El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
Un estudio académico establece que la tendencia marca que marzo es el mes más violento en política electoral, dado que ya están claros los candidatos, que los ataques son a nivel local, por sorpresa, sin importar el partido e incluso independientemente de que la víctima sea el favorito, sólo para dejar un mensaje del crimen organizado
El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
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Julián Andrade
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.- Marzo puede ser un mes letal en lo que respecta a la violencia política. Es el arranque de las campañas y cuando el crimen organizado suele elevar sus ataques.
En el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, que coordina Sergio Aguayo, elaboraron un estudio, “Urnas y tumbas: análisis de los 32 homicidios de candidatos en el proceso electoral 2021” en el que establecieron premisas que puede ayudar a las autoridades, partidos y a la ciudadanía para tomar las providencias necesarias.
Del estudio de los homicidios se desprendieron hallazgos interesantes: la violencia política es eminentemente local. 8 de cada 10 casos así lo muestran. Es un problema transversal y que atañe a todas las formaciones políticas, porque los bandidos no tienen preferencia en sus ataques. En la mayoría de los casos no existieron amenazas previas. Es todo el sistema político el que se encuentra en riesgo.
También detectaron que en marzo suelen arreciar las presiones y, por desgracia, las muertes. Esto se debe, con alta probabilidad, a que es el periodo en que ya se esbozan con claridad las apuestas de los partidos políticos y es donde las organizaciones criminales tratan de incidir y en no pocas ocasiones, sacando de la jugada a quienes estorban a sus planes.
Hay una suerte de punto ciego, ya que en la Estrategia de Protección en Contexto Electoral de la Secretaría de Seguridad Publica Ciudadana se contempla a la amenaza como un factor, casi indispensable, para activar los sistemas de protección a candidatos.
La realidad, sin embargo, está mostrando que esto puede no ser suficiente, justamente porque los ataques llegan a ser sorpresivos.
Es importante, por ello, el enfatizar el análisis preventivo y particular de las campañas en zonas de mayor riesgo por las actividades y presencia criminal.
Para comentar el estudio, Aguayo convocó a Manuel Pérez Aguirre, también del Colegio de México, al consejero del INE, Martín Faz, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez, y a la vocera de Data Cívica, Itxaro Arteta.
Pérez Aguirre, que es autor del documento con el propio Aguayo y con Roberto Roldán Vargas, expuso la metodología con la que trabajaron y le dio relieve especial al acompañamiento de investigadores locales y de periodistas, que son los que conocen el terreno y tienen mayor oportunidad de obtener información de calidad para el análisis.
El consejero Faz señaló en el conversatorio, que llevaría las conclusiones del estudio al INE para que se atienda con la pertinacia debida, inclusive bajo la instrucción del Tribunal Electoral de realizar foros sobre el tema.
Arteta recordó que en Data Cívica están haciendo un análisis desde el 2018 a lo que va del 2024 y tienen detectados mil 675 episodios entre los que se contemplan ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ambiente político, gubernamental o en contra de instalaciones de gobierno o partidos.
Puso en la mesa un asunto con rasgos tenebrosos: en muchos de los asesinatos de aspirantes o candidatos, era evidente que no tenían posibilidades de triunfo las víctimas, pero los perpetradores quisieron mandar el mensaje de su poder.
Ramírez titular de la CDHCM dejó en claro que el asesinato de personas que pretenden participar en una elección impacta en la calidad de la democracia ya que “esas muertes nos afectan a todos”.
Esfuerzos como los que se vienen realizando en la academia son de un alto valor, porque pueden funcionar como herramientas para la generación de políticas y estrategias de anticipación.
Lo que está en risego es la seguridad y la vida de ciudadanos que decidieron participar en política, pero lo hacen en regiones donde el crimen tiene una gran influencia. Basta observar lo que ocurre en Guerrero, Michoacán, Estado de México y Zacatecas, como para tomar conciencia del tamaño del desafío en que se encuentra nuestra democracia y su futuro.
A la gobernadora campechana Layda Sansores, tampoco le gusta que los periodistas hagan su trabajo y por ello denunció a Carlos Marín por una supuesta violencia política en razón de género. Se quedó con las ganas, porque la Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Campeche de modo simple y llano. Una acción coherente con los criterios de protección a la libertad de expresión que han imperado en las resoluciones de las magistradas y magistrados.
@emeequis
El destino de 22 mil alumnos que pasaron la prueba de la UNAM está en manos de 16 expertos que revisarán la validez del examen. Si deciden reponer el proceso podría desencadenarse una lluvia de amparos.
El caso de India muestra un precedente para la UNAM: ambos exámenes en línea fueron vulnerados por la IA, pero las consecuencias fueron muy distintas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM debe resolver de manera autónoma la validez del examen de admisión a licenciatura 2026 y la asignación de lugares tras las denuncias de fraude en la prueba en línea, aunque precisó que el gobierno federal está dispuesto a brindar asesoría o apoyo mediante la FGR y la SEP si la institución decide presentar denuncias penales contra los responsables o la empresa contratada. Asimismo, la mandataria urgió a las autoridades universitarias a dar certidumbre pronta a los jóvenes que se manifestaron en Rectoría exigiendo exámenes presenciales, garantizando que quienes no obtengan un espacio contarán con opciones educativas en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos
La reserva de datos se está haciendo costumbre, como en el caso de Pemex, pero la costumbre la podemos eliminar con la ley en la mano y con los órganos encargados de exigir que se abra la información, apegados a legalidad y no a conveniencia.
