Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
¿Dónde están los expedientes que elaboró la Dirección Federal de Seguridad (DFS) sobre Carlos Salinas de Gortari, Manuel Bartlett y Javier García Paniagua? Al menos no están en el Archivo General de la Nación.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.– Los expedientes que elaboró la Dirección Federal de Seguridad (DFS) sobre Carlos Salinas de Gortari, Manuel Bartlett y Javier García Paniagua, entre otros, ya no están en el Archivo General de la Nación. En algún momento estuvieron dentro del catálogo, pero se perdieron o los trasladaron a otras dependencias, probablemente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que antes era el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (CISEN).
En el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico creen que la sustracción pudo haber ocurrido entre 2002 y 2019, periodo en que los encargados directos del acervo en Lecumberri eran funcionarios del área de inteligencia y quienes conocían el manejo de la información contenida en las 4 mil 223 cajas que envió el entonces titular del CISEN, Eduardo Medina Mora, en noviembre de 2001, cumpliendo la instrucción del presidente Vicente Fox de hacer públicos los acervos que cubren el periodo que va de 1947 a 1985.
Las desapariciones de los documentos no son casuales, ya que abarcan a los que contienen los seguimientos que se realizaron a personas y grupos destacados en la vida pública y que eran vistos como una amenaza al sistema; los que podrían involucrar a la institución y en particular a la DFS en violaciones a los Derechos Humanos; los que relacionaban a los agentes con actos ilegales y delictivos y la de algunos políticos que tenían cercanía con la DFS-DISEN-CISEN.
En la “Segunda ampliación de evidencias sobre la transferencia de documentación del CNI al AGN”, se lamenta la ausencia de los análisis y seguimientos que se realizaron sobre Javier García Paniagua “pieza fundamental en la política del Estado encargada de combatir a los grupos subversivos de la guerra sucia”.
Sobre Manuel Bartlett señalan que “se trata de un personaje sumamente importante para entender la violencia de Estado en la década de 1980.”
En efecto, es una lástima que no estén localizables esos y otros archivos, ya que sin duda aportarían a la reconstrucción de la historia en un periodo por demás complicado.
García Paniagua se encargó de la DFS de 1976 a 1978, pero su influencia en esa corporación se extendió hasta 1982.
José López Portillo se refiere al asunto en “Mis Tiempos. Biografía y Testimonio Político (Fernández editores 1988)” al señalar: “removí al director de la DFS, secuencia de la renuncia de García Paniagua (a la secretaría del Trabajo); lo sucede el licenciado Zorrilla, gente de Fernando Gutiérrez Barrios. Pensé dárselo al general Godínez, pero hubiera habido una rivalidad con la Secretaría de la Defensa. Preferí una persona inocua e institucional que era el secretario de gobierno de Guillermo Rossel” en Hidalgo.
Los movimientos eran consecuencia de la sucesión presidencial, donde García Paniagua no se tomó nada bien el no ser elegido candidato presidencial. Su desconcierto provino de que tuvo una carrera meteórica desde la DFS, subsecretario de Gobernación, secretario de Reforma Agraria y dirigente del PRI, hasta antes del destape. Se quedó hasta el tramo final, porque López Portillo necesitaba una figura recia y de raigambre popular, por si se ofrecía.
El candidato Miguel de la Madrid le pidió al presidente que sacara a García Paniagua de la Presidencia del PRI, por eso fungió como secretario de Trabajo por un periodo muy breve.
Pero en ese esquema la DFS era central por todo lo que implicaban sus labores, las buenas y las malas. Removieron a Miguel Nazar Haro y llegó José Antonio Zorrilla Pérez, lo que tendía consecuencias catastróficas, por los niveles de pudrición a los que llegó la policía política y por el homicidio del periodista Manuel Buendía, cuyo autor intelectual fue justamente Zorrilla Pérez.
Los ajustes en mandos policiales son una trama interesante para el periodo de la Guerra Sucia, que es el que estudia el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
El comportamiento, antecedentes y relaciones de quienes manejaron la DFS es crucial, porque muchos de sus oficiales estuvieron involucrados en violaciones graves a los Derechos Humanos.
La Brigada Blanca, el grupo encargado de desarticular a las guerrillas urbanas, tuvo un componente de comandantes y efectivos de la DFS nada despreciable.
Por lo demás, no deja de ser lamentable que documentos de carácter histórico se puedan perder y con ello dificulten la comprensión de una época que no se ha ido del todo, es más, que quizá está a la vuelta de la esquina, acechando.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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