El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
Dos especialistas consultados por EMEEQUIS consideran que un juicio de amparo podría ser la vía para defender los resultados de los aspirantes aceptados si la UNAM decide cancelar el examen. Una fuente de la institución piensa lo contrario, que no se adquieren derechos hasta estar inscritos. El rector señala que ninguna opción está descartada, mientras 16 expertos analizan con lupa los resultados.
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
Jorge Carpizo maniobró con Guatemala para evitar la fuga del “Chapo” Guzmán y traerlo a México. Para lograr una captura de esa dimensión, se requiere de voluntad política.
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
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“El Chapo” Guzmán estuvo a punto de fugarse en Guatemala. Análisis de Julián Andrade.
EMEEQUIS.– Cosas de la vida. Ramiro de León Carpio y Jorge Carpizo se conocieron en los ambientes en que se impulsaba la extensión de la protección para los ciudadanos, luego de épocas con cariz policiaco, de guerras sucias y tortura como método de investigación.
El primero fungió como procurador de los Derechos Humanos en Guatemala y el segundo ombudsman y, por tanto, fundador de la CNDH.
Pero fue la política, esa rueda de la fortuna, la que hizo que estuvieran, cada uno, en una posición que hizo posible que se concretara la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Luego del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas, un grupo especial de la PGR logró captar una llamada del narcotraficante a una de sus novias, lo que sirvió para seguirle la pista desde que huyó del Aeropuerto de Guadalajara, donde un grupo de gatilleros de los hermanos Arellano Félix lo habían intentado matar, sin éxito, pero en el estruendo de las balas confundieron el vehículo en que viajaba Posadas Ocampo y dispararon contra el religioso y su chofer.
Los investigadores adscritos al CENDRO, por medio de un seguimiento satelital y en terreno, establecieron que Guzmán Loera se encontraba en Guatemala, luego de unos días de persecución.
Oficiales de aquel país lo tenían bajo custodia, pero el tiempo apremiaba, ya que existía la sospecha, después confirmada por el propio Guzmán Loera, de que entregó un millón de dólares a un capitán para que lo protegiera y permitiera evadir a las autoridades.
Jorge Carpizo, ya como procurador general, se comunicó con Ramiro de León Carpio, quien llevaba unos días en el cargo de presidente de la República, para pedirle que el prisionero fuera entregado.
El mandatario guatemalteco ofreció enterarse del asunto y, de existir la confirmación de la estancia del líder del cártel de Sinaloa en su país, actuar en consecuencia, más aún si ya se le tenía localizado o, inclusive, detenido.
En efecto, la información de Carpizo era la correcta, y De León Carpio ordenó que a Guzmán Loera lo trasladaran a la frontera con México, donde sería entregado, el 9 de junio de 1993, a un batallón de paracaidistas del Ejército, quienes estarían acompañados del coordinador de lucha contra el narcotráfico, el general Jorge Carrillo Olea, y del jefe de la Policía Judicial Militar, el también general Guillermo Álvarez Nahara.
La entrega se hizo de acuerdo con lo acordado. Era un momento tenso, porque se tenía que garantizar la seguridad del detenido, al grado de que se le colocó un chaleco antibalas y quienes estaban a cargo de la logística se hicieron responsables hasta del agua que se le proporcionó para que esta no estuviera envenenada.
Solo hasta que lo entregaron en el penal de Máxima Seguridad de Almoloya, fue que se dio por concluido el operativo, con la frase “el caballero está asegurado”.
De los pormenores de esa historia queda, entre múltiples enseñanzas, que además de los grupos técnicos, capaces de lograr una captura de esa dimensión, se requiere de voluntad política.
Y la hubo, primero del procurador Carpizo, quien se cercioró de que sus instrucciones se operaran por personal de su confianza, para evitar que el capo fuera advertido de que estaban ya cerca.
Después, por supuesto, del propio mandatario de Guatemala, que utilizó todo su poder para evitar una fuga que ya se encontraba en curso y de su homólogo en México, Carlos Salinas, quien dejó que Carpizo definiera las pautas y los niveles de información que se requerían.
Carpizo estaba convencido de que la relación de confianza que se estableció con De León Carpio, en los momentos de defensa de los Derechos Humanos, hizo posible no perder el tiempo en formalidades y actuar a la velocidad requerida.
Para la PGR resultaba, de la más alta prioridad, el llevar a Guzmán Loera ante la justicia y así se hizo, insisto, con voluntad.
@jandradej
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
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Dos especialistas consultados por EMEEQUIS consideran que un juicio de amparo podría ser la vía para defender los resultados de los aspirantes aceptados si la UNAM decide cancelar el examen. Una fuente de la institución piensa lo contrario, que no se adquieren derechos hasta estar inscritos. El rector señala que ninguna opción está descartada, mientras 16 expertos analizan con lupa los resultados.
