El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
Dos especialistas consultados por EMEEQUIS consideran que un juicio de amparo podría ser la vía para defender los resultados de los aspirantes aceptados si la UNAM decide cancelar el examen. Una fuente de la institución piensa lo contrario, que no se adquieren derechos hasta estar inscritos. El rector señala que ninguna opción está descartada, mientras 16 expertos analizan con lupa los resultados.
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
Se avecina un apagón de información pública si prospera la idea de AMLO de eliminar el INAI: los gobernantes actuarían sin rendir cuentas. En el fondo, eso es lo que se pretende.
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
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Gobernantes actuarían sin rendir cuentas. Análisis de Julián Andrade.
EMEEQUIS.– Si prosperara la idea del presidente López Obrador de suprimir al INAI, ocurriría un apagón de información pública, que abriría la puerta, aún más, para que los gobernantes actúen sin rendir cuentas.
En el fondo es lo que se pretende y que ya se intentó dejando el consejo sin el número de comisionados adecuado para impedirle que sesionara y así hacer flotar en el limbo miles y miles de quejas.
Desde hace unos años, y esto se profundizó en la actual administración, es difícil que las dependencias resuelvan las peticiones sobre documentos que aluden a las afirmaciones del titular del Ejecutivo, de sus secretarios de despacho y a todo lo que tiene que ver con el ejercicio del gasto, sobre todo el que se refiere a las obras estratégicas, donde la última de sus características es la transparencia.
Esto es así, porque a los servidores públicos, en la actualidad, les importan un comino las peticiones de los ciudadanos. Cada exigencia de información delicada es rechazada bajo dos premisas, la seguridad nacional, que impide darlas a conocer, o la más socorrida, negar que exista.
Cada mañana, de una u otra forma, les mandan el mensaje de que el problema es proporcionar y no el ocultar la información.
Los datos personales y su protección son vistos como una extravagancia neoliberal y por ello se pueden filtrar los datos de 300 periodistas que acuden a las conferencias del presidente de la República y que esto ocurra porque no gastan en medidas eficientes de seguridad y no saben ni poner una contraseña segura en los equipos de cómputo.
Es una consecuencia de la ausencia de rigor. Hasta finales del 2018, todavía el INAI causaba angustia en los sujetos obligados, porque se tenían que cumplir los tiempos para entregar las informaciones que se solicitaban.
En algunos lugares ahora ya ni buscan la información, porque no existe ningún aliciente para hacerlo y, además, nadie con poder les va a reclamar, sino al contrario.
Pero eso no descalifica al INAI, sino al contrario, porque lo que revela es la urgencia de fortalecerlo, para no ir como los cangrejos en temas que se habían superado hace décadas y que son clave para la democracia.
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Por cierto, cuando se creó el IFAI, en junio de 2002, se hizo con unanimidad partidista en las cámaras. La efeméride cuenta, porque muchos de los que ahora están en Morena, formaban parte del PRD, quienes siempre estuvieron comprometidos con hacer realidad el derecho a la información.
La excepción fue mientras López Obrador gobernó la Ciudad de México, porque hizo hasta lo imposible para impedir el funcionamiento de la institución de transparencia local.
Para el entonces jefe de Gobierno, todo se resolvería en las ventanillas de cada secretaría.
Esto no prosperó, precisamente, porque al inicio del siglo, López Obrador estaba acotado por el poder presidencial y por la pluralidad de los órganos legislativos.
En realidad, la iniciativa para desaparecer al INAI es justamente porque funciona, y funge como un contrapeso, acotando la acción de los gobernantes, ya que saben que en cualquier momento pueden ser observados desde la lupa de la transparencia.
Los que tienen claridad de esto, son los comisionados Adrián Alcalá, Julieta del Río, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román, quienes advirtieron que no se pueden trasladar las funciones del Instituto a la Secretaría de la Función Pública ya que significaría que el gobierno se vigile a sí mismo. Es evidente lo que ocurriría en un escenario así.
Por eso los comisionados piden una discusión seria sobre la naturaleza del propio INAI, e inclusive se dicen dispuestos a buscar áreas de oportunidad para mejorar.
Es loable que procedan así, pero en Palacio Nacional no hay disposición para discutir con nadie, porque no se trata de llegar a un acuerdo, sino de imponer una mayoría que, por fortuna, en este momento no tienen en las cámaras legislativas.
En Morena tomaron la decisión de postular a Hanna de Lamadrid a la alcaldía de Coyoacán. Es una jugada interesante, porque se trata de una política con experiencia y que conoce la demarcación de cabo a rabo. Además, es ajena a los rencores que imperan en el partido que ahora la respalda. No la tendrá fácil, porque el alcalde Guiovani Gutiérrez, que llegó por el PAN, PRI y PRD, está bien calificado gracias a los resultados de su gobierno.
@jandradej
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
Dos especialistas consultados por EMEEQUIS consideran que un juicio de amparo podría ser la vía para defender los resultados de los aspirantes aceptados si la UNAM decide cancelar el examen. Una fuente de la institución piensa lo contrario, que no se adquieren derechos hasta estar inscritos. El rector señala que ninguna opción está descartada, mientras 16 expertos analizan con lupa los resultados.
