Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Concentración de poder y riesgos de seguridad: la ley que rechaza el sector telecom
La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue cuestionada por especialistas, activistas y ONG por concentrar el poder regulatorio en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones —bajo la batuta de José Merino— en detrimento de la autonomía del IFT; abrir la puerta a la censura previa y la revocación discrecional de concesiones, y vulnerar la privacidad de los usuarios mediante geolocalización, padrón y datos biométricos sin control judicial
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.— La nueva ley en materia de telecomunicación preocupa a todo el mundo, se presenta como un retroceso, un riesgo para la libertad de expresión y una oportunidad para el crimen organizado.
disidentes a la reforma señalan que el crimen organizado podría obtener información sensible sobre los usuarios.
La propuesta de una nueva ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha desatado una fuerte ola de críticas entre especialistas, activistas y organizaciones civiles, quienes advierten que la iniciativa representa un grave retroceso en derechos fundamentales, abre la puerta a la censura y, lo más alarmante, podría facilitar el acceso del crimen organizado al sector de las telecomunicaciones.
Durante el primero de cinco conversatorios organizados bajo el título “Análisis de las Políticas de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, ocurrido este 08 de mayo, expertos coincidieron en que la reforma vulnera pilares constitucionales como la independencia de los órganos reguladores, la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios.
En la sesión, que se extendió por más de seis horas y reunió a 25 especialistas, se abordaron especialmente los riesgos de seguridad pública que implica dejar vacíos legales en el control del espectro radioeléctrico.
LA INICIATIVA DE REFORMA, REPROBADA: DENISE DRESSER
Para la especialista Denise Dresser la reforma estuvo prácticamente reprobada en la sesión del Senado “los comentarios fueron casi unánimemente críticos por parte de múltiples actores”. Explicó que se criticaron aspectos desde lo técnico hasta lo político pero que sin duda lo que más ha llamado la atención es la concentración de poder que se le ha dado a José Merino, quien estaría al frente de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT),
🗣️ "La ley Sheinbaum o Merino, quedó reprobada en el Senado, los comentarios fueron casi unánime críticos", me dijo Denise Dresser (@DeniseDresserG), politóloga, sobre los conversatorios acerca de la nueva ley de telecomunicaciones.
La académica también mencionó que el problema es que el estado se convierte en un competidor desleal, se rompen acuerdos del T-MEC, acabando con la competencia de pequeñas y medianas empresas. Además de que el artículo 109, que buscaba bajar o eliminar contenido de medios en caso de ser investigados de manera inmediata, sería eliminado, sin embargo, Dresser afirma que no es suficiente con eliminar dicho artículo, explicó en entrevista con Azucena Uresti.
POLÉMICA POR GEOLOCALIZACIÓN Y DATOS PERSONALES
Temas como geolocalización, padrón de usuarios móviles e intervención de comunicación por temas de “seguridad gubernamental”, también se presentan como un problema, por lo que la ley debería plantearse desde cero otra vez.
Óscar Mondragón del Colectivo Libre Internet para Todos, mencionó que el hecBo de que el estado guarde información sobre geolocalización es una medida que, en contextos de corrupción e impunidad, podría ser utilizada por secuestradores o grupos criminales para rastrear y violentar a ciudadanos. Esta preocupación se agudiza ante la posibilidad de que el Ministerio Público solicite la localización en tiempo real de dispositivos sin una orden judicial previa.
VEN POSIBLE PERSECUCIÓN POLÍTICA
Mientras que activistas como Jesús Robles Maloof han advertido que esta facultad podría convertirse en una herramienta de persecución política, sobre todo en regiones con altos índices de violencia, donde periodistas y defensores de derechos humanos ya operan en condiciones de alto riesgo.
La concentración del poder regulatorio en el Ejecutivo federal es otro punto de fuerte controversia. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones asumiría funciones sin mecanismos claros de control independiente, eliminando la deliberación colegiada que caracterizaba al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
LA MANO DEL CRIMEN AMENAZA
Adriana Lombardi Inzunza, excomisionada presidenta del IFT, señaló que actualmente no existen herramientas legales suficientes para impedir que solicitantes de concesiones vinculados al crimen organizado accedan a autorizaciones.
Adriana Labardini, excomisionada del IFT, propone método para dictaminar iniciativa Telecom. Pregunta si el dictamen tiene aspectos constitucionales. Sugiere órgano desconcentrado y previene de que no se otorguen concesiones al narco. pic.twitter.com/FDZSnV4r9x
La situación no es hipotética. En Michoacán, el grupo criminal “Los Viagras” operaba una red de internet ilegal, cobrando cuotas a los habitantes y amenazando a quienes se negaban a contratar su servicio. Empresas como Megacable han denunciado extorsiones sistemáticas, sabotajes y cortes eléctricos orquestados por delincuentes en contubernio con autoridades locales.
Además, la ley incluye disposiciones que permiten el bloqueo de plataformas digitales, la censura previa de contenidos patrocinados por gobiernos extranjeros y el registro de datos biométricos de los usuarios sin el debido resguardo judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado inconstitucionales iniciativas similares por atentar contra los derechos fundamentales de privacidad, acceso a la información y libre expresión. Sin embargo, la nueva propuesta reincide en estas prácticas al incluir facultades discrecionales para la revocación de concesiones y la vigilancia masiva de los ciudadanos.
Organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) han llamado a replantear la reforma desde un enfoque plural, democrático y con respeto a los derechos de las audiencias. Para ellos, el objetivo debe ser restaurar los equilibrios regulatorios y garantizar que la política pública digital sirva a la ciudadanía, no al poder político ni a intereses oscuros.
Mientras que Artículo 19 menciona que la iniciativa de ley viola estándares internacionales de derechos humanos y pueden ser utilizados para silenciar voces críticas, especialmente en entornos digitales donde la libertad de expresión es vital.
Pese a que la presidenta Sheinbaum mencionó que se revisaría la ley pero que su esencia se mantendría, e incluso aceptó eliminar el articulo 109 el debate sobre esta ley y sus implicaciones, ya esta sobre la mesa.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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