Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Territorio peligroso: 2.5 delitos al día contra migrantes en México
No sólo son las detenciones arbitrarias que originaron la tragedia en Ciudad Juárez. De acuerdo con estadísticas oficiales, de 2016 a 2022 se ha reportado que 5 mil 684 personas en situación migratoria irregular han sido víctimas de algún delito en México. El robo de sus pertenencias lidera las estadísticas.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.–En busca de mejores oportunidades, cerca de 400 mil personas migrantes originarias de Centroamérica llegan a México anualmente. Van en camino por encontrar asilo en Estados Unidos, o residir en nuestro país, lo que les permita trabajar, tener una vivienda y obtener una vida digna que no han conseguido en su lugar de origen.
Venezuela, Honduras, Guatemala y Nicaragua son los países que mayormente han expulsado a sus poblaciones, obligándolas a salir por delincuencia, violencia o falta de oportunidades económicas.
Durante el año pasado, las autoridades migratorias registraron un total de 444 mil 439 personas en situación migratoria irregular alojadas en el país. De estas en su mayoría se trató de poblaciones originarias de América Central; sin embargo también se registró un aumento considerable de venezolanos hasta alcanzar los 97 mil 78 ingresos.
La Secretaría de Gobernación identificó que entre la población centroamericana principalmente son provenientes Honduras con 72 mil 928 personas; seguidos de Guatemala con 69 mil 515 ingresos; y 40 mil 825 de Nicaragua.
En su camino y estancia por México, las poblaciones migrantes también deben enfrentarse a grupos delictivos que se benefician de su situación de vulnerabilidad: agrupaciones dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, e incluso a actos de corrupción de las mismas autoridades mexicanas.
Del año 2016 a 2022 se ha reportado que 5 mil 684 personas en situación migratoria irregular han sido víctimas de algún delito en México, de acuerdo con estadísticas oficiales de la Secretaría de Gobernación.
Se trata de que diariamente se han reportado 2.5 delitos contra poblaciones migrantes. Esto de acuerdo con un análisis realizado por EMEEQUIS a las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria.
Entre los delitos más frecuentes están el robo, delitos relacionados al tráfico ilícito de migrantes, actos de corrupción de funcionarios públicos, como abuso de funciones o soborno, así como trata de personas con múltiples fines.
Entre las 5 mil 684 víctimas registradas en seis años; el 67.3% se trata de hombres (3 mil 826 casos), mientras que el 32.6% de víctimas son mujeres (1,858)
Las cifras más recientes señalan que, durante enero de este año, 8 personas migrantes fueron víctimas de delito en nuestro país; 4 por caso de robo de personas y 4 con razones de trata de personas. De ellos, 6 eran adultos y dos infantes.
Este domingo 26 de marzo un grupo de migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y otros países, sufrieron las consecuencias de un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Después se sabría que estaban encerrados sin justificación y que los funcionarios asignados no hicieron nada por ayudarlos a escapar. Hasta el momento hay 39 víctimas mortales y 27 personas heridas, algunas de gravedad.
Migrantes murieron en Ciudad Juárez por estar encerrados. Foto: Especial.
VULNERABLES AL CRIMEN
La tendencia de delitos contra migrantes llegó a su punto más crítico en 2018, cuando se reportaron 3.8 delitos diarios, con una incidencia total de mil 414 reportes delictivos.
Posteriormente, los delitos registraron un declive en 2019 con 651 reportes, lo cual se identificó de manera más alta durante 2020, al bajar a 177 delitos. La pandemia contuvo de manera temporal las agresiones delictivas en contra de las comunidades migrantes que transitan en nuestro país.
Sin embargo, la tendencia comenzó a aumentar gradualmente. En 2021 se reportaron 841 reportes, mientras que durante el año pasado subieron hasta mil 136.
Las víctimas más frecuentes son personas originarias de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Mientras que las localidades del país que resultan ser más peligrosas para los migrantes son Chiapas (1,724 delitos) , Oaxaca (1,473), Nuevo León (313), Tamaulipas (266) y Coahuila (149).
LOS DELITOS MÁS FRECUENTES
En seis años, la actividad delictiva que más afecta a estas comunidades migrantes es el robo de sus pertenencias con 2 mil 655 reportes.
Otro ilícito de gravedad, que deriva a secuestros o asesinatos es el tráfico ilícito de migrantes. Por este delito existen mil 849 reportes. Por estos hechos se han registrado muertes o abandono de migrantes al interior de transportes de carga.
El caso más reciente se registró el pasado 6 de marzo, cuando se encontró un tráiler abandonado con 343 migrantes, entre ellos 103 menores de edad que viajaban sin compañía, en la carretera Cosamaloapan-La Tinaja en Veracruz.
En el mismo periodo de tiempo, 450 migrantes reportaron ser víctimas de secuestro; 177 por trata de personas y 56 fueron víctimas de violencia sexual en su estanacia por México.
Las autoridades mexicanas también han vulnerado la integridad de los migrantes ya que se tiene registro de 71 eventos relacionados con corrupción; entre los cuales destacan el abuso de funciones y el soborno pasivo; además de que 153 migrantes fueron víctimas de extorsión o chantaje.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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