A unas semanas del arranque formal del proceso electoral de 2027, en el que habrá más de 20 mil cargos en disputa, las cifras obligan a analizar el poder del crimen organizado para influir en elecciones sin tocar una boleta. La opinión de @Juan_OrtizMX.
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) detienen a mediadora y cómplice por presunto despojo en la Del Valle. Son trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
La experiencia registrada en la elección de 2024 demostró que la violencia digital representa una de las principales amenazas para las mujeres que buscan un cargo de elección popular. ¿Qué debe hacer el INE para 2027? La opinión de @fdodiaznaranjo.
El gobierno de Puebla reserva por cinco años las bitácoras de vuelos y gastos de los helicópteros oficiales, tras la polémica sobre su presunto uso indiscriminado. Ni siquiera en plataformas de rastreo aparecen las aeronaves ¿Qué ocultan?
A unas semanas del arranque formal del proceso electoral de 2027, en el que habrá más de 20 mil cargos en disputa, las cifras obligan a analizar el poder del crimen organizado para influir en elecciones sin tocar una boleta. La opinión de @Juan_OrtizMX.
A unas semanas del arranque formal del proceso electoral de 2027, en el que habrá más de 20 mil cargos en disputa, las cifras obligan a analizar el poder del crimen organizado para influir en elecciones sin tocar una boleta. La opinión de @Juan_OrtizMX.
A unas semanas del arranque formal del proceso electoral de 2027, en el que habrá más de 20 mil cargos en disputa, las cifras obligan a analizar el poder del crimen organizado para influir en elecciones sin tocar una boleta. La opinión de @Juan_OrtizMX.
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Un candidato financiado, tolerado o impuesto por una organización criminal llegará al ayuntamiento con compromisos.
POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS.– Durante 2026 se han registrado 51 atentados contra figuras de la política local, según reportó Expansión Política esta semana. El dato es preocupante porque estamos a unas semanas del arranque formal del proceso electoral de 2027, cuando estarán en disputa más de 20 mil cargos en todo el país.
Y es que la cifra obliga a mirar el poder del crimen organizado para influir en elecciones sin tocar una boleta. Le basta con amenazar aspirantes, sacar partidos de municipios completos, imponer perfiles o garantizar que solo compitan quienes aceptan sus condiciones.
En Tequila, Jalisco, el exalcalde Diego Rivera Navarro fue vinculado a proceso por secuestrar y torturar a dos precandidatos de Morena en 2021 para obligarlos a renunciar. Su caso muestra que la intervención del narco ocurrió antes de la campaña y dentro de la selección partidista.
Veracruz también mostró algo parecido durante 2025. Ahí, 19 precandidatos de al menos 11 municipios desistieron entre amenazas e intimidaciones. En Guerrero, Movimiento Ciudadano decidió no competir en 12 municipios por inseguridad. En Jalisco, el PRI retiró candidaturas en siete municipios. La violencia también borra partidos enteros del mapa.
Un proceso partidista interno pierde sentido si un aspirante hace campaña con escoltas y otro recibe amenazas desde lo propios criminales o una policía municipal infiltrada.
El INE puede recibir solicitudes de protección y canalizarlas a la Secretaría de Seguridad. Después, la Guardia Nacional evalúa el nivel de riesgo y asigna personal. El esquema que prevén las autoridades contempla hasta diez efectivos y dos vehículos para casos de alto riesgo, mientras los niveles bajos reciben apenas un número de contacto.
La protección local depende de los institutos estatales y de los gobiernos locales. Ahí nace una competencia desigual. Un candidato cercano al gobernador puede tener interlocución con fuerzas federales. Un aspirante opositor o independiente puede quedar a merced de autoridades penetradas por grupos que intentan expulsarlo de la contienda.
El árbitro electoral administra la ventanilla de solicitudes, pero no controla la protección que recibirán los aspirantes.
Por eso la seguridad, o la falta de ella, ya funciona también como ventaja electoral, aunque la ley todavía la trate como un asunto separado de la equidad. Quien logre protección puede competir libremente. Quien no la consigue puede terminar renunciando… o asesinado.
La violencia tampoco termina el día de la votación. Un candidato financiado, tolerado o impuesto por una organización criminal llegará al ayuntamiento con compromisos. Después tendrá que ceder nombramientos policiales, contratos de obra, permisos comerciales, nóminas infladas o protección para operar rutas y mercados sin interferencia.
Integralia documentó que el 79.3% de los casos de violencia política de 2025 se concentró en el ámbito municipal. También explicó que capturar ayuntamientos es muy redituable económicamente.
Y para muestra está Morelos. Recientemente, cinco ediles y funcionarios fueron vinculados a proceso por presuntos nexos con una célula del Cártel de Sinaloa.
Rumbo a 2027, el riesgo principal está antes de la urna. El crimen decide en partes importantes del país quién llega al poder. Las autoridades electorales podrán validar dichas elecciones, pero la realidad es que los resultados habrán sido influidos por la violencia, y el gobierno elegido llegará debiendo favores que terminarán pagándose desde el ayuntamiento municipal capturado.
@Juan_OrtizMX
A unas semanas del arranque formal del proceso electoral de 2027, en el que habrá más de 20 mil cargos en disputa, las cifras obligan a analizar el poder del crimen organizado para influir en elecciones sin tocar una boleta. La opinión de @Juan_OrtizMX.
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) detienen a mediadora y cómplice por presunto despojo en la Del Valle. Son trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
La experiencia registrada en la elección de 2024 demostró que la violencia digital representa una de las principales amenazas para las mujeres que buscan un cargo de elección popular. ¿Qué debe hacer el INE para 2027? La opinión de @fdodiaznaranjo.
El gobierno de Puebla reserva por cinco años las bitácoras de vuelos y gastos de los helicópteros oficiales, tras la polémica sobre su presunto uso indiscriminado. Ni siquiera en plataformas de rastreo aparecen las aeronaves ¿Qué ocultan?
