En medio de una creciente ola de violencia que ha dejado más de mil homicidios en nueve meses, el gobierno federal y estatal acordó enviar 1,600 elementos más de fuerzas federales a Sinaloa, sumando ya 4,200 efectivos desplegados. La estrategia de seguridad fue revisada en Culiacán por Omar García Harfuch, el titular de la Defensa y el gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque se anunció mayor presencia militar, cámaras y luminarias, persisten dudas sobre la efectividad de la militarización en un estado sumido en una disputa interna del Cártel de Sinaloa
Un sacerdote legionario, Antonio María Cabrera Cabrera, fue detenido en el AICM por violación reiterada de un menor. Aunque la Iglesia minimizó los abusos —incluso calificándolos como "atracción puntual"—, la víctima, tras años de silencio, logró que la justicia civil actuara. Ahora, el religioso enfrenta prisión preventiva en el penal de Barrientos, mientras el caso expone el encubrimiento de los Legionarios de Cristo
La tormenta tropical Dalila se formó frente a las costas de Guerrero y provocará lluvias intensas, vientos de hasta 85 km/h y oleaje elevado en estados del Pacífico mexicano como Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Aunque no tocará tierra, autoridades activaron la alerta azul y exhortan a la población a extremar precauciones ante posibles deslaves, inundaciones y riesgos en zonas costeras
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En medio de una creciente ola de violencia que ha dejado más de mil homicidios en nueve meses, el gobierno federal y estatal acordó enviar 1,600 elementos más de fuerzas federales a Sinaloa, sumando ya 4,200 efectivos desplegados. La estrategia de seguridad fue revisada en Culiacán por Omar García Harfuch, el titular de la Defensa y el gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque se anunció mayor presencia militar, cámaras y luminarias, persisten dudas sobre la efectividad de la militarización en un estado sumido en una disputa interna del Cártel de Sinaloa
Trump gana en la Corte: medio millón de migrantes, en la cuerda floja
La Corte Suprema de EE. UU. permitió al gobierno de Trump eliminar el “parole” humanitario para más de 500 mil migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, abriendo la puerta a deportaciones masivas mientras el caso se resuelve en tribunales
En medio de una creciente ola de violencia que ha dejado más de mil homicidios en nueve meses, el gobierno federal y estatal acordó enviar 1,600 elementos más de fuerzas federales a Sinaloa, sumando ya 4,200 efectivos desplegados. La estrategia de seguridad fue revisada en Culiacán por Omar García Harfuch, el titular de la Defensa y el gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque se anunció mayor presencia militar, cámaras y luminarias, persisten dudas sobre la efectividad de la militarización en un estado sumido en una disputa interna del Cártel de Sinaloa
EMEEQUIS.– La Corte Suprema de Estados Unidos dio un giro decisivo en la política migratoria este viernes, al autorizar al gobierno del expresidente Donald Trump a revocar el estatus legal temporal —conocido como “parole” humanitario— que permite residir y trabajar legalmente a más de 532 mil migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.
La decisión, que deja sin efecto una orden previa de un juez federal, fortalece la ofensiva legal y política del exmandatario republicano para endurecer la política migratoria y facilitar las deportaciones rápidas, incluso antes de que se resuelva el fondo del caso en tribunales inferiores.
El “parole humanitario” es un mecanismo contemplado en la ley migratoria estadounidense que permite otorgar entrada temporal a personas por razones humanitarias urgentes o cuando existe un beneficio público significativo. Fue una de las herramientas utilizadas por la administración de Joe Biden para gestionar la presión migratoria en la frontera con México, al permitir el ingreso controlado de ciudadanos de ciertos países con contextos de crisis severas.
La iniciativa de Biden buscaba, en teoría, ordenar los flujos migratorios, reduciendo el paso irregular por el desierto o el río Bravo, al ofrecer una vía legal de entrada. Pero para Trump y su círculo cercano, este programa equivalía a un “coladero migratorio”. En su primer día de regreso formal a la contienda política, el expresidente emitió una orden ejecutiva para eliminarlo, y su equipo legal procedió a desmantelarlo oficialmente en marzo.
La suspensión de la protección judicial deja expuestos a cientos de miles de personas a procesos de expulsión acelerada, una herramienta utilizada para deportar migrantes sin una audiencia formal ante un juez de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que la revocación del programa facilita los procedimientos legales contra quienes hayan ingresado recientemente o se encuentren en una situación migratoria irregular.
Aunque muchos de los beneficiarios del “parole” llegaron legalmente y cumplen con las condiciones para trabajar, ahora podrían ser sujetos de deportación sin posibilidad de regularización inmediata.
El fallo llega en un momento clave: a meses de la elección presidencial de noviembre, en la que Trump y Biden volverán a enfrentarse. La migración, una vez más, se perfila como uno de los temas centrales del discurso republicano. Para Trump, los migrantes son un símbolo de un sistema fallido y la frontera débil, mientras que Biden ha intentado matizar su postura, entre las demandas de organizaciones humanitarias y las presiones de gobernadores demócratas preocupados por la saturación de servicios públicos.
Grupos de derechos humanos y organizaciones de defensa de migrantes han criticado la decisión de la Corte, señalando que criminaliza la necesidad humana de buscar refugio, y pone en riesgo a comunidades ya establecidas en EE. UU., muchas de las cuales cuentan con empleo, hijos nacidos en territorio estadounidense y arraigo social.
¿Y AHORA QUÉ?
Aunque la decisión no representa un fallo final sobre la legalidad del “parole”, su suspensión inmediata podría desencadenar detenciones y deportaciones, especialmente si Trump retoma el poder en 2025. El caso aún deberá resolverse en tribunales inferiores, pero el precedente deja claro que el equilibrio entre seguridad nacional y protección humanitaria será decidido cada vez más por órdenes ejecutivas y fallos judiciales.
En medio de una creciente ola de violencia que ha dejado más de mil homicidios en nueve meses, el gobierno federal y estatal acordó enviar 1,600 elementos más de fuerzas federales a Sinaloa, sumando ya 4,200 efectivos desplegados. La estrategia de seguridad fue revisada en Culiacán por Omar García Harfuch, el titular de la Defensa y el gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque se anunció mayor presencia militar, cámaras y luminarias, persisten dudas sobre la efectividad de la militarización en un estado sumido en una disputa interna del Cártel de Sinaloa
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