El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, se sintió con claridad en la Ciudad de México la tarde de este viernes 5 de junio, provocando desalojos espontáneos en diversas demarcaciones ante el absoluto silencio de los altavoces del C5. Tras el descontento ciudadano por la falta de activación de la alerta sísmica, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró que el sistema no se detonó debido a que el movimiento ocurrió a más de 300 kilómetros de la capital y no superó el umbral de magnitud 6.0; en tanto, dependencias locales encabezadas por el secretario de seguridad, Pablo Vázquez, y el director del Metro, Adrián Rubalcava, reportaron saldo blanco y la operación normal de la infraestructura tras la ejecución inmediata de los protocolos de revisión
Bajo la persistente lluvia de Coatzacoalcos, la dolorosa realidad de la violencia contra la prensa interrumpió la gira presidencial cuando Rubicelia Hernández, madre de la periodista secuestrada Roxana Berenice Guzmán, logró llegar hasta la ventanilla del vehículo de Claudia Sheinbaum para suplicarle, entre lágrimas, que le devuelva a su hija con vida. En un emotivo instante que congeló el bullicio de los simpatizantes, la mandataria federal sostuvo las manos de la desesperada mujer y le pidió mantener la calma con la promesa de que la directora de Pulso Informativo del Sureste "va a aparecer", mientras a nivel institucional la Fiscalía del Estado, encabezada por Lizbeth Jiménez, enfoca sus esfuerzos tecnológicos en rastrear el vehículo con placas clonadas y analizar la grabación que la propia comunicadora logró activar segundos antes de ser privada de su libertad
A seis meses del descarrilamiento en Oaxaca que dejó 14 muertos y 109 heridos, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión millonaria para modificar el trazo del Tren Interoceánico, enfocada en suavizar las curvas más pronunciadas cercanas a Salina Cruz. Durante su conferencia matutina de este viernes 5 de junio, la mandataria detalló que el servicio de pasajeros continuará suspendido hasta que una certificadora internacional avale las condiciones de seguridad y concluyan las obras en la infraestructura heredada del sexenio anterior, la cual colapsó en diciembre de 2025 debido a un exceso de velocidad que expuso las fallas de diseño y pendientes complejas previamente advertidas por la Auditoría Superior de la Federación.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
Ordena Norma Piña indagar red liderada por Zaldívar para favorecer al Ejecutivo
El exministro y actualmente asesor de Claudia Sheinbaum, junto con 20 personas que actuaron como colaboradores, aparecen en una larga lista de irregularidades, como corrupción, acoso laboral, ajustes a sentencias para favorecer al Ejecutivo mientras Zaldívar asegura que es una venganza y que le extraña que se haga con base a una denuncia anónima
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
EMEEQUIS.- El exministro Arturo Zaldívar y 20 de sus colaboradores están bajo la lupa del Consejo de la Judicatura Federal luego de que, por orden de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, iniciara una investigación por actos de corrupción y por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.
Luego de que la ministra Norma Piña admitiera la recepción de una denuncia anónima en contra del exministro Zaldívar y otros ex colaboradores del Consejo de la Judicatura Federal por hechos cometidos en los años que presidió la Corte (2019 a 2022) los cuales podrían constituir causa de responsabilidad administrativa.
La investigación no se limita a indagar las presiones y abusos de Zaldívar sobre los jueces, sino que sugiere una clara actuación de esta red para favorecer al Poder Ejecutivo, en temas tan graves como el caso de Emilio Lozoya, Rosario Robles, pero también en el del Tren Maya, reformas sobre el sector energético y hasta el tratamiento de la pandemia del Covid.
Ante esto, Zaldívar externó su extrañeza de que Norma Piña admitiera a trámite la queja por violar “toda la normatividad y todos los precedentes” pues en la actual administración de la Suprema Corte las quejas anónimas o que no aportaban pruebas no eran admitidas y se desechaban.
“Incluso hay una jurisprudencia tratándose de los ministros de la Corte de que hay un principio de presunción de inocencia y de buena fe; es decir, que quien denuncia, quien se queja tiene que aportar las pruebas. En este caso, curiosamente se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias públicas, contra personas juzgadoras con el único delito de que sus criterios en algunos casos fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el Gobierno del presidente López Obrador”, dijo el exministro.
Además, Zaldívar señaló que si bien se mantiene con la conciencia tranquila por su trabajo realizado, responderá con la defensa jurídica y política correspondiente, pues se trata de algo inédito y con una gravedad mayor por ser filtrada a los medios.
“La intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial”, dijo Zaldívar en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
La admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito y muy grave. Filtrarla a los medios aún más. La intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial. pic.twitter.com/lQiEZBB5IV
A través de un documento de más de 15 páginas, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició una investigación por atentar contra la independencia judicial, falta de profesionalismo, violencia sexual, cohecho, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y enriquecimiento ilícto, entre otros posibles delitos e irregularidades de carácter administrativo.
En el desglose del documento, las denuncias son las siguientes:
– Arturo Zaldívar como presidente del Consejo de la Judicatura Federal por vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.
– Carlos Antonio Alpízar Salazar , cuando fue Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal por los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción, extorsión, desvío de recursos públicos para beneficio propio, violencia sexual y de género, así como acoso contra jueces y magistrados.
– Édgar Manuel Bonilla del Ángel,en su actuación como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles por delitos de corrupción.
– Netzaí Sandoval Ballesteros, en su actuación como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública por delitos de corrupción, hostigamiento laboral, enriquecimiento ilícito y uso indebido del cargo e instalaciones. Cabe destacar que él es el actual coordinador de ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Otros ex funcionarios mencionados en la denuncia son Celia Maya García, consejera de la Judicatura Federal; el magistrado federal, Jaime Santana Turral y la ex contralora del Poder Judicial y Arely Gómez, quien recientemente fue nombrada como Auditora Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre los casos que son mencionados en la demanda está la intervención en juicios sobre el Tren Maya, la cancelación del Aeropuerto en Texcoco, el caso Wallace, la prohibición del amparo contra la falta de atención médica por Covid, defraudación por parte de altos funcionarios del Infonavit, la resolución conforme a intereses en los casos de Emilio Lozoya y Rosario Robles, el AIFA y la ley de Hidrocarburos y de Industria Eléctrica.
Además, se detalla la construcción de adecuaciones “innecesarias” en las instalaciones de edificios del Poder Judicial, así como el acoso a funcionarias y funcionarias de índole sexual y laboral en caso de que no se acataran las indicaciones.
“En consecuencia, ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del PJF, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados”, detalla el documento firmado de manera electrónica por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.
¿QUÉ PROCEDERÁ?
En el documento emitido y firmado por la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) y su titular, Herbert Torres Coello, del Consejo de la Judicatura Federal se aclara que aunque en la denuncia se señala directamente a Arturo Zaldívar, no se cuentan con las competencias para investigar y sancionarlo directamente, por lo que la investigación tendrá como foco principal a los principales ex colaboradores del exministro en el periodo de 2019-2022, cuando era titular del Poder Judicial.
Una vez que las pruebas se sustenten y se analice todo el expediente podría establecerse si existe una falta administrativa.
AMLO HA ADMITIDO INTERFERENCIA EN LA CORTE
Meses atrás, el propio presidente reconoció que intervino en decisiones del Poder Judicial cuando Zaldívar fue ministro presidente.
“Todavía recuerdo cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Corte, había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo (en referencia a la liberación de Emilio Lozoya) nosotros respetuosamente interveníamos”, dijo en febrero de 2024.
En diversas ocasiones López Obrador criticó la autonomía “excesiva” del Poder Judicial y ha insistido en la urgencia del Plan C, es decir, de aprobar una serie de reformas hacia este poder y en la selección de los ministros.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
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Bajo la persistente lluvia de Coatzacoalcos, la dolorosa realidad de la violencia contra la prensa interrumpió la gira presidencial cuando Rubicelia Hernández, madre de la periodista secuestrada Roxana Berenice Guzmán, logró llegar hasta la ventanilla del vehículo de Claudia Sheinbaum para suplicarle, entre lágrimas, que le devuelva a su hija con vida. En un emotivo instante que congeló el bullicio de los simpatizantes, la mandataria federal sostuvo las manos de la desesperada mujer y le pidió mantener la calma con la promesa de que la directora de Pulso Informativo del Sureste "va a aparecer", mientras a nivel institucional la Fiscalía del Estado, encabezada por Lizbeth Jiménez, enfoca sus esfuerzos tecnológicos en rastrear el vehículo con placas clonadas y analizar la grabación que la propia comunicadora logró activar segundos antes de ser privada de su libertad
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