Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El presidente sabe que no es posible disponer de los fideicomisos del Poder Judicial para Acapulco: la politiquería, ahora sí bien empleada la palabra, desnuda las carencias del gobierno.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.–Para tratar de evadir sus propias responsabilidades, el presidente López Obrador propuso que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial sean utilizados para atender la emergencia en Acapulco.
Es una acción de propaganda cuya finalidad será denostar, de nueva cuenta, a los integrantes del Poder Judicial. Va a señalarlos por “no colaborar con el pueblo de Guerrero”. Supongo que ya serán menos los que se coman semejante mentira, pero no deja de ser inquietante que, ante la devastación que dejó Otis, en Palacio Nacional aprovechen para sacar agua para su molino.
La ocurrencia se da justo cuando las barras de abogados de Estados Unidos, Países Bajos y Bélgica, advierten que la apropiación –eso fue—de los 13 fideicomisos es un riesgo a la seguridad financiera de la Suprema Corte y atenta contra su independencia.
El presidente sabe que no es posible disponer de los fideicomisos, porque esos recursos no son una especie de tarjeta de débito y porque hay, al menos, un amparo colectivo interpuesto por 761 trabajadores y pensionados, además de la suspensión provisional de un juez.
La Cámara de Diputados tendría que aprobar las disposiciones respectivas, ya que estipularon que se contaría con cuatro meses para hacer posible la extinción de los 13 fideicomisos, que los recursos ingresaran en la Tesorería de la Nación y se encuentran etiquetados para metas del Plan Nacional de Desarrollo.
En teoría, así lo dijeron, existe el dinero suficiente para hacer frente a la crisis. Es más, el propio presidente López Obrador señaló que, para Navidad, Acapulco estará de pie. Más allá de las dudas que genera semejante calendario, resulta paradójico que tenga que estar viendo de dónde saca para no quedarse sin fondos.
En Acapulco, en efecto, la gente la está pasando muy mal, al grado de que tienen que poner barricadas en las entradas de sus colonias para evitar que los despojen de lo poco que les quedó.
Hay hambre, están buscando a los que no aparecen y se mantienen diversas urgencias ante las que la politiquería, ahora sí bien empleada la palabra, desnuda las carencias de un gobierno que no ha estado en el nivel que se esperaría, al menos en lo que respecta a concentrarse en lo que les toca y que no es poco, si tomamos en cuenta que a nivel municipal y estatal no hay ni para dónde hacerse.
En Palacio Nacional harían mejor es aceptar la propuesta que hizo Xóchitl Gálvez, que no discrepa de otras medidas anunciadas, y que consiste en aplicar de inmediato 50 mil millones de pesos para paliar los efectos de Otis, crear seguros de desempleo y empleo temporal en la rama de las construcciones, que la CFE no suspenda el servicio mientras dure la declaratoria emergencia, créditos a la vivienda con prórrogas en los pagos. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas, haciendo deducibles en 100% los pagos sobre sueldos y salarios, convenios con empresarios para evitar el despido de trabajadores.
Gálvez, quien estuvo acompañada de los coordinadores del PRI, PAN y PRD, Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro, está en la disposición de que el Frente Amplio por México sume en estas horas de tanto apremio, dejando disputas y poniendo el foco en lo que es mejor para los guerrerenses.
En las crisis se requiere de altura de miras y es cuando se puede medir el tamaño de los políticos. Guerrero no se reconstruirá desatando campañas contra los críticos y mucho menos con disparates, como los que tratan de colocar al Poder Judicial en una suerte de chantaje moral imposible de resolver.
LAS VÍSPERAS DEL 24
En la Ciudad de México, el Frente Amplio ya está haciendo los últimos ajustes sobre el método que se utilizará para designar a quien lo abandere para la jefatura de Gobierno. Por ahora están apuntados Santiago Taboada, Margarita Zavala, Luis Espinosa Cházaro, Lía Limón, Kenia López, Adrián Rubalcava, Víctor Hugo Lobo, Sandra Cuevas, Cynthia López Castro, Mariana Moguel y Nora Arias. En el caso de Limón, hay que tener en cuenta que en el Congreso de la Ciudad de México le negaron la licencia que pidió para ausentarse de la Alcaldía Álvaro Obregón.
El listado, por necesidad y realismo, se irá depurando, pero la clave es que se establezcan dos criterios: competitividad y unidad. En las dirigencias del PAN, PRI y PRD hay confianza de que las posibilidades de triunfo amilanen quejas y discordias.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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