Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Padres de Ayotzinapa piden procesar a Peña Nieto y exigen información faltante del Ejército
Padres de Ayotzinapa respaldan la versión de Alejandro Encinas y quieren que todos los que participaron en las “juntas de autoridad” de la "verdad histórica" sean procesados penalmente, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto. Exigen información faltante del Ejército, especialmente lo que se refiere al paradero de 17 de los 43 estudiantes, y los reportes del agente militar encubierto.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.– Los padres de Ayotzinapa pidieron que se procese penalmente a todos los que participaron en la “junta de autoridades” donde se fraguó la “verdad histórica”, comenzando por el expresidente Enrique Peña Nieto.
Al contrario de lo que ha manifestado el presidente López Obrador, los padres consideran que el Ejército sigue ocultando información.
Mencionaron el caso del agente encubierto (Julio César López Patolzin), quien también está desaparecido, y pidieron los reportes que pudo haber entregado a sus superiores.
Respaldaron a Alejandro Encinas como interlocutor y también agradecieron los esfuerzos de Omar Gómez Trejo, exfiscal del caso, a quien el presidente López Obrador criticó este jueves en su conferencia, por supuestamente retrasar el proceso contra Jesús Murillo Karam.
El día de ayer, Alejandro Encinas mencionó en su Segundo Informe que hubo una “junta de autoridades” donde se fraguó la verdad histórica, en la que no sólo estuvieron los personajes que siempre se ha mencionado: Jesús Murillo Karam, entonces procurador general (preso), y Tomás Zerón de Lucio, quien era titular de la Agencia de Investigación Criminal (prófugo en Israel), sino también quien era presidente, Enrique Peña Nieto, y Omar García Harfuch, quien ahora busca gobernar la capital del país.
“En virtud de que hubo una junta de autoridades en la cual participó el expresidente Enrique Peña Nieto, y otras autoridades del más alto nivel, estamos pidiendo que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen, ahí incluido, por supuesto, el presidente”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.
“Máxime si hoy en día, a la luz del informe de Alejandro Encinas el día de ayer, ha quedado acreditado que hubo una junta de autoridades en la que se decidió y en la que participó el expresidente, pues entonces, nuestra exigencia es puntual: la investigación penal al expresidente y a todas las autoridades que estuvieron en la Junta de Gobierno”, señaló desde el Campo Militar número 1, de donde levantarán su plantón, en espera de mayores avances, pero si no los hay, podrían regresar.
Sobre la información que a su juicio todavía oculta el Ejército, esto dijo: “La información que está en los archivos militares y que tiene que ver con el paradero de nuestros 43 compañeros. Por esa razón nos manifestamos y se estableció el plantón en este lugar. Ustedes vieron las jornadas de protesta que estuvimos realizando, las contradicciones y la confrontación del gobierno al negar la existencia de información en los archivos militares y la negativa a entregar este informe.
“Sin embargo, como hemos visto en los acontecimientos, el último informe rendido por las autoridades el día de ayer, finalmente aceptan que el Ejército mexicano tiene información en sus archivos, que hay una instrucción presidencial para que esta sea buscada y entregada a las autoridades que están investigando”.
EL AGENTE DESAPARECIDO
Sobre el agente López Patolzin y el paradero de al menos 17 de los estudiantes, Rosales mencionó: “Efectivamente, no sabemos qué contienen esos folios de la información que está en los archivos militares, pero estamos seguros que está relacionada con el paradero, por dos situaciones: una, si había un agente encubierto, que uno de ellos incluso es uno de los 43 desaparecidos, evidentemente hubo reportes que este agente militar, que es hoy día un compañero desaparecido, hizo a superiores, desde que salió, hasta el momento de su desaparición. Esa información está en los archivos militares. Segundo: si el propio Alejandro Encinas ayer dijo ‘yo encontré la foja transcrita, yo la encontré en la Sección Segunda de Inteligencia Militar, el mes de abril, cuando yo revisaba’. Es una transcripción telefónica que habla de que están trasladando a 17 estudiantes de barandillas a Loma de Coyotes, luego entonces, pues ahí tienen la información en los archivos, la información completa.
“Está relacionada directamente con el paradero de por lo menos 17 estudiantes, entreguen esa información, esa comunicación completa, ¿qué militar hizo la intervención telefónica?”.
Los padres también emitieron boletín informativo en el que rechazaron la “narrativa de los hechos” que presentó antier el gobierno federal, porque “criminaliza” a los estudiantes y minimiza el papel del Ejército en la desaparición y posterior encubrimiento.
AMLO EN SU MAÑANERA DA LA RAZÓN A ENCINAS
Sobre las declaraciones de Alejandro Encinas, en el sentido de que Omar García Harfuch participó en las reuniones donde se habría confabulado la “verdad histórica”, AMLO le dio la razón al subsecretario de Gobernación, pero aclaró que el aspirante a dirigir la Ciudad de México “no participó en la desaparición”, cuando eso no fue lo que le preguntaron.
“Pero son reuniones, ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería Alejandro Encinas, que en una de esas reuniones o en las dos, estuvo el exjefe de la policía de la Seguridad Pública, Harfuch.
“Esas reuniones las encabezaba el procurador Murillo Karam. Porque él fue nombrado, estimo que por el presidente Peña, como el responsable de la investigación, y él incluso lo acepta, de que él era el responsable de toda la investigación, él y Tomás Zerón.
“Entonces, cuando le preguntan a Alejandro Encinas, que si estaba en esas reuniones, o había participado Harfuch, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes”.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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