Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar para integrarse a la dirigencia de Morena marca un punto de inflexión en la administración de Claudia Sheinbaum, provocando un intenso debate sobre la delgada línea entre la política social del Estado y la estrategia electoral del partido oficialista. Mientras el Gobierno justifica el movimiento como una transición natural de una "organizadora extraordinaria" hacia tareas del movimiento, la oposición y diversos críticos advierten sobre un posible conflicto de interés y el uso de los padrones de beneficiarios como herramientas de movilización política. Este relevo, que culminará formalmente en la próxima Asamblea Nacional, pone a prueba la ética de la "Cuarta Transformación" frente a las acusaciones de fusionar las estructuras gubernamentales con la maquinaria partidista para consolidar su hegemonía territorial.
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
¿Engaño o democracia? Cómo la campaña encubierta de Morena es ilegal
Estamos ante una campaña electoral encubierta que burla las reglas democráticas. Morena simula que busca un “coordinador nacional”, en lugar de candidato presidencial. El ejercicio acabará antes que empiece el verdadero proceso electoral de 2024, así que el ganador llevará ventaja de 4 meses.
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
EMEEQUIS.– El proceso interno de Morena para definir su candidato presidencial viola la ley electoral. Hay que decirlo con todas sus letras. Estamos frente a una campaña electoral encubierta para burlar todas las reglas democráticas y tener una ventaja indebida en las siguientes elecciones.
Tan conscientes están de dicha situación, que Morena decidió simular que se elige a un “Coordinador Nacional” en lugar de un candidato presidencial; que se hacen “asambleas informativas” y no actos de precampaña; y, para burlar sanciones por actos anticipados, el ejercicio terminará antes de que arranque el proceso electoral 2024 en septiembre.
Las precampañas inician formalmente en noviembre de este año; es decir, que el aspirante ganador llevará una ventaja de 4 meses sobre los candidatos de oposición, claro, sin contar todos los actos de proselitismo que han realizado desde el 2021.
Por ley, se consideran como actos de precampaña todas las acciones que busquen obtener el respaldo de militantes y simpatizantes para ser candidato. Entonces, ¿a quiénes quieren engañar?
Las precampañas deben tener topes de gastos a fin de evitar una ventaja indebida entre aspirantes, quienes también deben rendir informes de ingresos y egresos ante el INE so pena de cancelar su registro. Nada de eso se menciona en las reglas de Morena.
Por otro lado, las reglas de la sucesión presidencial dejan más dudas y preocupaciones.
De la lectura se desprende la falta de mecanismos para hacerlas obligatorias. No hay sanciones ni consecuencias para quienes incumplan. Y precisamente por este detalle es por lo que vemos a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard como los primeros en violentar los acuerdos.
Menciona que los aspirantes no podrán recibir respaldo público del presidente, gobernador, alcaldes y otros funcionarios de primer nivel. Una condición imposible por cómo ha actuado López Obrador. Incluso, el pasado domingo vimos a una alcaldesa capitalina darle apoyo a Sheinbaum.
No podrán llevarse a cabo debates entre los aspirantes para evitar confrontaciones. Lo cierto es que el Presidente no quiere cuestionamientos contra Claudia Sheinbaum como la tragedia de la Línea 12, o Adán Augusto sobre su papel por el incendio en una estación migratoria en Chihuahua.
Es preocupante el veto contra medios de comunicación durante este proceso. Citlalli Hernández ya dio los primeros nombres: Reforma y Latinus. La justificación es ‘incentivar’ los recorridos en territorio. Pero eso genera otro problema.
Las reglas también mencionan que no podrán hacer uso de recursos públicos, empresariales o de actividades presumiblemente ilícitas. Sin controles ¿cómo evitar que gobernadores usen dinero estatal a favor de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto?
En síntesis, más que asegurar la unidad, estas reglas son letra muerta que darán pie a múltiples delitos electorales.
Y cabe preguntar ¿Qué hará el INE al respecto?
Ha sido notorio que, con la llegada de Guadalupe Taddei, Rita Bell, Jorge Montaño y Arturo Castillo, el INE adoptó un papel menos protagónico y confrontativo. El pasado martes los consejeros electorales se reunieron con el Presidente. De acuerdo con Taddei, se habló de fortalecer la autonomía del INE y de abrir mesas de trabajo. Sin embargo, la incertidumbre permanece.
Basta recordar la negativa de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE a emitir medidas cautelares por actos anticipados. Por lo que preocupa que hagan propios los argumentos oficialistas de que este proceso no es para definir un candidato, sino para elegir a un ‘coordinador nacional’, y entonces, no hay nada que sancionar.
Y pronto enfrentarán su primera prueba de fuego. Movimiento Ciudadano y el PRD han denunciado estos hechos como actos anticipados de campaña. ¿Cómo procederán las autoridades electorales?
Finalmente, está el efecto dominó en diversos cargos.
Con la renuncia de Marcelo Ebrard, el Presidente anunció que será sustituido por Alicia Bárcena. Deberá ser ratificada por el Senado, y para ello, debe ser convocado a periodo extraordinario con mayoría calificada de la Comisión Permanente. ¿La oposición entregará sus votos o intentará convertirla en moneda de cambio por los comisionados faltantes del INAI?
Claudia Sheinbaum pidió licencia, el cual deberá ser aprobado por el Congreso local. El Secretario de Gobierno asumirá el cargo provisionalmente. Por cierto, si Martí Batres toma el mando, nunca más podrá aspirar a ser jefe de Gobierno. Finalmente, los legisladores deberán elegir a un Jefe sustituto mediante mayoría calificada. Es decir, deben negociar con la oposición.
Adán Augusto se separaría del cargo este viernes. Será interesante quién será su sustituto. Justamente el Presidente anunció que Rosa Icela no buscará competir por la Ciudad de México, ¿Quedará ella en la Secretaría de Gobernación?. También ha sonado Alejandro Encinas, aunque eso implicaría mayor fricción con la FGR y las fuerzas armadas.
En el caso de Ricardo Monreal, entrará su suplente Alejandro Rojas Díaz Durán. Y recientemente la bancada morenista decidió que su nuevo coordinador sea Eduardo Ramírez, anterior Presidente de la Mesa Directiva, y César Cravioto, conocido por agredir senadoras en la noche negra, será integrante en la Junta de Coordinación Política.
Es interesante el caso del Senador Manuel Velasco. Su suplente es Enrique Murat Hinojosa, sin embargo, también es diputado del PRI. ¿Decidirá regresar al Senado? Si es así, ¿se quedará en el PVEM o pasará la bancada tricolor?.
En cuanto el Diputado Gerardo Fernández Noroña implica también que deja vacía la vicecoordinación del PT. Su suplente es Francisco Javier Guerrero Varela, de quien no tenemos referencias.
Y, de manera sorpresiva, la diputada Yeidckol Polevnsky anunció que también se registrará en este proceso. ¿Morena permitirá una séptima aspirante? En caso de lograrlo, su participación restará a Claudia Sheinbaum, quien ha adoptado la bandera de que es tiempo para las mujeres.
El tiempo dirá. Pero en estos momentos estamos ante un atentado contra nuestras reglas democráticas. El oficialismo aceleró la marcha para mantener la Presidencia y el Congreso al margen de la ley.
Hablamos de 4 meses de precampañas con uso de recursos públicos de origen desconocido. Como ciudadanos, no debemos normalizar estos hechos. Y los medios de comunicación también tienen una importante responsabilidad: ¿cuestionarán esta ilegalidad o serán eco de los aspirantes?
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar para integrarse a la dirigencia de Morena marca un punto de inflexión en la administración de Claudia Sheinbaum, provocando un intenso debate sobre la delgada línea entre la política social del Estado y la estrategia electoral del partido oficialista. Mientras el Gobierno justifica el movimiento como una transición natural de una "organizadora extraordinaria" hacia tareas del movimiento, la oposición y diversos críticos advierten sobre un posible conflicto de interés y el uso de los padrones de beneficiarios como herramientas de movilización política. Este relevo, que culminará formalmente en la próxima Asamblea Nacional, pone a prueba la ética de la "Cuarta Transformación" frente a las acusaciones de fusionar las estructuras gubernamentales con la maquinaria partidista para consolidar su hegemonía territorial.
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