La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La ministra presidenta dio cuenta de la campaña que se desató desde hace seis años para desprestigiar a los juzgadores. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– La ministra Norma Piña Hernández pronunció el que será su último Informe como presidenta de la Suprema Corte. El año próximo estaremos en un escenario inédito y con una integración del Pleno que provendrá de la elección en las urnas, después de un proceso que, ya desde ahora, pinta para ser un desastre.
Desairada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien envió como su representante al subsecretario de Gobernación, César Yáñez, y por tres magistrados del Tribunal Electoral ausentes, ya que sólo acudieron Janine Otálora y Reyes Rodríguez, la ministra Piña Hernández no se amilanó, sino lo contrario.
Después de todo, estaba ante los suyos, con servidores públicos que han hecho de la carrera judicial una apuesta de vida y por sus colegas del Pleno, en particular de los que también culminarán su encargo en agosto próximo.
Las palabras de Piña Hernández quedarán grabadas en la memoria de las generaciones que atestiguamos la destrucción de la independencia judicial.
Pero lejos de quedarse en la enunciación del golpe, la ministra presidenta dio cuenta de la campaña que se desató desde hace seis años para desprestigiar a los juzgadores.
Advirtió que se está innovando a partir de una narrativa falsa que tuvo y tiene el propósito de sujetar al Poder Judicial a lógicas electorales y de partidos.
Es “un caso típico de posverdad”, donde se activaron los sentimientos, para evitar que se impusieran las razones.
Describió, con puntualidad, las resoluciones que hicieron que se intensificara la estrategia de descalificación impulsada desde Palacio Nacional: el rechazo a la militarización de la Guardia Nacional; la cancelación del decreto que clasificaba como Seguridad Nacional a los proyectos prioritarios del gobierno, para que estuvieran exentos del acceso a la información y la protección de los derechos sociales y ambientales y, como corolario, la desaprobación del entonces llamado Plan B por violaciones al procedimiento legislativo.
La respuesta contra los jueces, explicó Piña Hernández, fueron las amenazas de persecuciones penales y juicios políticos.
Pero, aunado a ello, se generalizó la práctica de violar las suspensiones dictadas por los juzgadores, en una situación anómala y riesgosa.
Esto es grave, porque lo señala quien preside al Poder Judicial. Por desgracia poco se puede hacer al respecto, porque las barreras fueron cayendo una a una y en un escenario donde los derechos humanos están en riesgo, ya que el poder no puede ser contenido.
La ministra desnudó la incoherencia que está detrás de la militarización de la seguridad pública y de la expansión de la prisión preventiva oficiosa, ya que lo que revelan es la debilidad de las policías y las fiscalías, para las que no hay reforma en el horizonte.
Visto con retrospectiva, el recuento que hizo Piña Hernández podría observarse como aquel de las últimas batallas en lo que respecta a la protección de los equilibrios entre poderes.
Es el pasado, porque ahora la Guardia Nacional es militar, el INAI ya no existe y no hay impedimento para clasificar toda la información, si es preciso.
Tarde o temprano se tendrá que hacer un balance. La Corte que está por extinguirse hablará por sus sentencias, esa es, como dijo el exministro José Ramón Cossío, “su acta de entrega”. Veremos que harán los que están por llegar.
EN OTROS ASUNTOS
Ante el desastre en que se encuentra Pemex, el senador Óscar Cantón Zetina presentó un punto de acuerdo, que se aprobó por unanimidad, para que la empresa petrolera informe de las deudas que tiene con los diversos proveedores y elabore un calendario en el que especifiquen cómo se irán saldando los adeudos.
Lo que se requiere es dotar de seguridad, transparencia y certeza a quienes han prestado un servicio a Petróleos Mexicanos para evitar que sus empresas vayan a la quiebra.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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