Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Los militares a los que se vincula con el caso Ayotzinapa cuentan con un equipo de abogados solvente: uno de ellos, César Omar González, sufrió también una acusación de la FGR en una supuesta trama de extorsión contra Juan Collado, como parte de un pleito interno en la 4T que protagonizaron Alejandro Gertz y Julio Scherer
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.- Las vueltas de la vida. Los militares que se encuentran detenidos por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa, se están defendiendo. Cuentan con un equipo de abogados solvente y en el que participa, entre otros, César Omar González.
El litigante tiene un aliciente nada despreciable, ya que él mismo sufrió acusaciones de la FGR cuando lo implicaron en una supuesta trama de extorsión contra Juan Collado. En realidad, aquel expediente era una muestra del pleito interno en la 4T porque lo que se pretendía era afectar a Julio Scherer, el exconsejero jurídico del presidente López Obrador.
El fracaso de los fiscales resultó evidente, y todos los señalados fueron exonerados, pero seguramente les quedó el gusto amargo de enfrentar una persecución en la que había la consigna, del fiscal Alejandro Gertz, de dañarlos.
Por eso no es casual que el despacho de José Antonio Araujo, en el que participa González con otros penalistas, como Alejandro Robledo, sean los que estén llevando la estrategia de defensa de los soldados.
El general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente del Ejército Fabián Pirita quieren que se desechen las 467 pantallas, relativas a 37 comunicaciones y provenientes de cinco teléfonos celulares porque son falsas.
Los militares hicieron pública una carta en la que acusan al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas de no tener autoridad para investigar y descalifican también el papel que jugó el titular, en su momento, de la Unidad Especializada para la Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo.
Esto empalma con la insistencia de que los señalamientos contra los soldados tienen un carácter político y que las detenciones son una justificación ante la falta de resultados y las promesas, muchas de ellas absurdas, que se les hicieron a los padres de los estudiantes normalistas desde que arrancó la actual administración.
Como suele ocurrir, Encinas y Gómez Trejo serán objeto de acusaciones, aunque hay claridad de que el subsecretario no actuó de mala fe y más bien se dejó embaucar por el entonces fiscal del caso, al grado de que tejieron un enredo en torno a las indagatorias que las dañó de modo permanente.
A estas alturas, hay motivos para constatar que, en el GIEI, del que Gómez Trejo formó parte como secretario técnico, nunca quisieron esclarecer y llegar a la verdad de lo ocurrido, y optaron por construir una leyenda oscura sobre los soldados en la noche de Iguala y por impulsar que se sancionara a los que investigaron y no a quienes delinquieron.
Resulta evidente, por lo demás, que la posición del propio presidente de la República, quien señaló que caso se circunscribe a la actuación del crimen organizado en Iguala en colusión con policías municipales, está activando elementos de defensa para los integrantes de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, para atajar las teorías, hasta ahora sin pruebas, de su participación en la trama criminal del secuestro y posterior desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Inclusive, así deben ponderarse los señalamientos que hizo el secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval al puntualizar que toda la información en poder de los soldados fue proporcionada y que, si faltaba algo se lo pidieran a “El Gil”, el testigo colaborador, ese sí perpetrador de las desapariciones y quien se encuentra en libertad.
Las indagatorias del caso Ayotzinapa, lo que quede de ellas, ya no serán lo mismo luego de los reclamos militares y del manotazo que dio el secretario de la Defensa.
Es ahí donde el ángulo sobre la participación de abogados cercanos a Scherer en favor de los militares es un elemento por lo menos interesante para el análisis y una muestra que se profundizará la exigencia de que se castigue a quienes actuaron mal en la integración de los expedientes, pero no solo a los de antes de diciembre de 2018, sino también a los actuales.
En efecto, una vuelta en la historia, un desafío para el fiscal Alejandro Gertz, quien algo tendrá que hacer con los destrozos jurídicos que se cometieron y que llevaron a la deriva a una de las indagatorias más relevantes y delicadas.
Para Gertz no hay necesidad de proteger a Gómez Trejo, el exfiscal que ya se encuentra fuera del país, sino de dar resultados creíbles y en esa ruta, se topará con litigantes cercanos al poderoso exconsejero presidencial.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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