La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno Federal proporciona protección activa mediante escoltas de la Guardia Nacional a Rubén Rocha Moya tras realizar un análisis de riesgo por su condición de gobernador con licencia. Al mismo tiempo, Sheinbaum rechazó la solicitud de detención provisional emitida por una "oficina" del Departamento de Justicia de EE. UU. contra Rocha y otros nueve ciudadanos, calificándola como un acto de injerencia que violó la confidencialidad para alimentar campañas mediáticas de la "derecha internacional". En el ámbito técnico, la consejera jurídica Luisa Alcalde precisó que la solicitud carece de pruebas que acrediten la urgencia procesal bajo el Tratado de Extradición, por lo que el Estado mexicano no procederá ante un juez hasta que Washington aporte los elementos necesarios que sustenten legalmente la petición
