Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
López Obrador, un viraje que parece verdad histórica
Tiene razón el presidente en sus conclusiones sobre Ayotzinapa: los muchachos fueron detenidos por policías municipales y entregados al crimen organizado. Pero esto se sabía desde hace nueve años y lo dio a conocer el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.–El presidente López Obrador, a un año de dejar el poder, suelta el lastre del caso Ayotzinapa. A estas alturas ya no le reditúa beneficio alguno que se mantenga la idea de que el Ejército tuvo una participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos.
Descalificó, de modo agrio, al GIEI, llamándolos “vividores del dolor ajeno”. Reveló que nunca le dieron pruebas y que su labor se resumió en dichos.
Por eso, estableció su hipótesis, la que se convertirá en la conclusión de la FGR: los muchachos fueron detenidos por policías municipales y entregados al crimen organizado. El entonces presidente, Enrique Peña Nieto y su secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, no están involucrados en los hechos.
Coloca lo ocurrido en el ámbito regional, en la pudrición que era la política y la seguridad en Iguala.
Tiene razón el primer mandatario, así ocurrieron los hechos, pero esto se sabía desde hace nueve años y lo dio a conocer el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Ese es el eje de la vilipendiada verdad histórica.
Murillo Karam está en prisión por “fabricar” lo que ahora el presidente López Obrador sostiene. “Fue un contubernio local que se tapó con mentiras”.
Hay matices, por supuesto, pero en esencia volvemos al principio.
Se aparta de Murillo solo porque sostiene que existieron negligencias, omisiones de autoridades de todos los niveles que no hicieron los que les correspondía, donde algunos militares pudieron estar involucrados en la corrupción que, por lo demás, era notoria, empezando por el alcalde José Luis Abarca.
El presidente López Obrador insiste en que el Ejército colaboró en todo momento con las indagatorias y los del GIEI dicen que eso no se apega a la verdad y remiten a los informes que elaboraron durante su participación en el caso.
La disputa sobre todo tiene que ver con informes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Iguala, que los soldados dicen que no existen.
El viraje presidencial implicará daños colaterales, el más notable, Alejandro Encinas, quien apenas hace unos días anunció la “junta de autoridades” donde, a decir de él, se fabricó la verdad histórica. De acuerdo con el subsecretario de Gobernación, en ella participaron Peña Nieto, Cienfuegos y Murillo. Ya el presidente de la República dijo que dos de ellos no tienen de que preocuparse y la furia, la que quede, se cebará contra el exprocurador.
Encinas quedó en medio de los reclamos de los padres de Ayotzinapa y de las instrucciones emanadas de Palacio Nacional. Nada logrará en los meses que restan de mandato.
Su situación es delicada, porque más allá de informes, en la FGR no le harán caso alguno, si es que alguna vez le hicieron, porque ya tienen línea de cómo actuar y no se van a salir de ella.
Se concentrarán, en todo caso, en intentar traer al país a Tomás Zerón, pero eso se puede demorar o no ocurrir nunca.
El desconcierto alcanzó también a organizaciones como Tlachinollan, Fundar, Serapaz y el Centro Pro de Derechos Humanos, quienes, de modo realista aventuran que “no dejamos de hacer notar que, en un sexenio marcado por el enorme peso de la palabra presidencial, las recientes expresiones disminuyen la posibilidad de que las instituciones terminen de abrir los diques de encubrimiento que hoy impiden dar por esclarecido el caso”.
Entramos en una suerte de limbo de la que ya no habrá solución satisfactoria para los familiares de las víctimas. Los engañaron propios y extraños. Otra cosa habría sido que desde el inicio de este gobierno la FGR hubiera actuado con rectitud, no lo hizo porque el fiscal Omar Gómez Trejo tenía la agenda del GIEI.
Por lo menos, con alguien solvente, se habría impedido que decenas de implicados, algunos de ellos asesinos materiales, alcanzaran la libertad.
Los grandes casos criminales nunca se pueden cerrar en México. Siempre quedan aristas y flecos que son aprovechados por aventureros del momento.
Más allá de indagatorias serias –que no es el caso la de Ayotzinapa, porque se enredó de tal modo que es casi imposible despejarla–, como las de Luis Donaldo Colosio o el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, siempre hay pretexto para generar sospechas y esparcir veneno.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
.svg){kind=small}
