La sentencia de “El Mayo”: justicia y el espejo que México no quiere ver

Luego de la sentencia de "El Mayo", el mensaje de Estados Unidos, traducido a la clase política mexicana, es: si México no investiga a sus propios corruptos, Estados Unidos lo hará con sus reglas, sus tribunales y sus tiempos. La opinión de @Odra__sir.

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Desde siempre, la palabra ha sido la herramienta más eficaz de la política. Con ella se construyen liderazgos, se despiertan esperanzas y se ganan elecciones. El problema comienza cuando el discurso deja de ser un compromiso para convertirse en un refugio. La opinión de @SoledadDurazo.

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*Por Odracir Ricardo Espinoza Valdez

EMEEQUIS.– La cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada en una corte federal de Brooklyn no es solamente el cierre judicial de uno de los capos más importantes de la historia moderna. Es, sobre todo, un mensaje dirigido a México y a su clase politica. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Zambada fue sentenciado a prisión de por vida y al decomiso de 15 mil millones de dólares por encabezar una empresa criminal continua —el Cártel de Sinaloa— y por delitos de crimen organizado bajo la ley RICO. Según el propio comunicado del DOJ, “El Mayo” dirigió durante casi cuatro décadas el tráfico de fentanilo, cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos. 

La frase más importante del comunicado no es la condena; es la advertencia. El Departamento de Justicia dijo a quienes siguen en el negocio: “we will find you, we will prosecute you”. La DEA fue todavía más clara: “Justice does not have an expiration date”. Traducido a la clase política mexicana: si México no investiga a sus propios corruptos, Estados Unidos lo hará con sus reglas, sus tribunales y sus tiempos

El caso debe contextualizarse. Zambada fue detenido en 2024 en circunstancias todavía discutidas, tras llegar a Estados Unidos en un avión junto con Joaquín Guzmán López. El propio Mayo sostuvo que fue engañado y llevado contra su voluntad. El caso provocó tensiones diplomáticas porque México ha pedido aclarar si hubo participación de agencias estadounidenses en territorio nacional y si se violó la soberanía mexicana; incluso una versión estenográfica oficial del Gobierno mexicano registra que la Secretaría de Gobernación sostuvo que el manejo de Guzmán y la llegada de Zambada estuvieron rodeados de información no consultada con México y de posibles violaciones al Tratado de Extradición. 

Pero la sentencia de hoy cambia la dinámica. Ya no estamos sólo ante el debate de cómo llegó “El Mayo” a Estados Unidos. Estamos ante la pregunta de qué va a decir, qué sabe, qué puede probarse y qué hará México con esa información. Proceso reportó que, ante la pregunta sobre si Estados Unidos buscará información de Zambada sobre narcocorrupción mexicana, el fiscal Joseph Nocella respondió que es “una investigación en curso”. Eso, dicho por un fiscal federal, no es una frase menor: es una puerta abierta y que vienen nombres, hechos y seguramente seguidas acusaciones. 

Aquí está el desgaste social y político para México. Durante décadas, el sistema político mexicano convivió con la idea de que el narcotráfico era un problema de policías, no de élites. La sentencia del Mayo destruye esa creencia o dicho popular. El propio Departamento de Justicia afirma que Zambada operó con impunidad mediante sobornos a funcionarios mexicanos y policías, y que testimonios en los juicios de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Genaro García Luna señalaron corrupción “en todos los niveles”: policías locales, funcionarios que alertaban al cártel sobre operativos militares y autoridades que consultaban al grupo criminal sobre investigaciones. Si eso no provoca una reacción penal en México, entonces el problema ya no es Estados Unidos, es sin duda, nuestra negativa institucional a mirarnos al espejo y accionar.

La pregunta es si esta sentencia representa una estrategia real contra el crimen organizado y el fentanilo o si también será usada electoralmente por Trump rumbo a noviembre. La respuesta honesta para mí, es que si a ambas cosas. Jurídicamente, el caso es real, hay declaración de culpabilidad, sentencia, decomiso, expedientes en varias jurisdicciones y una estructura de persecución penal contra empresas criminales. Políticamente, también es aplicable, estamos en plena temporada electoral estadounidense y mostrar a “El Mayo” condenado permite vender una narrativa de fuerza contra carteles, fentanilo y “amenazas extranjeras”, ganando puntos en su camino electoral a noviembre. El riesgo que pasa mucho en nuestro país es que la justicia se mezcle con campaña y que México sea usado como escenario electoral o como dicen algunos, la piñata electorera.

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Pero México no puede limitarse a decir “nos están usando”. Eso sería cómodo y cobarde. Si Estados Unidos tiene pruebas sobre narco corrupción, México debe exigirlas formalmente, lo he dicho. Si hay nombres, transferencias, contratos, funcionarios o mandos militares, la FGR, la UIF y los órganos internos de control deben abrir investigaciones espejo y judicializarlas. No para obedecer a Washington, sino para recuperar la famosa soberanía. Insisto, la soberanía no se defiende con discursos, se defiende con carpetas, decomisos, sentencias y limpieza institucional.

En términos jurídicos, la sentencia debe obligar a México a actuar en tres niveles: lavado de dinero, corrupción pública y delincuencia organizada. No basta celebrar que “ya cayó un capo o el personaje”. El verdadero golpe al crimen no es encarcelar al viejo líder, sino desmontar la red que permitió que operara durante décadas. Eso incluye políticos, policías, empresarios, notarios, transportistas, aduanas, prestanombres y campañas financiadas con dinero criminal.

¿Qué pasará en cinco años si Estados Unidos mantiene esta ruta? Sin vacilar, veremos más acusaciones contra mexicanos, más sanciones financieras, más restricciones de visa, más testigos cooperantes y más expedientes construidos desde Nueva York, Texas, Florida o California. También veremos una tensión creciente: Washington dirá que está combatiendo al narco; México dirá que hay injerencia. Y en medio quedará la pregunta esencial: ¿por qué México no llegó primero? Al tiempo…

El Gobierno mexicano debe reaccionar con inteligencia diplomática, no con reflejos. Debe exigir reciprocidad, como ya lo ha planteado la presidenta Sheinbaum en materia de extradiciones, al recordar que México ha solicitado cientos de requerimientos a Estados Unidos y que la relación debe ser recíproca. Pero reciprocidad no significa impunidad. Significa reglas iguales, si México entrega capos, Estados Unidos debe entregar información, activos y personas reclamadas por México y regresar dinero de esos negocios turbios. Si Estados Unidos decomisa 15 mil millones de dólares derivados de una empresa criminal que operó desde territorio mexicano, México debe reclamar participación jurídica en la recuperación de activos.

Cierro con tres conclusiones puntuales.

Primera: la sentencia de “El Mayo” no debe leerse como trofeo estadounidense, sino como fracaso acumulado del Estado mexicano. Nadie construye un imperio criminal de 40 años sin corrupción institucional, sin políticos metidos en el ajo.

Segunda: si México no abre investigaciones serias contra redes de protección, Estados Unidos seguirá ocupando el espacio con fiscales, sanciones, informantes y cortes federales. Eso no es soberanía; es sustitución por omisión, sentencias y justicia en suelo extranjero.

Tercera: la única salida digna es cooperación con reglas y lineamientos. Ni subordinación a Washington ni nacionalismo de narrativa. México debe investigar, sancionar, recuperar activos y limpiar su política. Porque el verdadero mensaje de esta sentencia no es que “El Mayo” pasará la vida en prisión; es que muchos de sus cómplices quizá apenas empiezan a perder el sueño y su tranquilidad.

*Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez.

Abogado Penalista, Académico, Primer Fiscal Anticorrupción del País y Ex asesor Legal del Departamento de Justicia de EU en México.

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