Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.–Durante años, quienes ahora gobiernan, esparcieron la insidia de que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa era una operación de Estado en la que participaron funcionarios de todas las áreas de seguridad y militares de alto relieve. No fue así, pero los padres de los estudiantes quieren que se cumpla con la historia que se sembró.
Lo que hay, a nueve años de la noche de Iguala, es la certeza de que los jóvenes normalistas fueron detenidos por policías municipales y entregados al grupo criminal de los Guerreros Unidos, quienes los mataron y esfumaron los cadáveres.
Lo que en términos llanos separa a la verdad histórica de las indagatorias actuales es la hipótesis sobre el destino final de los cuerpos. Jesús Murillo Karam reveló, en su momento, que los incineraron en el basurero de Cocula, y ahora se insiste en que no hay pruebas firmes de ello.
Los padres de los estudiantes creen que existen documentos de inteligencia militar que darían pistas sólidas sobre el paradero de sus hijos.
Hay una ficha que registra una conversación en la que se habla del destino que tendrían 17 de los estudiantes de Ayotzinapa. Es una hoja tamaño carta. Los padres quieren el resto de lo captado, pero en el Ejército señalan que esa información es de fuentes abiertas y que ellos no la obtuvieron.
El centro de los reclamos es la supuesta intervención de elementos de Inteligencia Militar en los hechos. Hay algo de pensamiento mágico en el asunto, porque se piensa que algún escrito o análisis dará cuenta de la trama de modo coherente, cuando el caso Ayotzinapa es en realidad una constelación de hechos que lo tornan bastante complejo, sobre todo por el ecosistema delictivo que se generó en Iguala a lo largo de décadas y que sí implico la colusión de autoridades con los delincuentes.
Los familiares de los estudiantes sustentan su convicción en los requerimientos que hizo el GIEI en su momento. Pero hay un problema, el presidente López Obrador ya les dijo que toda la información con que cuentan los militares ya fue proporcionada y es parte de las indagatorias.
Por eso es por lo que los padres de los normalistas realizaron un plantón en el Campo Militar número uno. Un hecho inusitado, por cierto, pero que ilustra cómo se irán poniendo las cosas porque no habrá versión que les satisfaga y con razón, ya que ellos quieren encontrar a sus vástagos, un reclamo que nadie puede reprocharles, pero del que no habrá solución.
Por ahora aceptan, cada vez más a regañadientes, que el titular del Ejecutivo no encubre a nadie, pero insisten en que los militares sí lo hacen.
Vidulfo Rosales, en su calidad de vocero de los inconformes, ya muestra dudas sobre las historias que contó Gildardo López Astudillo “El Gil”, conocido en los expedientes del caso Ayotzinapa como “Juan”.
Quiere que se contrasten las múltiples versiones del líder de los Guerreros Unidos, quien sí está involucrado en las desapariciones, pero obtuvo la libertad por el salvoconducto de ser testigo protegido y debido a la autoría de las más descabelladas teorías, como la que sostiene que los normalistas fueron llevados a hornos crematorios, lo que no se sostiene, porque los restos encontrados muestran que la incineración ocurrió por fuego no controlado.
Lo que sí hay, en cambio, son averiguaciones sobre la trayectoria criminal de “El Gil” y de sus actividades esa noche en Iguala, las que se desprenden de los datos proporcionados por la DEA.
Esto último es relevante, porque la agencia antidrogas, por medio de intervención de comunicaciones, tuvo a su disposición las instrucciones que los hermanos Salgado Casarrubias le dieron a “El Gil” para acusar falsamente a diversos servidores públicos de los sucesos y de sus derivaciones criminales.
Además, están los testimonios de Bernabé y Cruz Sotelo, obtenidos en presencia de abogados y visitadores de la CNDH, donde implican a “El Gil” en los hechos. Nueve años de Ayotzinapa, una investigación que no avanza, porque el nudo central de lo ocurrido no embona con las teorías de la conspiración.
El presidente López Obrador terminará peleado con los padres de los normalistas. Es solo cuestión de tiempo. No hay carretera que los lleve a un punto de intersección. Ya son caminos separados y solo se está ganando tiempo, pero la furia estallará tarde o temprano.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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