Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Mario Aburto podría quedar libre el año que viene y la FGR no apelará, porque en el río revuelto revivirán polémicas provechosas y fantasmas del pasado útiles a la 4T, como Carlos Salinas de Gortari.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.– Cuando murió Luis Donaldo Colosio se desató un clamor, explicable y razonable, para que la investigación llegara a sus últimas consecuencias y se castigara, con toda la severidad, al responsable directo del crimen, Mario Aburto, quien fue detenido en flagrancia.
Por eso se invocó a lo que señalaba el Código Penal Federal y no el de Baja California. Nadie imaginó que 29 años después eso sería un problema que puede culminar con la liberación de Aburto en mayo de 2024, ya que el ordenamiento estatal contempla una pena máxima, por el delito de homicidio, de tres décadas.
Las indagatorias fueron complejas, las presiones nunca amainaron, porque estaba en juego la legitimidad misma del régimen.
El presidente Ernesto Zedillo quería conocer la verdad y le proporcionó total autonomía al subprocurador Luis Raúl González Pérez, quien tuvo que desenmarañar los desastres que generó su antecesor, Pablo Chapa Bezanilla, para al mismo tiempo realizar un trabajo de calidad ministerial que debería ser reconocida en todo momento.
Un aspecto sustancial de la historia de la indagatoria, es que todos los encargados de integrarla reconocieron la libertad con la que lo hicieron, con excepción de Chapa Bezanilla, quien de plano tuvo que ser cesado del cargo por los escándalos que se generaron por la utilización de testigos nada solventes.
Las conclusiones son conocidas. Se trató de un asesino solitario.
Aburto ya obtuvo un amparo que indica que hay que ajustar la sentencia. La FGR puede apelar la resolución, pero no lo hará porque en el río revuelto de la liberación seguramente se desatarán polémicas provechosas para tratar de implicar y descalificar a personajes que fueron poderosos en el pasado, iniciando por Carlos Salinas de Gortari.
Es un anillo al dedo en temporada electoral y seguramente exprimirán el asunto, a sabiendas de que ya no hay nada que encontrar, porque en su momento sí se encontró lo que había.
Será pura utilería, porque Aburto no ha sido ni será declarado inocente. Su culpabilidad tiene la firmeza de una sentencia y está sustentada en múltiples pruebas.
Quien lo dude, puede consultar la compilación, en varios tomos, que hizo en su momento la PGR sobre la averiguación, además de que esta tiene carácter público.
Los tomos sobre el contexto político y el que se refiere al asesino y su perfil, son reveladores.
El primero porque se ocupa de todas las sospechas que anidaron por años, y que se despejaron una a una, y el segundo porque ilustra la personalidad de quien disparó contra el candidato presidencial del PRI en Lomas Taurinas, Tijuana.
En su momento, en la declaración que rindió, el 26 de noviembre de 1996, por escrito, el expresidente Salinas de Gortari señaló que “el crimen contra Luis Donaldo Colosio fue, y que quede claro, un golpe tremendo en contra mía y de mi gobierno.”
Y abundó al afirmar que “si alguna estrategia quedó dañada a raíz del crimen, fue la que compartimos Colosio y yo con las principales fuerzas representativas de la sociedad”.
En esa comparecencia, el exmandatario recordó que el primer fiscal, Miguel Montes, llegó a esa posición por una petición expresa de la viuda de Colosio, ya que Diana Laura Riojas le tenía una enorme confianza.
Un ejercicio interesante es el de observar la larga declaración del propio presidente Zedillo, rendida el 12 de abril de 1999, también por escrito, ya que proporciona elementos centrales sobre lo que estaba ocurriendo en la campaña de Colosio, desmontando muchos de los chismes que se propalaron por aquellos días.
A casi 30 años del homicidio es evidente que no se descubrirá nada nuevo porque, insisto, las indagatorias sí están realizadas con puntualidad y profesionalismo. No son casuales las décadas de silencio de Aburto, cuando existieron momentos y coyunturas en las que habría sido escuchado con atención.
Ahora está empeñado, junto con su abogado, Jesús González Schmal, en obtener su libertad, lo que no es reprochable, porque de esos se tratan las estrategias de defensa y todo el mundo tiene derecho a contar con esa asistencia y asesoría.
Otra cosa es el uso político que se le quiere dar al asunto, colocando la falsa idea de que el asesino es inocente. No lo es, y el pasado no se puede cambiar, aunque por momentos se hagan esfuerzos para ello.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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