Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Quieren todo, alegan un enigmático mandato del pueblo, al que, por supuesto, sólo ellos representan. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Cuando ya se está en una crisis, como la provocada por la Reforma Judicial, no hay salidas buenas, pero hay que intentar las menos desastrosas.
No es gradualismo, es sentido de la realidad.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá está abriendo una puerta para que se pueda recorrer un camino menos sinuoso, al proponer que la elección por voto popular se circunscriba a los ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y los integrantes del órgano de disciplina.
Para nada es una panacea, porque el único procedimiento similar es el que impera en Bolivia y es un fracaso total, precisamente porque surgió del apetito de un grupo político y no de una construcción adecuada y consensuada con todos los implicados.
El ministro González Alcántara tiene que convencer a ocho de los 11 integrantes del Pleno de la Suprema Corte, pero es factible que lo logre, si existe un ambiente y disposición adecuada para ello, pero no sólo entre sus pares, sino de parte de los impulsores de la reforma.
Ya le dijeron que no, empezando por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
Insisten en que ellos tienen la razón, que la SCJN no puede meterse con reformas Constitucionales y que ya viene una legislación que los colocará en la calidad de infalibles e inimpugnables.
Algo así como aquello de que “no hay más ruta que la nuestra” y que “el partido nunca se equivoca”.
Quieren todo, alegan un enigmático mandato del pueblo, al que, por supuesto, sólo ellos representan.
En Palacio Nacional deberían ponderar la situación. La elección de miles de juzgadores será un desastre, de ello no hay duda, aunque se puede conceder que quizá existan matices sobre su escala, que va de lo muy malo a lo catastrófico.
El ministro les está dando una válvula de oxígeno, inclusive una coartada para no tener que proceder a lo que será un proceso de inestabilidad y desafíos, donde quienes pagarán serán los ciudadanos, porque a la deficiente operación de fuerzas de seguridad y fiscalías, se sumará el autosabotaje de terminar con la carrera judicial y tirar por la borda la experiencia y preparación de miles de servidores públicos.
Pero la determinación, en la 4T, es la captura del Poder Judicial en su conjunto, porque de lo que se trata es de hacerlo inoperante y solo funcional para respaldar lo que convenga al grupo político mayoritario, a sus aliados económicos y empresariales.
El ministro ponente hizo una defensa, con argumentos, de la inamovilidad que deben tener en el cargo los jueces para que conserven su independencia.
Recordó un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que “la cooptación de los órganos judiciales por otros poderes públicos afecta transversalmente a toda la institucionalidad democrática, y en esa medida constituye un riesgo para el control del proceso político y de los derechos humanos, pues menoscaba las garantías institucionales que permiten el control del ejercicio arbitrario del poder.”
El ministro pone el ojo en el disparate de elección misma, donde, si se toma el ejemplo de la Ciudad de México, los votantes tendrán que seleccionar entre listados de mil 155 candidaturas.
“El diseño tiene un efecto antidemocrático al establecer un sistema que por sus características intrínsecas no permite votar de manera informada”.
Al grado de que, si nos atenemos a los tiempos oficiales, los que regula el INE y que son los que se utilizarán para difundir el proceso, cada aspirante tendría 2.5 segundos diarios que alcanzarían, si acaso, para presentarse.
Y remata, al señalar que el sistema analizado “no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático.”
Lo más grave es que los ciudadanos no tendrán certeza alguna sobre la elección de quienes impartirán justicia.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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