Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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¿Cuáles serían las posibles implicaciones para instrumentar esta elección judicial inédita con pocos recursos presupuestales y en tan poco tiempo?
Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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La realidad del marco legal de México. Análisis de Ernesto Guerra.
EMEEQUIS.– El 5 de noviembre ya quedó atrás del pasado reciente constitucional de nuestro país. Cada uno de los actores políticos involucrados tendrá sus peso especifico en la historia de México, para bien o para mal. Hoy la Constitución Política dice lo que dice sobre el Poder Judicial de la Federación, acerca de la elección de juzgadores federales a través del voto directo de la ciudadanía y sobre todo la inimputabilidad de las reformas constitucionales, es decir, hoy en nuestra democracia constitucional ya no se puede combatir por ningún medio de control de constitucional ninguna reforma legislativa que se le ocurra a los operadores de Morena en ambas cámaras del Congreso de la Unión o a la Presidenta de la República.
Esta es la realidad del marco legal de nuestro país.
Sin embargo, hoy el oficialismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el poder público representado en la Titular del Ejecutivo Federal, enfrentan un reto mayúsculo: armar legítimamente una elección judicial en cinco meses en 2025, con pocos recursos presupuestales, que atraiga a la ciudadanía y que contenga los estándares que el Instituto Federal Electoral ahora INE han mantenido a lo largo de los años en la democracia mexicana para realizar elecciones de calidad.
Morena y sus socios legislativos aprobaran un Presupuesto para el ejercicio 2025 con el sello de su discurso oficial: austeridad republicana. Pero una austeridad dirigida para lo que les convenga y políticamente les reditué. En este recorte presupuestal que hace Morena en Cámara de Diputados, al INE que originalmente había solicitado 40 mil 476 millones de pesos (mdp), las y los legisladores del bloque oficialista le mocharan 13 mil mdp, es decir, el INE sólo tendrá para el ejercicio 2025 en año electoral judicial, la cantidad de 27 mil mdp, pero a es cantidad total se le debe restar 7 mil 354 mdp que son del financiamiento público destinados por la Constitución Política a los partidos políticos nacionales con registro vigente, en suma, el INE dispondría de un presupuesto base de 19 mil 646 mdp para actividades institucionales y elección judicial.
¿Cuáles serían las posibles implicaciones para instrumentar esta elección judicial inédita con pocos recursos presupuestales y en tan poco tiempo? La respuesta es varias implicaciones, pero esencialmente dos que reflejarían una bajísima participación el día de las votaciones, algo así como ocurrió en la consulta popular llevada a cabo en 2021 pero la que más le dolería al oficialismo en el gobierno y a Morena: nula legitimidad democrática obtenida del pueblo bueno y sabio en una elección judicial totalmente partidizada en sus perfiles a contender como juzgadores federales.
Lo anterior se sustenta en las decisiones institucionales que tuvo que tomar el INE de Lorenzo Córdoba en 2021 para organización de la Consulta Popular que a fuerza quiso el entonces mandatario federal, pero que, al igual que ahora, también padecieron por el tema del recorte presupuestal que incluso tuvo que parar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver una controversia constitucional que interpuso el INE, lo anterior, se reflejó en el número de casillas (mesas receptoras de votación) instaladas para esa ejercicio participativo, las cuales solamente fueron 57,077 -en una elección federal ordinaria de instalan más de 160 mil casillas- y de acuerdo a los Resultados de la Consulta Popular el 7.11 por ciento de la ciudadanía opinó, es decir, para decirlo en otras palabras, de una lista nominal de 93 millones 671 mil 697 ciudadanos que hubieran podido emitir su opinión, única y exclusivamente 6 millones, 663 mil 208 mexicanas y mexicanos fueron a las urnas a expresar su opinión a la pregunta única.
Si, la consulta popular de 2021 fue un absoluto y rotundo fracaso.
Los caprichos políticos instaurados desde las más altas esferas del poder público, traen como consecuencia, la falta de legitimidad en las urnas por las malas decisiones de gobiernos que se rigen por una sola persona.
La historia para quien no la conoce suele repetirse. Hoy, hay una elección judicial federal en puerta, llevándose a cabo por el INE, una elección que la ciudadanía deberá elegir a 881 cargos entre 5 mil 379 posibilidades de personas juzgadoras habrán de impartir justicia en nuestro país. Toda esta elección nueva lo debe realizar el INE con pocos recursos presupuestales, en cinco meses de 2025, su calendario de actividades que se ha dado la Comisión Temporal encargada de realizar esta elección al interior del INE deberá ajustar actividades, plazos y recursos sin duda. No hay manera que con el recurso que se pretende otorgar al Instituto pueda instalar más de 16 mil casillas como si fuera la elección que se realizó en 2024.
Se le viene la noche y tiempo encima al INE de Guadalupe Taddei. Tendrá que hacer bien esta elección o seguramente será el culpable del inevitable fracaso de una elección judicial anunciada.
Nos leemos hasta la próxima.
@ErnestoGuerra_
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