Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
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Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
En entrevista con EMEEQUIS, el diputado federal Mario Zamora Gastélum sentenció que la justicia de Estados Unidos está confirmando, mediante procesos de extradición y la intervención de un Gran Jurado, la trama delictiva que permitió el ascenso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021. El legislador priista denunció que el actual clima de violencia en el estado es consecuencia de haber ignorado la intervención del narcotráfico en las urnas —recordando la soledad política que enfrentó al impugnar la elección sin apoyo de abogados locales por miedo a represalias— y exigió a la administración de Claudia Sheinbaum que la FGR aclare el "montaje" en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, advirtiendo que, ante la seriedad de las investigaciones internacionales y el retiro de visas a funcionarios, el gobierno mexicano debe actuar bajo la premisa de "tope donde tope"
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales







