Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
En los chats intervenidos por la DEA, se establece con claridad la participación del capo de los Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, “El Gil”. Hay conversaciones que lo implican de modo directo.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.– El testigo colaborador más importante de la FGR y de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVaj), Gildardo López Astudillo, “El Gil”, es en realidad uno de los principales responsables de desaparición de los estudiantes normalistas.
Engañó y se dejaron engañar. Era tanta la urgencia de reventar la verdad histórica, que terminaron por extraviar el objetivo de procurar justicia.
“El Gil” se encuentra en libertad y obtiene beneficios de colaborador de las autoridades, pero es la clave para resolver el paradero de los estudiantes.
El propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, sugirió que se le interrogue para conocer el destino de al menos 17 de los normalistas de Ayotzinapa.
En los chats intervenidos por la DEA, se establece con claridad la participación del capo de los Guerreros Unidos. Hay conversaciones que lo implican y de modo directo, como la que tuvo con el director de la policía de Iguala, Francisco Salgado, quien le informa que ya tienen a varios detenidos y “El Gil” le da la orden de que los entregue.
Nicolás Nájera “El May”, en una declaración ante la autoridad, señaló: “El responsable de todo es ‘El Gil’, quien da las instrucciones a Valladares de que se los entregue a César Nava, quien se llevó a cuatro chavos al rancho donde estaba “El Gil” drogándose con “El Caderas”.
Desde hace nueve años, e inclusive más, se sabía que “El Gil” era un pájaro de cuenta. En 2014 fungía como jefe operativo de los Guerreros Unidos y en el escalafón, más arriba, solo se encontraban Juan Salgado Guzmán “El Caderas” y en la cúspide de la organización criminal los hermanos Ángel y Sidronio Casarrubias Salgado.
Se entiende que la autoridad se allegue de testimonios de utilidad e inclusive que recompense a los bandidos por sus dichos, pero no que haga a los más implicados y violentos una suerte de agentes de la impunidad.
Por supuesto que se tenía conocimiento de las andanzas de “El Gil”, pero es muy fuerte que tenga que ser el secretario de la Defensa quien dé un manotazo en la mesa, para que los investigadores se concentren en los responsables directos de la noche de Iguala.
Si se lee con atención el informe más reciente, “La Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada”, es en realidad un intento de reconducir las cosas al núcleo central de lo ocurrido, el secuestro de que fueron objeto los normalistas de Ayotzinapa por policías municipales para ponerlos en las manos de los Guerreros Unidos.
Se acotan las hipótesis y se les coloca en el contexto de la violencia en Iguala. Ya no hay una operación de Estado, aunque se mantengan responsabilidades específicas de servidores públicos e integrantes del Ejército, entre ellos dos coroneles y un capitán.
¿Qué se parece a la verdad histórica? Por supuesto, porque ya se asumió que el nudo central del asunto no se desenredará con acusaciones dudosas.
Más allá del descontento de los padres de los normalistas, explicable por su condición de víctimas, no se puede alegar que el Ejército no ha colaborado en el empeño de desvanecer dudas e intrigas.
Los propios padres de los normalistas, GIEI y la CoVAJ consultaron los archivos de la IX Región Militar en Cumbres de Llano Largo; la Ayudantía del Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y la jefatura y subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor; los ubicados en la Zona Militar 35, en el 50 Batallón de Infantería en Iguala y los de la 27 Zona Militar en Pie de la Cuesta, Guerrero. En total obtuvieron 18 mil 845 fojas de información.
Como en el GIEI no confían en los soldados, se les permitió presenciar el interrogatorio de ocho generales, cuatro jefes, seis oficiales y 33 elemento de tropa.
Por ello, el general Sandoval, supongo que ya algo harto, pidió que la información adicional, la que dicen que se está ocultando, se la exijan a “El Gil”, quien sabe de modo directo lo ocurrido.
Es un llamado de atención atendible y que ojalá permita una rectificación de la indagatoria para evitar que los asesinos de 43 normalistas de Ayotzinapa se salgan con la suya.
Claro, podría optarse por seguir sancionado a los que investigaron en lugar de castigar a los que delinquieron. Si ese fuera el caso, los militares ya expresaron su inconformidad.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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