Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Hay que voltear hacia Chiapas, más nos vale, antes de que sea irremediablemente tarde. Múltiples crisis están confluyendo y sus síntomas están a la vista con la pugna entre cárteles.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.–Estado de sitio. Así califica la Diócesis de San Cristóbal de las Casas lo que está ocurriendo en Chiapas. La disputa por el control territorial entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, han derivado en bloqueos carreteros que impiden la llegada de alimentos y mercancías a Chicomuselo y Frontera Comalapa y que tienen a los lugareños en una permanente situación de zozobra.
Rodrigo Aguilar Martínez, el obispo, y su auxiliar, Luis Manuel López Alfaro, emitieron un comunicado en el que señalan con claridad que Chiapas es un estado fallido y que todos los niveles de gobierno están coludidos con el hampa.
Advierten que la población sufre de asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de bienes naturales, persecución y despojo.
Los obispos ilustran una situación terrible, donde hay reclutamiento forzado, que destroza familias y perpetúa la situación de violencia e inseguridad.
Los religiosos ya no se engañan y por ello su llamado, como lo indican en su documento, es a “la comunidad internacional para visibilizar la situación de violencia”.
Lo que acontece en la frontera con Guatemala, pero que infecta a todo Chiapas, no es sorpresivo, las señales de alarma han sido puntuales y documentadas, como el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Ahí se estableció el ecosistema que permite que el crimen se apodere de espacios y tareas de gobierno y que refiere a las construcciones históricas que provienen, inclusive, de los experimentos paramilitares de los años noventa.
Hay que destacar el papel de la Iglesia, ya que mantiene y fortalece su compromiso con la comunidad y con las posibilidades para construir la paz, pero desde una perspectiva de justicia.
Parece inútil, por sabido, el señalar que las denuncias no han encontrado el eco debido en el gobierno de Chiapas y mucho menos en Palacio Nacional, donde creen que, con negarlas, la realidad se esfuma. Sin embargo, es importante subrayar la negligencia, la falta de empatía con los chiapanecos, la deriva en la que encuentran ciudadanos y sus familias a merced del crimen organizado.
La densidad criminal se profundiza. El sábado, un convoy de 12 camionetas con gente armada, desfiló por la localidad de San Gregorio Chamic, municipio de Frontera Comalapa. Filas de pobladores les aplaudían y lanzaban vivas a Sinaloa, como se muestra en un video que difundió EMEEQUIS en su cuenta de X.
Por desgracia, en algunos lugares las esperanzas varían de acuerdo con el grupo criminal que se apodera de la región. No hay celebración con la autoridad porque está ausente o coludida con los criminales.
Es una alegría aparente y provisional, porque cualquier Pax narca es terrible.
Hace unos días, el mercado municipal de Chicomuselo fue desalojado. La mayoría de los locatarios están hartos y tienen miedo. Los obligan a participar en bloqueos y movilizaciones, les cobran multas de 2 mil pesos a quienes no acuden a los llamados, les prohíben la venta por 15 días y los encierran dos jornadas sin derecho a comer.
Son las reglas que impone El Maíz, el brazo local del CJNG. Todos conocen a los líderes y las autoridades prometen que investigarán y actuarán algún día. Nadie les cree, por supuesto, porque la ruptura del Estado de derecho ocurrió hace ya tiempo y en dónde los procedimientos legales parecen absurdos ante la contundencia de las disposiciones de los bandidos, que en realidad imparten justicia, torcida y a su modo.
Los apremios en los que se encuentra la población se pueden describir con la ceremonia del Grito de Independencia en Frontera Comalapa, donde el concejal presidente, Alejandro Mérida, tuvo que lanzar vivas a México y a los héroes de la patria en una plaza vacía.
Símbolos, pero a la vez muestras de algo roto, corroído, de un escenario que no augura nada bueno y donde el optimismo tiene que amarrarse a que las cosas no empeoren, como por desgracia puede ocurrir.
Un desastre de gran magnitud está en puerta, porque múltiples crisis están confluyendo y sus síntomas están a la vista, como la entrada de migrantes en condiciones de inseguridad y extorsionados por las bandas delincuenciales que son las que determinan el paso en la frontera y establecen las rutas para llegar al norte del país.
Hay que voltear hacia Chiapas, más nos vale y antes de que ya sea irremediablemente tarde.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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