La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
López Beltrán se declara fan de la CDMX. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Las campañas son permanentes. Esto lo tienen muy claro en Morena y no siempre en la oposición.
Hace unos días, el 7 de diciembre, Andrés Manuel López Beltrán dijo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco: “esta ciudad nos dio todo y le debemos todo, por eso le dedicaré mi vida y siempre lucharé por su bienestar. Nos enseñaron que amor con amor se paga.”
La confesión de amor por la Ciudad de México fue vista, en algunos sectores, como una suerte de destape, de proyección hacia el futuro y con el horizonte de despachar en el viejo Palacio del Ayuntamiento.
Puede que lo sea, o no, pero lo interesante es lo que se mueve de inmediato en torno a un párrafo discursivo que podría solo ser una floritura para el cierre de una gira en que acompañó, como secretario de organización, a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, a lo largo de todo el país, donde se fijaron el objetivo de alcanzar los 10 millones de militantes.
El gobierno de Clara Brugada apenas inició. Está en la etapa de controlar los hilos del poder en la capital del país, una tarea nada sencilla.
Especular sobre su relevo parece prematuro, porque muchas cosas pueden ocurrir en los próximos años, pero no hacerlo es también ingenuo.
Las sucesiones, por lo demás, suelen ser predecibles. A nadie extrañó que el candidato de Cuauhtémoc Cárdenas haya sido Andrés Manuel López Obrador, como tampoco cayó en sorpresa la postulación de Marcelo Ebrard.
Esto es así, porque quienes aspiran a un cargo de esas magnitudes tienen que trabajar en ello por años. Las irrupciones de personajes extraños a esa lógica no son frecuentes.
Uno de ellos fue Miguel Ángel Mancera, que no estaba en los planes de Ebrard, y a quien el propio López Obrador sugirió cuando era evidente que Mario Delgado no levantaría en las encuestas.
Lo de Mancera resultó un acierto, que se reflejó en la mayor votación por un jefe de Gobierno, hasta ahora.
Otro asunto es como terminan las historias entre quienes ejercen o ejercieron el poder, de las distancias que toman sus proyectos y las valoraciones que de ello se pueden hacer.
Ebrard fortaleció el camino de las libertades y Mancera logró una Constitución, aunque a estas alturas tengan poco en común ambos personajes.
López Obrador es un caso aparte, ya que permaneció en campaña todo el tiempo, aunque no fue un buen jefe de Gobierno, impidió el avance en los derechos, como los de las mujeres o la transparencia, y generó, debido a los altos índices de delincuencia, una de las mayores manifestaciones sociales de la historia, miles y miles personas vestidas de blanco para exigir seguridad.
Lo que hizo con enorme destreza es ocuparse de su promoción cotidiana, entendiendo que las campañas nunca finalizan. Desde que dijo que lo dieran por muerto en la contienda presidencial del 2006, estaba operado para hacer lo contrario.
Su hijo, López Beltrán, tendrá que construir su propio liderazgo, pero a estas alturas debe saber que el trabajo ya empezó.
En la oposición, en el PAN, sobre todo, por la fuerza que aún tienen en la capital del país, deben también buscar esquemas de campaña permanente.
En los años setenta, Patrick Caddell le insistió al presidente Jimmy Carter que se enfocara en no perder el contacto con los electores. No le hicieron mucho caso y no fue posible la reelección.
Pero si la campaña permanente es indispensable en la victoria, lo es más en la derrota, para que se generen las condiciones para revertirla, ya que no se enfoca en la petición del voto, sino en la construcción de su posibilidad.
No abocarse a ello, será dejar el terreno para que la narrativa la marque Morena, para que cualquier mensaje de sus dirigentes genere especulación sin que se le contrarreste.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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