Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Si la furia mostrada contra Murillo Karam se hubiera aplicado a los responsables materiales de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, muchos de estos sicarios no habrían alcanzado su libertad.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.–Jesús Murillo Karam es un rehén de la ineficacia de la FGR en el caso Ayotzinapa. Es la única medalla que se pueden colgar en la 4T desde que inició la actual administración y trataron de revertir la verdad histórica, pero es un logro envenenado.
Hace unos días un juez le concedió a Murillo Karam llevar su proceso en prisión domiciliaria, pero el fiscal Alejandro Gertz montó en cólera, porque sabe que en Palacio Nacional no tolerarán algo que puede ser visto como una suerte de liberación, aunque para nada lo sea.
Quien fue responsable federal de la indagatoria sobre los hechos ocurridos en Iguala, tiene derecho, por condiciones de edad y salud, a ese beneficio que proviene de una lógica garantista de la ley.
Recordemos que Luis Echeverría, al ser procesado por delitos ocurridos durante la guerra sucia, nunca abandonó su residencia de San Jerónimo, donde fue vigilado por elementos de la AFI, mientras se le decretó un arraigo, toda vez que así lo determinó un juez. Se privilegió, entonces, el aspecto de garantías del inculpado, sin que existiera un afán revanchista de la entonces PGR.
El juicio contra el expresidente terminó en un fracaso, pero ahí quedaron las constancias respecto a hechos criminales del 10 de junio de 1971, entre otros.
Ahora, en cambio, harán todo los posible para que Murillo Karam se quede en el penal de Tepepan, a sabiendas de que la verdad histórica, la que el inculpado estableció ministerialmente, es lo único con que cuentan después del desastre en que convirtieron la indagatoria sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
De algún modo se entiende que quieran seguir con el juicio, lo que ya no es decoroso, es pretendan hacerlo más con un afán de castigo que de justicia.
¿Qué arriesgaría la FGR con el traslado de Murillo a su domicilio? En realidad, nada relevante respecto al propio entramado legal. No es posible que piensen, con seriedad, que el también exgobernador de Hidalgo esté en posibilidades o condiciones de darse a la fuga o que se comprometa a las presuntas víctimas por cambiar las condiciones de detención.
El problema, en el fondo, es que el actual gobierno es poco partidario de los derechos humanos y ello se refleja en la sobreutilización de la prisión preventiva. Es más, desde 2019 han aumentado el catálogo de delitos que la permiten, poniendo en entredicho la progresividad de las legislaciones.
Murillo Karam está en prisión por el inverosímil delito de desaparición forzada y por presuntas torturas en contra de integrantes de la banda criminal de los Guerreros Unidos.
En el fondo, no le van a perdonar que su hipótesis sobre lo ocurrido continúe como la más sólida, al grado de que el propio presidente López Obrador la retomó, porque ello sería aceptar que estuvieron haciendo propaganda, en lugar de buscar el esclarecimiento de los hechos.
Si la furia mostrada contra Murillo Karam la hubieran aplicado a los responsables materiales de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, muchos de estos sicarios no habrían alcanzado su libertad.
Son esas paradojas macabras que ilustran el México de estos días, donde destaca que uno de los responsables directos y cabeza del crimen organizado tenga el privilegio de vivir en libertad y de contar con calidad de testigo colaborador, mientras uno de los investigadores del caso, que llevó a decenas de consignaciones, esté en un hospital penitenciario esperando, por lo menos, que llegue noviembre de 2024 y que se reanuden, en su caso, las posibilidades no solo de alcanzar la liberación, sino al menos de llevar el encierro en las condiciones atenuadas que permite la ley.
LAS VÍSPERAS DEL 24
Pedro Kumamoto, quien logró una posición legislativa como independiente y fundó la organización Futuro, decidió dar un salto al vacío para sumarse, como aliado en Jalisco, a uno de los partidos de prácticas más arcaicas: Morena.
Kumamoto dice que lo convenció el proyecto de Claudia Sheinbaum, aunque lo que en realidad quiere es ser alcalde de Zapopan, aspiración difícil, porque se ve cuesta arriba que en ese municipio quieran aventurarse con un político que acaba de refinar las artes del chapulineo.
Pero Kumamoto, a fin de cuentas, está siendo lo que siempre fue, un político, aunque haya engatusado a quienes de modo genuino lo respaldaron cuando irrumpió, con crítica lapidaria, contra el sistema de partidos.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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