El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
La ausencia de financiamiento público en las campañas del Poder Judicial abre la posibilidad de recursos ilegales.
El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
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Las campañas regresarán a la época del papel… no tóxico. Análisis de Julián Andrade.
EMEEQUIS.– Quienes aspiren a ser ministros, magistrados o jueces, tendrán que rascarse con sus propias uñas en lo que respecta a sus campañas. Es decir, solo de su bolsillo pueden salir los recursos para financiar las actividades proselitistas.
Esto de plano descarta a varios, inclusive los que hayan logrado sortear a los Comités de Evaluación que harán la primera depuración y que dejarán a punto los listados para que la presidencia de la República, las cámaras legislativas y el Poder Judicial determinen, en realidad, quienes son los que en realidad participarán.
Es una simulación, por supuesto, ya que desde ahora se pueden ir adelantado finalistas, como Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes pasarán cualquier examen y no tendrán agobio alguno para seguir dándose a conocer y para recorrer el país. Lo están haciendo, por cierto, con sus actitudes respecto a la propia Reforma Judicial.
La propia reforma evita que existan colados en la contienda, así que la batalla será entre los propios morenistas, quizá con algún matiz de relativa independencia para animar al autoengaño de empresarios, opositores deslavados, socios comerciales y diplomáticos nerviosos.
La ausencia de financiamiento público abre la posibilidad de recursos ilegales, ya que es evidente que circulará dinero y en particular para definir a los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional y a las dos magistraturas del Tribunal Electoral.
Y no se diga en los circuitos judiciales donde hay asuntos federales de relieve, de esos que requieren de consignas para que nadie se haga bolas.
La difusión de propaganda electoral no puede ser contratada en medios de comunicación de ningún tipo. También queda prohibida en redes sociales, aunque en estas últimas se podrán colocar los posts y los selfis respectivos, al menos para que los operadores políticos, que los habrá, garanticen los likes respectivos.
Lo que sí se permite, es el volanteo, la impresión de hojas para repartir casa por casa. Es el retorno a la era del papel. Claro, reciclable y no tóxico, se señala en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Quien redactó la iniciativa tiene una reminiscencia con el tiempo de los mimeógrafos, con esas jornadas de impresión de documentos poco legibles, en noches largas y de mucho café. Actividades algo románticas, aunque en la mayoría de las ocasiones inútiles, porque nadie en su sano juicio leía semejantes productos.
Será curioso recibir junto a las ofertas de pizza, arreglos eléctricos, pagos de servicios, las propuestas de los próximos jueces constitucionales. “Les garantizo una lectura literal”, “seré los ojos y la voz del pueblo en el Pleno”, “conmigo no habrá amparo que valga”, y las frases que guste usted.
Aún no está definido el tope de gastos de campaña, así que es difícil pronosticar el alcance que esto puede tener, sobre todo en los cargos que tienen alcance nacional.
Tampoco es que sea sencillo, en las democracias –con la excepción del desastre documentado en Bolivia– los jueces de los altos tribunales no se eligen en urnas y no se exponen a tener que quedar bien con quienes los postularon y con los que habrán de aplaudirles.
Las reformas que están por aprobarse en el Senado, en el tramo reglamentario, contemplan que se hagan foros y debates y que para ello se convenza a instituciones del sector público y privado para que participen de modo gratuito para hacerlo posible.
La van a dar un apretón y fuerte a los medios con esas propuestas a las que nadie se puede negar. El problema, sin embargo, es logístico, ya que por la cantidad de aspirantes será difícil el organizar este tipo de eventos sin maltratar la equidad.
Las encuestas también estarán presentes, aunque no puedan ser contratadas por los aspirantes, y ni falta que hace, ya otros lo terminarán haciendo por ellos.
@jandradej
El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
