EMEEQUIS.–Se repita la misma historia pero ahora en Michoacán, Cristina “N” enfrenta proceso legal por haber hablado mal de un servidor público a través de redes sociales.
Esta semana, la Fiscalía General del Estado detuvo a una mujer por publicaciones realizadas en redes sociales contra un servidor público municipal.
La FGE informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Cristina “N”, señalada por su probable responsabilidad en el delito de ataques al honor a través de medios cibernéticos, previsto en el Código Penal estatal, informó el medio local La Voz de Michoacán.
El agravio habría sido cometido en perjuicio de un servidor público del municipio de Nuevo Parangaricutiro, también conocido como Nuevo San Juan Parangaricutiro.
Según la carpeta de investigación, Cristina “N” habría realizado diversas publicaciones desde distintos perfiles y grupos en redes sociales, en las que se emitieron expresiones consideradas por la Fiscalía como difamatorias o calumniosas contra el funcionario municipal. La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos a Través de Medios Cibernéticos, en coordinación con la Policía Cibernética, que identificó a la mujer como administradora del perfil digital desde el cual se difundieron los mensajes.
En redes sociales Karla Estrella, quien también fue sancionada por expresarse en contra de la diputada del PT Diana Karina Barreras Samaniego, escribió:
“Orden de aprehensión contra una mujer en Michoacán por ataque al honor de un servidor público a través de medios cibernéticos. En México hay libertad de expresión, no se reprime a nadie…”
Con esos datos, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, la cual fue concedida por un Juez de Control. Tras su detención, Cristina “N” fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional que ahora deberá resolver su situación jurídica.
SIN DECIR NOMBRES
Hasta ahora, la Fiscalía no ha revelado públicamente la identidad del servidor público que se dijo agraviado. Los comunicados oficiales y reportes de medios locales se limitan a señalar que se trata de “un servidor público municipal” de Nuevo Parangaricutiro, sin detallar el contenido específico de las publicaciones ni el contexto en el que se emitieron.
Una columna de opinión publicada en El Imparcial menciona que el presidente municipal de ese ayuntamiento es Jesús Espinoza Rochín, médico de profesión y actualmente en su segundo periodo, afiliado al PRI. Sin embargo, no existe confirmación oficial de que él sea el funcionario señalado en la denuncia.
En Michoacán, el delito de ataques al honor a través de medios cibernéticos sigue vigente y permite sancionar penalmente expresiones difundidas en redes sociales. Organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas han advertido que este tipo de figuras legales pueden convertirse en instrumentos de intimidación contra ciudadanos que cuestionan a autoridades, especialmente cuando se trata de funcionarios obligados, por su encargo, a un mayor umbral de escrutinio público.
La situación de Cristina “N” reabre una discusión que aun esta pendiente en algunos estados y van contra el mensaje de “No censura” de la presidenta Sheinbaum: ¿se está protegiendo el honor de los servidores públicos o se está castigando la crítica en redes sociales?
UN PATRÓN QUE SE REPITE
El caso de Cristina “N” no es aislado. En los últimos años, distintas resoluciones judiciales han puesto bajo la lupa el alcance de la expresión en plataformas digitales cuando se trata de funcionarios públicos.
En agosto, Karla Estrella fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras realizar comentarios en redes sociales que fueron calificados como violencia política de género contra la diputada Diana Karina Barreras Samaniego. La resolución ordenó a la ciudadana publicar disculpas públicas diarias durante 30 días, refiriéndose a la legisladora como “Dato Protegido”, lo que generó una intensa discusión sobre límites a la crítica, protección de datos personales y proporcionalidad de las sanciones.
Ahora, antes de que acabe el año la situación se repite, Cristina tendrá que enfrentar a las autoridades y demostrar si sus comentarios fueron un ataque al honor del servidor público aún desconocido o si se trataron de actos de libertad de expresión.
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