, de algún modo, desde que una corte federal de Columbia pidió la captura de Ovidio y Joaquín Guzmán López desde 2018 por conspiración para el tráfico y venta de cocaína, heroína y metanfetaminas, aunque en la actualidad uno de los elementos centrales sea el fentanilo y su producción.
Las autoridades llegaron a detectar en 2022, al menos 11 laboratorios de producción que tenían la capacidad de manufacturar entre mil 300 y 2 mil 200 kilogramos de drogas.
Existían dudas sobre las decisiones que habría que tomar el gobierno mexicano en el caso de que los jueces autorizaran la posibilidad del traslado. La última palabra correspondería a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a su titular, Alicia Bárcena.
Por los alcances de la medida, es poco probable, si no es que imposible, que no se haya consultado con el presidente López Obrador para la determinación final, la que llevó a que Guzmán López ya esté recluido en un penal de Chicago.
Sobre la mesa de la canciller seguramente estuvieron análisis y evaluaciones sobre los escenarios que puede arrojar la salida de Guzmán López del país para ingresar en un sistema de justicia del que puede obtener ventajas, si colabora, pero también daños específicos para las posibilidades de seguir delinquiendo tras las rejas.
Guzmán López tiene mucho que contar, pero para que sea de utilidad a los fiscales, tendría que entregar información muy relevante sobre su hermano Joaquín y, sobre todo, de sus hermanastros Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.
Esto de momento parece dudoso, porque el clan criminal de Los Chapitos tiene un fuerte pegamento que se expresa en la lealtad de sus miembros. Por eso han sido tan violentos los operativos para enfrentar a esa rama del Cártel de Sinaloa.
Quizá pueda Guzmán López proporcionar elementos sobre la organización delictiva, pero estos perderán eficacia con el paso del tiempo, en primer lugar, porque Guzmán López ya no está al tanto del día a día de la estructura, y porque los ajustes se desatan en el momento mismo en que un capo cae en manos de las fiscalías.
Lo que sí es un hecho, es que la puesta en manos de las autoridades de Estados Unidos manda un mensaje fuerte a las organizaciones del crimen con intereses trasnacionales.
Los Chapitos hacen converger a grupos de operación en territorios, con un despliegue de propaganda en redes sociales, donde las historias, elogios y respaldos a la Chapiza suelen ser copiosos.
Guzmán López, quien no es el de mayor relieve, sí se ocupó de la expansión del Cártel, y una muestra fue la detención de 14 sujetos en Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan en 2022, en la Ciudad de México, que portaban armas de alto poder y escudos con la imagen de un ratón, el distintivo de Ovidio.
En términos concretos, Guzmán López significó un alto costo en cuanto a vidas que se perdieron, 29 civiles y 10 militares, en el operativo que llevó a su captura en el poblado de Jesús María, en las afueras de Culiacán, pero también en cuanto a daños en las áreas de inteligencia militar, porque el grupo que lo detuvo, por unas horas, en 2019, quedó al descubierto, e inclusive uno de los mandos tuvo que ser adscrito a otra posición.
Por eso la extradición a los Estados Unidos, que se consumó en pleno 15 de septiembre, tiene un alto valor simbólico y muestra que la colaboración entre agencias de seguridad de ambos países está funcionando, aunque no a los niveles que se llegaron a tener en el pasado.
Esto lo reconoció el fiscal general, Merrick B. Garland, al expresar su agradecimiento a los participantes mexicanos en todo el entramado de lucha contra el cártel de Sinaloa y, de modo específico, contra Los Chapitos, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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