Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Tras casi 3 años desaparecida, Margarita es velada: denuncian fallas forenses
Después de casi tres años de su desaparición, el cuerpo de Margarita Cuevas Suárez fue finalmente entregado y velado por su familia el 8 de mayo de 2025 en Xochimilco. Aunque fue localizada 13 días después de su denuncia, su cuerpo permaneció sin identificar en la morgue del Incifo en la CDMX por omisiones forenses. Fue hasta diciembre de 2024 que un colectivo de búsqueda logró notificar a la familia, no así las autoridades. Al momento de la entrega, la familia denunció que faltaban una extremidad y dientes, violando su derecho a una muerte digna.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.- Margarita Cuevas Suárez volvió a casa dos años, once meses y cuatro días después de su desaparición. No llegó con vida, ni siquiera de inmediato: su cuerpo permaneció abandonado en un cuarto frío del SEMEFO de Morelos durante más de 850 días, sin ser identificado.
Fue hasta diciembre de 2024 cuando su familia fue notificada. Este 8 de mayo de 2025, finalmente, fue velada en su hogar.
La joven de 29 años fue vista por última vez el 4 de junio de 2022, en la colonia Ampliación Tepepan, alcaldía Xochimilco. El último registro de su celular se ubicó en la pista de remo y canotaje de Cuemanco. La denuncia por desaparición fue presentada casi de inmediato.
Aun así, el cuerpo fue localizado en Temixco, Morelos —a más de 90 kilómetros de distancia— 13 días después, el 17 de junio. Nadie avisó a su familia. Nadie la identificó. Nadie cotejó su caso.
CUERPOS QUE SE PIERDEN ENTRE LOS ARCHIVOS
Lo que siguió fue una cadena de omisiones institucionales. El cuerpo de Margarita fue ingresado a una morgue, donde debió ser sometido a procesos de identificación forense, cotejo de ADN y rastreo de denuncias activas de desaparición. Nada de eso ocurrió.
“No entendemos cómo, teniendo las características físicas, tatuajes y una ficha de desaparición vigente, nunca la vincularon”, expresó su hermana Beatriz Cuevas en entrevista. Fue un colectivo de familias buscadoras, y no la autoridad, quien les notificó que durante una revisión en el Incifo, reconocieron prendas y un tatuaje distintivo. La familia acudió el 6 de diciembre de 2024, y confirmó que se trataba de Margarita.
Para entonces, la búsqueda ya había cobrado otra víctima: su madre, María Guadalupe Suárez Vázquez, quien lideró más de diez jornadas de búsqueda en campo, murió horas después de recibir la confirmación oficial. “Desarrolló cáncer durante el proceso. Solicitamos atención médica a la Comisión de Atención a Víctimas, pero nos dijeron que no era derivado de la desaparición de su hija”, narraron sus familiares.
A la tragedia se sumó otra agresión institucional: cuando el cuerpo fue finalmente liberado, ya por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México, faltaban una extremidad y piezas dentales, que sí habían sido documentadas durante el peritaje inicial.
El colectivo Una Luz en el Camino, que acompaña a la familia, denunció que las autoridades pretendían entregar un cuerpo incompleto, violando no solo la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, sino los derechos humanos más elementales.
De acuerdo con organizaciones sociales, casos como el de Margarita Cuevas Suárez no son aislados. Cada vez es más frecuente que cuerpos sin identificar permanezcan años en resguardo, sin protocolos de búsqueda efectiva, mientras las fiscalías clasifican los homicidios bajo la etiqueta genérica de “otros delitos contra la vida”.
Esta clasificación, explican activistas, permite reducir artificialmente las cifras oficiales de feminicidios y homicidios dolosos. “Ocultan la violencia, distorsionan las estadísticas y perpetúan la impunidad”, denunció el colectivo.
En este caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició una nueva investigación, ahora bajo el protocolo de feminicidio. Sin embargo, las familias aseguran que el daño ya está hecho: la búsqueda falló, la atención institucional también, y Margarita pasó más tiempo en el anonimato que bajo resguardo amoroso de los suyos.
LA EXIGENCIA SIGUE: JUSTICIA, VERDAD Y NO REPETICIÓN
Mientras Margarita es velada por su familia y amistades en la colonia Ampliación Tepepan, sus seres queridos preparan su traslado al panteón. Es un adiós tardío, interrumpido por casi tres años de espera, negligencia y duelo prolongado.
“No descansaremos hasta que el cuerpo sea entregado completo, se repare el daño y se castigue a quienes permitieron esta revictimización”, afirman.
Margarita vuelve a casa, sí. Pero no completa. No con justicia. No con paz.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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