La depuración del registro de desaparecidos enfrenta al gobierno de Claudia Sheinbaum con colectivos de búsqueda, quienes acusan una “rasura” estadística para minimizar la crisis. Mientras la autoridad defiende el cruce de datos y la localización de miles de personas como un avance técnico, las familias denuncian una maniobra política que invisibiliza a las víctimas y exigen búsquedas reales en campo frente a una impunidad estructural