Tras 10 días sin rastro de la periodista Roxana Guzmán, la FGR atrae el caso ante la ineficacia en Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la FEADLE, tomó el control de la investigación por el secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, fundadora de Pulso Informativo del Sur, raptada el pasado 2 de junio de 2026 por un comando armado en Nanchital, Veracruz. La atracción federal ocurre tras diez días de nulos resultados de la fiscalía local y en medio de un duro revés judicial, luego de que un juez ordenara la liberación de tres de los seis sospechosos detenidos debido a la falta de pruebas del gobierno estatal. Mientras las fuerzas federales mantienen la búsqueda, la organización Artículo 19 denunció la opacidad de las autoridades hacia la familia y condenó las versiones mediáticas que buscan revictimizar a la comunicadora

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EMEEQUIS.– En un movimiento que evidencia la gravedad de la violencia contra la prensa en una de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo en México, la Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado el control absoluto de las investigaciones sobre la privación ilegal de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, fundadora del medio Pulso Informativo del Sur, quien fue secuestrada por un comando armado el pasado 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital.

Este 12 de junio, la Fiscal General del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, confirmó en conferencia de prensa que la carpeta de investigación fue formalmente transferida a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en la Ciudad de México. 

La notificación de atracción federal fue recibida por las autoridades veracruzanas el pasado 10 de junio, luego de diez días de nulos resultados en la localización con vida de la comunicadora. Aunque la fiscal estatal matizó señalando que la entrega de los expedientes no implica que la policía local abandone las indagatorias, el traslado del caso a la federación subraya la desconfianza institucional y el empantanamiento de los esfuerzos locales.

IMPUNIDAD EN VIDEO: UN ATAQUE DIRECTO AL CORAZÓN DEL PERIODISMO REGIONAL

El caso de Roxana Guzmán detonó la indignación nacional tras la filtración de un crudo video de seguridad. Las imágenes muestran el modus operandi de la delincuencia organizada en el sur de Veracruz: un grupo de hombres encapuchados y portando armas largas irrumpió con total impunidad en la vivienda de la periodista, destrozando los cristales de la fachada. 

En un intento desesperado por proteger a su hija, el padre de la comunicadora confrontó al comando; sin embargo, los agresores lo sometieron a golpes y patadas, lo esposaron y lo dejaron malherido en el suelo antes de llevarse a Roxana. El hombre tuvo que ser hospitalizado de urgencia debido a la gravedad de las lesiones.

A pesar de que el Gobierno de Veracruz desplegó desde el primer día un operativo de búsqueda en el que participan la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y la Policía Ministerial adscrita a Coatzacoalcos, el paradero de la comunicadora sigue siendo un misterio

La fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez esquivó dar conclusiones y se limitó a señalar que mantienen “al menos dos líneas de investigación activas”, bajo la advertencia de que deben analizarse con cautela el entorno social y familiar de la víctima para evitar especulaciones.

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OPERATIVOS BAJO LA SOMBRA DE LA ARBITRARIEDAD Y MONTAJES POLICIALES

La conducción del caso por parte de la Fiscalía de Veracruz ha estado plagada de opacidad y señalamientos de violaciones a los derechos humanos. De manera extraoficial, se documentó que la madrugada del 6 de junio, la Policía Ministerial detuvo a seis personas en el fraccionamiento Residencial Sección XI de Nanchital. No obstante, ni la FGE ni la SSP Veracruz se atrevieron a confirmar los arrestos formalmente ante la opinión pública.

La estrategia punitiva del gobierno estatal se desmoronó el 8 de junio en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos. Tras una audiencia de más de seis horas, un juez de control ordenó la inmediata liberación de tres de los seis detenidos, debido a que la fiscalía local fue incapaz de sustentar los cargos de narcomenudeo y ataque a las instituciones públicas, delitos que recurrentemente son utilizados de forma artificial por las autoridades veracruzanas para retener a sospechosos. Familiares de los arrestados denunciaron públicamente que los agentes irrumpieron en los domicilios sin órdenes de aprehensión. Solo un sujeto, identificado como César Alejandro —trabajador de Pemex—, permanece bajo proceso, aunque las autoridades no han podido acreditar de qué forma participó en el secuestro.

ARTÍCULO 19 ENCIENDE LAS ALARMAS: OPACIDAD INSTITUCIONAL Y REVICTIMIZACIÓN

La organización internacional Artículo 19, defensora de la libertad de expresión, emitió un enérgico llamado para exigir que la atracción de la FGR no sirva como un pretexto de burocracia para detener las labores de búsqueda en campo. La ONG manifestó su profunda preocupación por el aislamiento en el que la Fiscalía de Veracruz mantiene a las víctimas indirectas. La madre de Roxana Guzmán denunció públicamente que las autoridades locales han cortado la comunicación con ella, al grado de tener que enterarse de los operativos y de las liberaciones de los sospechosos exclusivamente a través de las redes sociales y la prensa.

Asimismo, la organización condenó la revictimización mediática que ha sufrido la fundadora de Pulso Informativo del Sur. Artículo 19 criticó de forma severa la difusión de narrativas especulativas que pretenden criminalizar a la periodista o vincular su secuestro a actividades ilícitas de terceros, una práctica común que busca desviar la responsabilidad del Estado mexicano en su obligación de garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en las entidades federativas.

PUNTOS CLAVE DE LA NOTA

  • Atracción federal: La FGR, a través de la FEADLE, tomó el control de la investigación por el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, ocurrido el 2 de junio en Nanchital, Veracruz.
  • Violencia explícita: El rapto quedó registrado en video; sujetos armados rompieron los vidrios de su hogar, golpearon y esposaron al padre de la víctima, quien terminó en el hospital.
  • Fallas en la acusación: De seis sospechosos detenidos por la Policía Ministerial, un juez ordenó liberar a tres debido a que la Fiscalía de Veracruz no pudo sostener los cargos de narcomenudeo y ataques a las instituciones.
  • Denuncia de opacidad: La madre de la periodista acusó que las autoridades veracruzanas dejaron de informarle sobre el caso, teniendo que enterarse de los avances por redes sociales.
  • Exigencia internacional: Artículo 19 demandó mantener la búsqueda con vida de la comunicadora y criticó las coberturas de medios que buscan criminalizar o especular sobre la vida de la víctima.

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