El jefe del Ejecutivo estatal, en Altar, colocó la primera piedra de la Universidad Tecnológica de Hermosillo Extensión Río Altar e inició obras deportivas para impulsar educación, bienestar y desarrollo comunitario. En su gira por el noroeste, también hizo entrega de 600 escrituras y fortaleció el patrimonio de familias de Caborca, además de supervisar la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos con inversión de 180 millones de pesos.
La filtración en redes sociales de un documento oficial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó la apertura del expediente 48518/2026 contra Jenaro Villamil, titular del SPR, y Miguel Ángel Elorza, por presuntas faltas administrativas y el posible uso indebido de recursos públicos a través de la plataforma Infodemia. La investigación, que también alcanza instancias penales ante la FGR por presunto peculado, busca determinar si los funcionarios desviaron fondos estatales para proteger sistemáticamente la imagen de Morena y sus aliados, así como para estigmatizar a periodistas críticos. El caso tomó relevancia tras el escándalo de Palacio Nacional, donde la plataforma estatal intentó engañar a la audiencia calificando fotos reales como inteligencia artificial, evidenciando una gestión que prioriza el control de la narrativa oficial sobre la veracidad informativa y el manejo transparente de los 401.2 millones de pesos asignados al organismo
"La única razón por la que dejaría está responsabilidad como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta", dice la dirigente de Morena.
El actor de “La Oficina”, quien mandó a volar a Movimiento Ciudadano por usar su imagen sin autorización, se declara izquierdista sin partido. “Voté por Claudia, pero no soy incondicional de nadie, nomás de mis principios”.
El jefe del Ejecutivo estatal, en Altar, colocó la primera piedra de la Universidad Tecnológica de Hermosillo Extensión Río Altar e inició obras deportivas para impulsar educación, bienestar y desarrollo comunitario. En su gira por el noroeste, también hizo entrega de 600 escrituras y fortaleció el patrimonio de familias de Caborca, además de supervisar la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos con inversión de 180 millones de pesos.
ONU activa alerta por desapariciones en México; el Gobierno rechaza el informe
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha escalado la crisis de derechos humanos en México al nivel de la Asamblea General, tras determinar que existen indicios fundados de crímenes de lesa humanidad y un patrón sistemático de colusión entre agentes del Estado y el crimen organizado. A través de la activación del Artículo 34, el organismo internacional denunció una "impunidad absoluta" y el uso de recursos públicos para cometer desapariciones, señalamientos que el Gobierno de México rechazó tajantemente al calificar el informe de "parcial y sesgado"
El jefe del Ejecutivo estatal, en Altar, colocó la primera piedra de la Universidad Tecnológica de Hermosillo Extensión Río Altar e inició obras deportivas para impulsar educación, bienestar y desarrollo comunitario. En su gira por el noroeste, también hizo entrega de 600 escrituras y fortaleció el patrimonio de familias de Caborca, además de supervisar la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos con inversión de 180 millones de pesos.
EMEEQUIS.- En un movimiento diplomático sin precedentes, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha solicitado formalmente al Secretario General, António Guterres, que remita la situación de México a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al activar el Artículo 34 de la Convención Internacional, el organismo internacional advierte que la crisis en el país presenta “indicios bien fundados” de crímenes de lesa humanidad, debido a la sistematicidad y magnitud de los ataques contra la población civil que persisten en diversas regiones del territorio mexicano.
DESMENUZANDO EL INFORME: COLUSIÓN E IMPUNIDAD ABSOLUTA
El análisis del CED arroja conclusiones devastadoras sobre la estructura del delito en México. Según el organismo, las desapariciones se ejecutan bajo un patrón donde actores estatales prestan apoyo directo, indirecto o muestran “aquiescencia” ante grupos criminales. El informe detalla una modalidad recurrente: la detención ilegal de personas por parte de autoridades para ser entregadas a carteles o para ser desaparecidas tras su liberación. Además, la ONU denuncia el uso de recursos públicos —incluyendo vehículos e instalaciones oficiales— en la comisión de estos crímenes, citando casos recientes de campos de adiestramiento forzado donde las investigaciones de las fiscalías locales han estado plagadas de negligencias forenses y ocultamiento de información.
EL RECHAZO DEL GOBIERNO: “INFORME PARCIAL Y SESGADO”
Ante la contundencia del señalamiento internacional, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitió un rechazo tajante, calificando la resolución de “parcial y sesgada”. La administración de Claudia Sheinbaum sostiene que el Estado no ordena ni tolera la desaparición forzada y atribuye la crisis exclusivamente a las estructuras del narcotráfico. La Cancillería criticó que la ONU omitiera los esfuerzos institucionales presentados recientemente y que el informe se base en datos de administraciones pasadas (2007-2019). Según el Ejecutivo, solo un tercio del registro total de casi 133,000 casos corresponde a desapariciones estrictas.
Este enfrentamiento marca el segundo gran choque entre la administración actual y las Naciones Unidas en menos de un año. Mientras la Presidenta asegura que “en México no hay desaparición forzada desde el Estado”, el Comité CED subraya que el derecho internacional no exige que el crimen sea orquestado desde las más altas esferas para ser considerado de lesa humanidad; basta con el patrón de ataque a civiles. Como recordatorio de la porosidad entre las instituciones y el crimen, el organismo evocó el caso Ayotzinapa, donde la participación de policías y militares evidenció una estructura de colusión que aún no ha sido desmantelada por completo.
Organizaciones civiles como el Centro Prodh han calificado la decisión de la ONU como “histórica” y una evaluación reprobatoria contundente tras cuatro sexenios de fracasos. A pesar de las reformas legislativas presumidas por el Gobierno, la ONU determina que los esfuerzos han sido “insuficientes e ineficaces”. La realidad en las calles, donde imágenes de desaparecidos conviven con eventos internacionales, refuerza la denuncia de una crisis forense y una impunidad absoluta que alcanza a la inmensa mayoría de los expedientes, dejando a las familias buscadoras en una situación de vulnerabilidad extrema.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
Activación del Artículo 34: La ONU pide la intervención de la Asamblea General ante la gravedad de la situación en México.
Lesa Humanidad: El Comité CED identifica patrones sistemáticos y participación de agentes estatales en las desapariciones.
Cifra en disputa: México se acerca a los 133,000 desaparecidos, aunque el Gobierno defiende que solo 43,128 son casos confirmados.
Postura oficial: La SRE rechaza el informe por considerarlo “tendencioso” y basado en hechos de gobiernos anteriores.
Evidencia de colusión: Se denuncia el uso de patrullas y cuarteles para entregar víctimas al crimen organizado.
Fallo institucional: La ONU señala que en México reina una “impunidad absoluta” y que los avances en investigación son nulos.
El jefe del Ejecutivo estatal, en Altar, colocó la primera piedra de la Universidad Tecnológica de Hermosillo Extensión Río Altar e inició obras deportivas para impulsar educación, bienestar y desarrollo comunitario. En su gira por el noroeste, también hizo entrega de 600 escrituras y fortaleció el patrimonio de familias de Caborca, además de supervisar la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos con inversión de 180 millones de pesos.
La filtración en redes sociales de un documento oficial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó la apertura del expediente 48518/2026 contra Jenaro Villamil, titular del SPR, y Miguel Ángel Elorza, por presuntas faltas administrativas y el posible uso indebido de recursos públicos a través de la plataforma Infodemia. La investigación, que también alcanza instancias penales ante la FGR por presunto peculado, busca determinar si los funcionarios desviaron fondos estatales para proteger sistemáticamente la imagen de Morena y sus aliados, así como para estigmatizar a periodistas críticos. El caso tomó relevancia tras el escándalo de Palacio Nacional, donde la plataforma estatal intentó engañar a la audiencia calificando fotos reales como inteligencia artificial, evidenciando una gestión que prioriza el control de la narrativa oficial sobre la veracidad informativa y el manejo transparente de los 401.2 millones de pesos asignados al organismo
"La única razón por la que dejaría está responsabilidad como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta", dice la dirigente de Morena.
El actor de “La Oficina”, quien mandó a volar a Movimiento Ciudadano por usar su imagen sin autorización, se declara izquierdista sin partido. “Voté por Claudia, pero no soy incondicional de nadie, nomás de mis principios”.
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