El asesinato de Benjamín Medrano Quezada en Guadalajara ha sacudido la escena política nacional, luego de confirmarse que el exalcalde de Fresnillo y primer edil abiertamente gay en la historia de México fue ejecutado a balazos en una heladería tras permanecer días como desconocido en el Semefo. El crimen contra el también empresario, quien se refugiaba en Jalisco debido a una orden de aprehensión por un presunto desvío de más de 60 millones de pesos en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), ha desatado acusaciones de persecución política por parte de su familia, abriendo un complejo expediente interestatal que entrelaza las cuentas públicas con la violencia letal
La desarticulación de la jefatura policial de Zacapu destapó una grave red de traición institucional en Michoacán, luego de que la FGE capturara al comisario Raúl Fuerte Rodríguez y a su subdirector por su presunta coautoría en la emboscada que provocó la muerte de cinco elementos de la Guardia Civil en Nahuatzen. Las investigaciones de las autoridades estatales apuntan a que ambos mandos habrían orquestado el robo y desvío de las armas de cargo corporativas de la policía municipal con el objetivo de abastecer directamente a las células operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revelando cómo el arsenal del propio Estado fue entregado al crimen organizado para ejecutar la masacre en la Meseta Purépecha
La FGR sumó un nuevo fracaso en el caso Agronitrogenados luego de que una jueza federal rechazara imponer prisión preventiva justificada a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, debido a que el Ministerio Público presentó datos desactualizados y obtuvo información financiera del Afore de la imputada sin autorización judicial. La juzgadora Nora Iliana García Peralta criticó duramente las deficiencias técnicas de la fiscalía —como basarse en notas periodísticas y alertas migratorias tardías—, por lo que determinó que Lozoya Austin, vinculada a proceso por lavado de dinero tras presuntamente triangular 3.4 millones de dólares de AHMSA, llevará su proceso en libertad provisional con el uso de un brazalete electrónico, mientras la FGR mantiene abiertas otras indagatorias que incluyen el caso Odebrecht
La detención del abogado Alejandro Álvarez Puga en Cancún propina un golpe letal a la red de protección del clan Gómez Mont, al ser asegurado por la FGR como el último operador financiero clave que permanecía en libertad. El imputado fue recluido en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México para responder por su coautoría en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos de la Segob mediante empresas "factureras" y 1,446 operaciones bancarias simuladas; una captura estratégica que congela los activos de la organización y deja a la conductora Inés Gómez Mont completamente aislada y como la última prófuga de este histórico fraude al erario
El asesinato de Benjamín Medrano Quezada en Guadalajara ha sacudido la escena política nacional, luego de confirmarse que el exalcalde de Fresnillo y primer edil abiertamente gay en la historia de México fue ejecutado a balazos en una heladería tras permanecer días como desconocido en el Semefo. El crimen contra el también empresario, quien se refugiaba en Jalisco debido a una orden de aprehensión por un presunto desvío de más de 60 millones de pesos en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), ha desatado acusaciones de persecución política por parte de su familia, abriendo un complejo expediente interestatal que entrelaza las cuentas públicas con la violencia letal
En la SEDENA acertaron al no condenar a sus propios elementos y, por el contrario, apostar a que fueran las instancias judiciales las que resolvieran el asunto de Ayotzinapa: ocho de sus elementos enfrentarán sus procesos en libertad.
El asesinato de Benjamín Medrano Quezada en Guadalajara ha sacudido la escena política nacional, luego de confirmarse que el exalcalde de Fresnillo y primer edil abiertamente gay en la historia de México fue ejecutado a balazos en una heladería tras permanecer días como desconocido en el Semefo. El crimen contra el también empresario, quien se refugiaba en Jalisco debido a una orden de aprehensión por un presunto desvío de más de 60 millones de pesos en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), ha desatado acusaciones de persecución política por parte de su familia, abriendo un complejo expediente interestatal que entrelaza las cuentas públicas con la violencia letal
EMEEQUIS.– Los militares no van a dejar pasar lo que consideran injusticias en el caso Ayotzinapa. Desde hace meses, un grupo de abogados que en algún momento estuvieron ligados a Julio Scherer, el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, y entre los que destaca César Omar González, trabajan para sacar de prisión a los soldados que están sujetos a proceso por el delito de desaparición forzada.
El fin de semana obtuvieron una victoria bastante significativa, al lograr que ocho de sus clientes salgan de la cárcel, aunque sujetos a la firma quincenal en el juzgado, el pago de 50 mil pesos como fianza, la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del país.
Se trata de Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares, Roberto de los Santos, Eloy Estrada, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo Díaz.
Hace unos meses, el general Rafael Hernández Nieto, quien fungió como comandante del 41 Batallón de Infantería, también obtuvo la prisión domiciliaria por el mismo asunto.
El cambio en la medida cautelar obedece a la instrucción de un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, pero sobre todo a las garantías de que los propios inculpados no huirán y no lo harán, porque en el Ejército los están ayudando para que puedan probar su inocencia.
Lo que está ocurriendo son señales ya muy claras del derrumbe de la indagatoria del caso Ayotzinapa en lo que respecta a los intentos de implicar a elementos de las Fuerzas Armadas.
Es el costo de agarrar un clavo ardiente, como son los testimonios, a conveniencia, de un testigo protegido, al que le llaman “Juan” pero que en realidad es el líder de los Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo “El Gil”.
En la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVaj), cayeron en la trampa, desde hace tiempo, de creer los cuentos de un personaje que, para mantener su libertad, les decía lo que querían escuchar.
Inclusive, en su momento, el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, advirtió sobre el asunto, molesto por todas las insidias que se desataron alrededor de capturas de pantalla de WhatsApp de las que nunca se pudo acreditar ni su procedencia y mucho menos su veracidad, pero que representaron un serio problema para los soldados.
Es probable que, con el paso del tiempo, los militares sean exonerados de la acusación de desaparición forzada. Es porque cuentan con abogados profesionales, pero también porque no hay nada serio en su contra.
En ese sentido, en la Secretaría de la Defensa acertaron en no condenar a sus propios elementos y, por el contrario, apostar a que fueran las instancias judiciales las que resolvieran el asunto. En eso están y así va a continuar.
Lo terrible es el desperdicio del tiempo, los presuntos responsables, ligados esos sí al crimen organizado, que alcanzaron la libertad por la negligencia de la fiscalía responsable de atender uno de los casos penales y de lesa humanidad más graves de la historia reciente.
La historia es conocida, los policías de Iguala, por órdenes del alcalde, secuestraron a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los entregaron a los Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e hicieron desaparecer los cadáveres.
Está narrativa es ya incontrovertible, porque está presente en las indagatorias de la PGR, las de la FGR, las de la CoVaj y las del propio GIEI.
El problema fue la demagogia, la irresponsabilidad de acusar a autoridades de todo orden y en particular al Ejército. Es el peor de los mundos posibles, porque los padres de las víctimas tendrán un motivo más para la frustración y se sentirán, de nueva cuenta, engañados.
El fracaso es tan grande como las promesas que se les hicieron, las que estaban cargadas de mentiras y de mucha, pero mucha, irresponsabilidad.
Pueden intentar acusar a los jueces, pero en lo que respecta al expediente de los militares, es un asunto que solo compete a los que ahora gobiernan.
LAS VÍSPERAS DEL 2024
Venció el periodo para renovar la credencial de elector. Hay una buena señal y fueron las largas filas de ciudadanos que esperaron por horas para hacer el trámite para ejercer su derecho al voto en junio próximo. La participación ciudadana, en democracia, es indispensable.
El asesinato de Benjamín Medrano Quezada en Guadalajara ha sacudido la escena política nacional, luego de confirmarse que el exalcalde de Fresnillo y primer edil abiertamente gay en la historia de México fue ejecutado a balazos en una heladería tras permanecer días como desconocido en el Semefo. El crimen contra el también empresario, quien se refugiaba en Jalisco debido a una orden de aprehensión por un presunto desvío de más de 60 millones de pesos en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), ha desatado acusaciones de persecución política por parte de su familia, abriendo un complejo expediente interestatal que entrelaza las cuentas públicas con la violencia letal
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