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La jueza Janett Montiel, decisiones polémicas y falta de sanciones

Janet Montiel Mendoza, jueza de control en Hidalgo, enfrenta cuestionamientos por su historial de siete denuncias y decisiones judiciales polémicas, como la no vinculación a proceso de presuntos agresores sexuales de menores y la liberación de un policía acusado de feminicidio. Aunque solo ha recibido dos amonestaciones privadas por faltas “no graves”, víctimas y colectivos señalan que sus resoluciones han favorecido a presuntos agresores

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EMEEQUIS.-Janett Montiel Mendoza, jueza de control adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca, acumula siete denuncias desde su incursión al Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH), aunque sólo en dos –de 2016– recibió sanciones menores, porque la instancia encargada de evaluar las acusaciones en contra y el actuar de la juzgadora consideró que no incurrió en conductas graves.

Se trata de la jueza que determinó no vincular a proceso a Arturo Williams Trejo Leal y su esposa Bertha Eva Medina Hernández, acusados de presunto abuso sexual infantil contra sus sobrinas, entonces de cuatro y ocho años; que otorgó la suspensión condicional de un proceso por violencia familiar y privación ilegal de la libertad al policía Marco Antonio M.G. –quien terminó por matar a su víctima–, y que retiró el brazalete electrónico a un joven acusado de violencia familiar, pero cuya expareja acusa que lo que en realidad vivió fue un intento de feminicidio.

En todos estos casos, las víctimas que se vieron afectadas acusaron a Montiel Mendoza de tomar decisiones equivocadas. Éstas, afirman, han favorecido a presuntos agresores

LAS “SANCIONES”

“La jueza Janett Montiel Mendoza ha sido acreedora de dos amonestaciones privadas, ya que existe el registro de dos procedimientos administrativos sancionadores instaurados en su contra, desde su incursión en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en específico de procedimientos sancionadores del 2016, sanciones impuestas en diciembre del año 2017 por conductas no graves”, reveló la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura, tras la solicitud de información 130218400003525 dirigida por EMEEQUIS.

En ningún caso, el Poder Judicial revela cuáles fueron las “conductas no graves” en las que incurrió Montiel Mendoza, que, precisa, también recibió tres quejas en contra entre 2015 y 2024 en las que no tuvo sanción; asimismo, se iniciaron dos procedimientos después del reclamo social por la liberación del presunto feminicida de Rosaura, Marco Antonio M.G., debido a que la jueza suspendió condicionalmente un proceso por violencia familiar y privación ilegal de la libertad el 15 de noviembre de 2024 en el que el acusado era el policía que terminó por asesinar a la joven de 26 años el 5 de febrero de 2025.

De acuerdo con la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura, hasta la fecha de respuesta de la solicitud, los dos expedientes de 2025 se encuentran en etapa de investigación, por lo que, al no causar estado, los datos contenidos en estos dos expedientes son “de carácter confidencial”.

Como un “daño específico” si da a conocer esta información, el Poder Judicial asegura que vulneraría el derecho a la protección del debido proceso para Montiel Mendoza, “y su divulgación tendría como efecto consecuencias desfavorables y directas en la conducción de estos dentro de los expedientes de denuncia instaurados en la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo”.

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Respecto a las demás quejas registradas que no causaron sanción, especifica que una la recibió en 2015, pero “resultó improcedente”, sin dar a conocer la posible irregularidad denunciada y los motivos por los que resolvió que no era procedente. 

Una más, de 2021, “fue desechada por falta de elementos”, y otra de 2024 “desechada por falta de elementos”; en ambos casos, también sin pormenorizar.
En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) hay dos expedientes en los que se denuncia el actuar de la jueza Janett Montiel Mendoza por posibles violaciones a las garantías de personas afectadas por decisiones.

FALLAS Y FALLOS

Frida fue agredida el 29 de agosto de 2023. Recuerda que Diego, el papá de su hijo, empezó a asfixiarla después de que la aventó al sillón; al lado, había una botella de cristal que reventó cuando cayó su cuerpo. Con los vidrios, él intentó rasgarle el cuello.

La carpeta se inició como violencia familiar, no como intento de feminicidio, como buscaba Frida, que es abogada. A Diego, la jueza Janett Montiel le retiró el brazalete que portaba como medida cautelar. Frida denuncia que ha violado la restricción que le impusieron para no estar cerca de ella. Después de lo que vivió, lo que teme es que se cumpla alguna de las amenazas que le han hecho desde números desconocidos. Diego, denunció, le dijo expresamente que la iba a matar a ella y su hijo.

Cuando le anunciaron la decisión, Frida menciona que se alteró en la audiencia, activó el micrófono y le gritó a la jueza que si algo le pasaba a ella o a su hijo, Montiel iba a ser la responsable. Le recordó también que aceptó la reparación de daños por las presiones que había recibido, y porque la propia jueza le aseguró que durante dos años Diego iba a portar el brazalete.

Pues eso lo tienes que ver tú con tus abogados”, recuerda que le respondió; después se paró y terminó la audiencia, sin permitirle a Frida decir nada más.
Janet Montiel igualmente fue la jueza que determinó no vincular a proceso en el caso Trejo Leal, por el que un juez federal recientemente emitió órdenes de aprehensión por posibles delitos sexuales.

VINCULACIÓN REVERTIDA

Janett Montiel igualmente fue la jueza que determinó no vincular a proceso en el caso Trejo Leal, por el que un juez federal recientemente emitió órdenes de aprehensión por posibles delitos sexuales.

La carpeta de investigación por abuso sexual contra dos sobrinas de Arturo Williams Trejo fue iniciada el 17 de junio de 2022 tras la denuncia de la madre de las niñas, hermana de Willy. Nueve meses después, el matrimonio fue aprehendido en Quintana Roo y trasladado a Hidalgo para la imputación inicial. Willy y su esposa pasaron seis días en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, hasta que fueron liberados la madrugada del 16 de marzo tras la no vinculación.

La jueza partió con que, en el primer testimonio de la mayor, no hay mención “ni a Arturo ni a Williams ni a Bertha ni a Eva, habla de otros nombres, habla de otras personas…”. En ese momento, el ministerio público interrumpió: “su señoría, hay una orden de aprehensión respecto de otras personas por conductas diversas”, pero la jueza siguió sobre lo relatado por la menor: si decía “1, 2, 3, 4 personas o más, por qué no decirle fue tal y fue tal, si vive con ellos, convive con ellos, la regañan y aparentemente la abusaron, por qué no decirle en ese momento a la madre el nombre de esas personas”.

También planteó contradicciones en pruebas del MP: las que parecían negar las agresiones y las que ratificaban.

Las niñas presentan una afectación y posiblemente sea de carácter sexual y hasta el día de hoy no está claro el evento (…) la preocupación que da el ministerio público evidentemente conlleva a seguir una línea de investigación, pero me ha generado inquietud realmente es la línea que va a sostener la acusación a juicio”, dijo Montiel. Tras ello, consideró que, “para no generar impunidad” a las niñas, porque no tenía certeza de las personas que les generaron daño fueran los imputados y no otras libres, decidía dictar la “no vinculación a proceso”; “preferible, en virtud de todos estos sesgos que existen en la investigación”.

El 13 de diciembre de 2024 la jueza del Segundo Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, dejó insubsistente el acto de no vinculación a proceso tanto para Arturo William Trejo como para su esposa, y en su lugar pidió que se emita otra resolución que considere las pruebas y dictámenes médicos y de integridad física, así como en materia de psicología que existen en la carpeta. Advierte que están fundados los conceptos de violación, por lo que la agresión sí existió, y pide que se investigue quién o quiénes atacaron a las niñas.

Recientemente, un juez federal libró órdenes de aprehensión contra Arturo Williams Trejo Leal; su esposa, Eva Medina Trejo; su hermana Ixtshelle Trejo Leal; su cuñado, Eduardo Bibiano Badillo Mejía, y la diputada local morenista Alhely Medina –hermana de Eva– por el caso de abuso sexual infantil denunciado en 2022 en el municipio de Zimapán.

Willy Trejo, empresario y político, miembro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha acusado un móvil económico en el caso: la herencia de su padre, de la que él es albacea y su hermana Ixtshelle heredera universal. Señala a la exdiputada por el Partido Verde Carmen Lozano y a Aylén Trejo Leal –su hermana y quien tiene la representación de las niñas por un poder notarial– de falsificar pruebas y sesgar el caso, en el que está acreditado un abuso sexual.

EL CASO ROSAURA

En el caso de Rosaura, la jueza Janett Montiel determinó la suspensión del primer proceso, que había derivado en causa penal 1508/2024. Entre las medidas cautelares que se dictaron estuvo la condición de que se girara un oficio al municipio de Mineral de la Reforma en el que Marco Antonio M.G. trabajaba, para que no prestara sus servicios como policía cerca del domicilio de la víctima; también, se acordó una reparación de daños.

Rosaura presentó una segunda denuncia que se clasificó como violencia familiar equiparada. Ésta derivó en la causa penal 1689/2024, por la que desde el 14 de noviembre de 2024 se solicitó al Poder Judicial fecha y hora para la audiencia inicial. Fue programada hasta el pasado 27 de enero; sin embargo, a petición de la defensa del expolicía se aplazó para el 10 de marzo de 2025, fecha a la que Rosaura no llegó, al ser asesinada junto con su mamá y un hermano el 5 de febrero en la localidad de Azoyatla, cercana a la ciudad de Pachuca.

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