La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La experiencia de Ron Johnson como agente de inteligencia, soldado y embajador, puede ayudar a que se entienda el cambio de estrategia de seguridad respecto a López Obrador, siempre y cuando se revierta la impunidad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Lo que significa el bagaje de Ron Johnson. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– La nominación de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México da pistas de cómo nos ven en Washington y de cuáles son los esquemas que impulsarán en temas como el combate al narcotráfico y la migración.
Jorge Castañeda y Raymundo Riva Palacio advertían, desde hace unas semanas, de los daños que ya se causaron a la imagen de nuestro país al sur del río Bravo y ponían como ejemplo a la serie Lioness, protagonizada por Zoe Saldaña, Génesis Rodríguez, Nicole Kidman y Michel Kelly, donde un grupo de la CIA se encarga de operar contra narcotraficantes que son utilizados por el gobierno de China.
Más allá de lo rebuscado del argumento, es importante detenerse a analizar lo que este tipo de relatos generan en la opinión pública y de las percepciones que de ello se derivan.
Para nada es nueva la mala imagen, sobre todo en lo que respecta a las agencias de seguridad, ni las distorsiones a las que se recurre, pero en esta ocasión cuentan con el abono del propio relato del gobierno mexicano que hizo de “los abrazos y los no balazos” su eje de comunicación en lo que se refiere a la seguridad.
Johnson es un graduado de la Universidad Nacional de Inteligencia y tiene estudios en Ciencia, al grado de que fue el enlace de la CIA con el Comando de Operaciones Especiales en esa materia y en tecnología.
Llegó a coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército y como tal operó en diversos países, entre ellos Irak y Afganistán.
Es un tipo cuidadoso, como lo demostró en su paso como embajador en El Salvador, donde apoyó, de modo decidido, al presidente, Nayib Bukele.
Si se tratara de la serie Lioness, sería el diplomático ideal, ya que tendría que solapar toda clase de tropelías de los agentes de la CIA en aras de un bien mayor: la seguridad de los Estados Unidos y sus ciudadanos.
Lo serio, lo que implicará la llegada de Jonhson, será establecer un énfasis en el control de la migración y en lo que respecta a parar la producción y trasiego del fentanilo.
Enero será un mes difícil, del que ya se pueden bosquejar sus nubarrones a partir de las presiones de Donald Trump aún antes de asumir la presidencia.
Por ello es fundamental acompañar a los esfuerzos de seguridad en el terreno, con un despliegue de relaciones públicas en Washington.
Es algo que se dejó de hacer o se hizo mal, porque la comunicación que estableció López Obrador se olvidó del exterior y de las acechanzas que de ahí vendrían.
Las bravatas contra el Rey de España o los apoyos a Cuba y Venezuela tampoco ayudaron mucho y menos en los medios de comunicación poderosos y serios en Estados Unidos.
Lejos de ser un gasto, la comunicación política en el exterior es una inversión para ayudar a revertir las apreciaciones incorrectas y colocar otro relato que mantenga a raya a los halcones que llegarán a los cargos de mayor relevancia.
Johnson, por supuesto, es una pieza de ese esquema, pero también puede ser un apoyo en la medida en que existan resultados en lo que son problemas comunes.
Su experiencia como agente de inteligencia, soldado y embajador, puede ayudar a que se entiendan las virtudes de lo que es un cambio de estrategia respecto a López Obrador.
Pero todo eso estará sujeto a que se revierta la impunidad, a que se rompan las redes de protección, a todos niveles, con las que cuentan los grupos del crimen organizado y que tiene su epicentro, en estos momentos, en Sinaloa.
Quizá como consuelo, al menos hay que admitir que no hay espacio para la ingenuidad y menos cuando el próximo secretario de Estado será Marco Rubio, un conocedor de la realidad mexicana y muy crítico respecto a lo que ha venido ocurriendo.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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