Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar para integrarse a la dirigencia de Morena marca un punto de inflexión en la administración de Claudia Sheinbaum, provocando un intenso debate sobre la delgada línea entre la política social del Estado y la estrategia electoral del partido oficialista. Mientras el Gobierno justifica el movimiento como una transición natural de una "organizadora extraordinaria" hacia tareas del movimiento, la oposición y diversos críticos advierten sobre un posible conflicto de interés y el uso de los padrones de beneficiarios como herramientas de movilización política. Este relevo, que culminará formalmente en la próxima Asamblea Nacional, pone a prueba la ética de la "Cuarta Transformación" frente a las acusaciones de fusionar las estructuras gubernamentales con la maquinaria partidista para consolidar su hegemonía territorial.
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
La oposición debe dejar a un lado sus disputas internas y centrarse en lo importante. Y tiene que dejar de posponer la renovación de su oferta política y su imagen pública para recuperar la confianza perdida.
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
EMEEQUIS.–En el camino hacia una sociedad democrática, ha sido fundamental la independencia de los poderes públicos, así como de los órganos constitucionales autónomos. Aunque, paradójicamente, existe un gran desconocimiento general de su papel en la garantía y protección de nuestros derechos.
Esa situación cambió con la llegada de Morena al poder. Su intención de someter o desaparecer contrapesos constitucionales puso en el centro de la discusión pública su relevancia en nuestro país.
Hoy cada vez más personas se dan cuenta de la importancia de tener un órgano que haga respetar sus votos. De una institución que se les asegure el derecho a saber sobre el actuar del gobierno y el uso de los recursos públicos. Y, sobre todo, de tener límites y controles en el ejercicio del poder.
Las dos marchas de noviembre y febrero son una muestra. Primero porque representó la movilización de sectores, que normalmente no lo hacen, a favor de una idea: defender la democracia. Segundo, el núcleo fue ciudadano con respaldo de la sociedad civil. Es decir, los partidos no fueron los protagonistas, sino que se vieron obligados a sumarse si querían continuar siendo relevantes.
La movilización ciudadana tuvo tal importancia, que generó la presión suficiente en la oposición para rechazar la reforma electoral (Plan A) de López Obrador. Además, hoy podemos dar casi por hecho la muerte del Plan B desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bajo la bandera “La Corte No se Toca”, el pasado domingo se realizó una nueva movilización en su defensa en más de 25 ciudades del país. Y tiene una relevancia mayor, porque fue una convocatoria sin respaldo de partidos políticos, ni de otras organizaciones, que estaba enfocadas en el cierre del proceso electoral.
Hablamos de sectores de la sociedad que mostraron su descontento contra el asedio que sufre la Corte por parte de Palacio Nacional. Y es que con la llegada de Norma Piña a la Presidencia de la SCJN ha significado un parteaguas. Sólo en este año, ha invalidado tres proyectos prioritarios del Poder Ejecutivo:
1) Transferencia de la Guardia Nacional
2) Primer decreto del Plan B
3) Decretazo para ocultar información de obras públicas.
Manifestaciones ciudadanas en favor de la Corte. Foto: Cuartoscuro.com.
Debido al ejercicio de sus funciones, y como la cabeza más visible del Poder Judicial, Norma Piña es blanco del odio y misoginia patrocinado desde el Gobierno Federal. La campaña que padece es nada comparable a la que sufrieron los exconsejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Aunque también la Ministra Presidenta se ha convertido en un símbolo de resistencia por parte de un sector importante.
Frente a este despertar ciudadano, ¿dónde están los partidos políticos de oposición? Da la impresión de que tienen miedo de la ciudadanía.
Ante el despertar ciudadano y la movilización masiva en defensa de los derechos y las instituciones, es fundamental que escuchen a la sociedad y tomen acción.
La participación activa de la ciudadanía en la defensa de la democracia y la exigencia de contrapesos institucionales demuestran una clara demanda de transparencia, rendición de cuentas y límites al ejercicio del poder.
La oposición debe dejar a un lado sus disputas internas y centrarse en lo importante. Y tiene que dejar de posponer la renovación de su oferta política y su imagen pública para recuperar la confianza perdida.
Enfrentar los problemas más apremiantes del país, como la inseguridad, la pobreza, la corrupción, la violencia y la desigualdad, obliga una visión compartida y una acción coordinada con la sociedad civil.
La oposición tiene una sola oportunidad para demostrar su capacidad de representar y atender los intereses legítimos ciudadanos. ¿Lo aprovecharán?
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar para integrarse a la dirigencia de Morena marca un punto de inflexión en la administración de Claudia Sheinbaum, provocando un intenso debate sobre la delgada línea entre la política social del Estado y la estrategia electoral del partido oficialista. Mientras el Gobierno justifica el movimiento como una transición natural de una "organizadora extraordinaria" hacia tareas del movimiento, la oposición y diversos críticos advierten sobre un posible conflicto de interés y el uso de los padrones de beneficiarios como herramientas de movilización política. Este relevo, que culminará formalmente en la próxima Asamblea Nacional, pone a prueba la ética de la "Cuarta Transformación" frente a las acusaciones de fusionar las estructuras gubernamentales con la maquinaria partidista para consolidar su hegemonía territorial.
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